Tipo de artículo: investigación
DOI: https://doi.org/10.56124/tj.v8i20.016
ESTADO DEL ARTE SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS POR EL CRIMEN ORGANIZADO: MIRADAS DESDE AMÉRICA LATINA
STATE OF THE ART ON THE FORCED DISAPPEARANCE OF PEOPLE BY ORGANIZED CRIME: VIEWS FROM LATIN AMERICA
José Alberto Posadas Juárez
https://orcid.org/0000-0002-1345-2597
Universidad Autónoma de Querétaro México
jose.alberto.posadas@uaq.mx
Dominique Emilia López Santiago
https://orcid.org/0009-0004-1439-5733
Universidad Autónoma de Querétaro México
dlopez109@alumnos.uaq.mx
Itzel Trujillo García
https://orcid.org/0009-0001-6625-4789
Universidad Autónoma de Querétaro México
itrujillo22@alumnos.uaq.mx
Resumen
La desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad se remonta a los regímenes dictatoriales de mediados del siglo XX. Se ha complejizado con el crimen organizado y en ocasiones en complicidad con actores estatales. Este estudio se realizó mediante una investigación documental en repositorios de trabajos de rigor científico, principalmente. El objetivo es: determinar cuáles son sus discusiones académicas vigentes, identificando así cuatro grandes vertientes: 1) víctimas primarias y secundarias, 2) relación sistemas políticos - crimen organizado, 3) aspectos jurídicos y de justicia, y 4) organismos internacionales. En el ámbito de las víctimas, se subraya, el impacto psicosocial sobre las familias y la acción del movimiento de mujeres —madres, hermanas e hijas— en México y otros países. En los sistemas políticos, la corrupción y la impunidad constituyen factores estructurales que perpetúan el delito. En el plano jurídico, persisten rezagos en la investigación forense y en el acceso a la justicia, aunque se reconocen esfuerzos innovadores. Finalmente, los organismos internacionales como la ONU y la OEA han promovido avances normativos significativos, persistiendo aún desafíos en la garantía de derechos para las víctimas y sus familias. En conclusión, la desaparición forzada exige respuestas integrales que articulen justicia, memoria y verdad.
Palabras clave: América Latina; crimen organizado; derechos humanos; desapariciones forzadas; justicia
Abstract
The forced disappearance of persons as crime against humanity has its origins in the dictatorships in half of 20th century. Nowadays it has become more complex due to the irruption of organized crime as a main perpetrator and in some cases with complicity with some state agents. The objective of this research was to determine which are the current academic discussions about this struggle, thus identifying four main slopes: 1) primary and secondary victims, 2) political regimes – organized crime relationships, 3) juridical and justice issues, and 4) international organizations. In the victim’s scope, it is underlined the psychosocial impact about families and the women’s movement action -mothers, sisters and daughters- in Mexico and other countries. In political regimes, corruption and impunity constitute structural factors that perpetuate this crime. In the juridical context, the lag in forensic research and justice access persists, although innovative efforts are considered. Finally, international organizations like the UN and OAS have promoted significant legal advances, remaining challenges in the effective implementation of guarantees of the rights of victims and their families. In conclusion, forced disappearance demands answers that articulate justice, memory and truth.
Keywords: forced disappearance; human rights; justice; Latin America; organized crime.
Introducción
La desaparición forzada de personas en América Latina es uno de los problemas que más daño ha causado a las personas y la sociedad en general, principalmente en sus contextos de gobiernos dictatoriales y el de la violencia por el crimen organizado durante la mitad y la segunda mitad del siglo XX, respectivamente. Dichos fenómenos, aunque presentan una cantidad importante en su estudio y publicaciones, requiere de mayores discusiones debido a los constantes cambios en sus contextos, entre otros factores.
El objetivo de este estudio es: determinar, mediante revisiones de literatura de rigor científico social, cuáles son los debates recientes que abordan el problema de las desapariciones forzadas, por parte de miembros del crimen organizado, y analizar sus propuestas en el ámbito latinoamericano. De esta manera se contextualiza la problemática a nivel regional y puede dar cuenta de los paralelismos compartidos entre países, gobiernos y sociedades, pero también sus particularidades que demandan un estudio y atención más enfocados.
Esta investigación permite concluir que estos debates en el seno académico pueden ser divididos en las siguientes cuatro vertientes: 1) las víctimas, en el orden primario y secundario, de la desaparición forzada de personas, 2) las discusiones en torno a los sistemas políticos, crimen organizado y el problema de las desapariciones forzadas, 3) los aspectos jurídicos y de sistemas de justicia sobre las desapariciones forzadas y, 4) organismos y mecanismos jurídicos internacionales para la afrenta de dicha problemática.
Por lo tanto, las reflexiones que se desarrollarán adelante irán aterrizando en ese orden que pretende poner al día, en términos generales, dichos debates, tanto en sus temáticas como en los/as autores/as.
Metodología
El método empleado en la investigación fue el documental, con un enfoque cualitativo, principalmente. La ruta crítica de esta iniciativa tuvo origen en el mes de octubre del 2024. A partir de llevar a cabo una investigación de campo en el Estado de Guanajuato, México, (uno de los más azotados por la violencia criminal en el país y las desapariciones forzadas) con un colectivo ciudadano de búsqueda de fosas clandestinas y personas desaparecidas por el crimen organizado, en algún momento se planteó, en los diálogos de nuestro cuerpo académico de investigación, la necesidad de dar cuenta sobre los debates en torno a esta problemática y sus distintas categorías, para dimensionar los aspectos que urgen ser atendidos y los avances significativos en la materia.
De esta manera se decidió integrar a un equipo de dos estudiantes de nuestra licenciatura (ya partícipes en distintos proyectos de investigación anteriores) para el apoyo en la investigación documental en repositorios de artículos científicos de rigor y el desarrollo del presente escrito en categoría de coautoras.
Por lo que el periodo de la investigación de gabinete abarcó desde octubre de 2024 a marzo de 2025, y la sistematización de la información recabada y la redacción de los hallazgos de este proyecto se llevó a cabo de marzo a inicio de septiembre del presente año.
Resultados y discusión
Resultados
Los debates sobre la desaparición forzada de personas
A partir de la revisión de la producción académica sobre las desapariciones forzadas de personas, puede indicarse en términos generales que, dichas prácticas dan inicios con regímenes autoritarios en la mitad y segunda mitad del siglo XX, aproximadamente.
Daniel Mata (2019: 59-60) indica, con la revisión de numerosos estudios, que la práctica de desaparecer personas da inicio con el régimen nazi en la Alemania de la primera mitad del siglo XX, para Marianela Scocco (2010: 157-158), comienza con los militares franceses durante las rebeliones anticoloniales de Argelia e Indochina (1946-1962, aproximadamente), posteriormente es apropiada por la doctrina de seguridad nacional de los EE. UU quienes la promueven en las dictaduras militares centro y sudamericanas en su lucha ideológica contra las expresiones marxistas que tuvieron auge en dicha región y en plena Guerra Fría durante la segunda mitad del siglo XX. Guatemala, de acuerdo a Molina y Citroni (citados en Basaure, 2018: 11), fue el primer país en llevarla a cabo durante la dictadura del coronel Alfredo Enrique Peralta Azurdia (1963-1966).
Hoy en día, cuando el mundo bipolar se considera extinto desde la última década del siglo XX, aparece en escena un nuevo actor que protagoniza las desapariciones de personas: el crimen organizado. Estas organizaciones cobran relevancia a partir de las dos últimas décadas del siglo XX en la región latinoamericana por su alto grado de violencia hacia la población en general y se posicionan como uno de los actores protagonistas en el mundo contemporáneo por sus capacidades organizacionales, políticas, económicas e inclusivo culturales (Dalla, 2023: 688).
El antecedente y estudio de este problema en América Latina tienes ambas vertientes: 1) las desapariciones llevadas a cabo por los gobiernos dictatoriales militares y políticos, ya sean algunos agentes o todo un aparato organizacional orquestando este tipo de prácticas y, 2) las desapariciones llevadas a cabo por las organizaciones criminales que, en ciertos casos, actúan en complicidad con gobiernos en la región. Para el caso del presente estudio, se centrará en las desapariciones forzadas cometidas por integrantes del crimen organizado, solamente.
3.1 Las víctimas primarias y secundarias de la desaparición forzada de personas
La desigualdad es un fenómeno ampliamente estudiado desde numerosas disciplinas. De acuerdo con los especialistas esta en conjunto con la pobreza y otros aspectos estructurales, como los rezagos en los sistemas educativos de un país, traen como consecuencia la violencia y los actos delictivos (Carrillo, García y López, 2022; Millán y Pérez, 2019).
Hoy en día, con el crimen organizado protagonizando en escena, el daño al tejido social con las desapariciones forzadas es significativo, también lo es hacia las víctimas secundarias. Para este caso se han detectado consecuencias severas y de por vida en pacientes con desórdenes emocionales cuyos familiares han sido abducidos y no localizados, en especial aquellos que ya perdieron la esperanza de que sus seres queridos sigan con vida (Heeke, Stammel y Knaevelsrud: 2015).
Ante esta situación y de acuerdo con Romero y Gómez (2021), las víctimas familiares de personas desaparecidas pueden experimentar un proceso sanador en su duelo mediante las técnicas adecuadas que les sirva de apoyo, una de ellas es relatar sus experiencias e historias. Y otros estudios más, como analizar los efectos psicosociales en la salud de las víctimas (Retama y Rojas, 2019; Linares y Álvarez, 2022; Camacho, 2024), documentar los saberes no institucionales derivados de la praxis de la organización y búsqueda de personas desaparecidas para un mejor entendimiento de dicho fenómeno (Falleti y Chávez, 2022), entre otros.
Según Daniel Rodríguez (2017), las causas de la desaparición forzada de personas pueden ser numerosas, pero se concluye que en términos generales se debe a abusos y represión por parte de autoridades gubernamentales, ajustes de cuentas entre grupos delictivos rivales, esclavitud, trata de personas, tráfico de órganos, o como mecanismo de advertencia y terror a grupos rivales, cuerpos de seguridad, colectivos de búsqueda o la población en general. Su práctica es en extremo violenta, además: “[…] tiende al control del territorio, de los cuerpos o, incluso, de los marcos referenciales del pensamiento; es decir, busca el dominio de la tierra, del cuerpo y de la mente” (Retama y Rojas, 2019: 115).
La revictimización y la falta de apoyo y orientación que sufren los familiares de las personas desaparecidas son otros de los aspectos que deben de contemplarse desde las legislaciones y las políticas públicas, debido a esta situación, y siguiendo a Natalia Bermúdez (2022), en un estudio de caso del país de Colombia, se concluyó que las familias asumen la responsabilidad de convertirse en proveedores de información, las organizaciones no gubernamentales (ONG) ofrecen información sobre realizar registros de una desaparición y cómo lidiar con el Estado. Dichos saberes son transmitidos entre sus miembros creando comunidades prácticas que les benefician ante esta situación.
Un estudio similar de dicho país colombiano pero en la región limítrofe con Venezuela, es sobre el problema de las desapariciones forzadas transfronterizas, se concluye que es necesaria una recategorización del término persona desaparecida con el fin de establecer las condiciones para un mayor acceso a la justicia y la reparación del daño de las víctimas, cuando las causas de este delito, así como las condiciones en las que es realizado, poseen particularidades locales y difiere de lo que hoy en día se contempla en el lenguaje académico y las legislaciones nacionales e internacionales respecto de las desapariciones forzadas (Páez, Patiño y Maldonado, 2023).
Para el caso colombiano se suma el de México, donde la situación de las mujeres, en ambos países, no es menos compleja, ya que sufren de esta práctica, y por otro lado, sobre las víctimas familiares, se han encontrado derechos fundamentales vulnerados y daños psicosociales significativos debido a que, además de transitar por el duelo, quedan con la responsabilidad de su familia aunado a la búsqueda de su ser querido y las consecuencias económicas por la ausencia de quienes eran los proveedores (Sahagún, Pinazo y Flores, 2023).
Debido a las complicidades entre miembros del crimen organizado con autoridades de gobierno, aparte de la catástrofe humanitaria que representa, también se han menoscabado la gobernabilidad y la credibilidad de sus instituciones. Un ejemplo de ello son los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en el Estado de Guerrero, y según los señalamientos, por miembros del crimen organizado en complicidad con autoridades políticas locales e inclusive miembros del ejército mexicano, entre otros casos (Hernández et. al., 2020).
En ese sentido y siguiendo a Libertad Argüello (2019), dichas complicidades sentaron las bases, desde la década de los sesenta, de la actual violencia, es decir, desde hace 65 años aproximadamente. De esta manera la violencia criminal en la nación mexicana ha tenido un lamentable proceso de conformación exitoso, que detona con mayor algidez a partir del 10 de diciembre del 2006 con el mandato de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) con su estrategia de seguridad llamada “guerra contra el narcotráfico” y que trajo miles de víctimas a la deteriorada realidad de dicho país.
La gravedad de la situación en la nación mexicana es que, tanto autoridades gubernamentales como miembros de la delincuencia organizada, siguen orquestando dichas desapariciones. No es que el periodo de los gobernantes dictatoriales en dicho país haya transitado y hoy en día las desapariciones sea asunto solamente de los segundos. Por lo que el problema en México se multiplica (López, 2022).
3.2 Sistemas políticos, crimen organizado y el problema de la desaparición forzada de personas
Este tema es otra vertiente importante. Hay una cantidad significativa en su producción académica. Se inicia con un caso de relevancia: el de Colombia. Dicha nación sudamericana experimentó procesos estructurales de desigualdad y pobreza, que fomentó la emergencia de grupos insurrectos y posteriormente organizaciones criminales. Ello desde la década de los setenta.
De acuerdo a Molina y sus coautores (2022), entre agitación política, movimientos insurgentes, agrupaciones delictivas y un amplio sector de la población viviendo en condiciones precarias, en conjunto con las acciones en materia de seguridad por parte del gobierno (como el llamado Estatuto de Seguridad Nacional implementado en 1978, el cual otorgó poderes a agentes de seguridad y de las fuerzas armadas) derivó en el establecimiento de arrestos arbitrarios, tortura, retenciones y desapariciones de población civil, con un estimado de más de 3 mil personas.
La conformación de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es una muestra de las duras condiciones que han prevalecido a lo largo de los años en la nación sudamericana en la mayoría de su población. La violencia de la narcoguerrilla versus las fuerzas de seguridad del Estado ha sido la más devastadora.
Numerosos trabajos académicos dan muestra de la compleja realidad colombiana en este rubro político. No es para menos, siguiendo a González y Monguí (2017) y Gómez y González (2022), las desapariciones forzadas han sido uno de los delitos más crueles en el contexto del movimiento armado, las cuales han sido llevados a cabo por: “[…] por agentes del Estado, por los actores armados ilegales (guerrilla y paramilitares), pero también por bandas de narcotraficantes y de una reciente generación de paramilitares (neoparamilitares) denominados oficialmente como bandas criminales “Bacrim”” (Gómez y González, 2022: 73).
Debido a esta situación resulta imperante que las autoridades políticas, jurídicas y las víctimas, en el marco operativo de una sola institución, unifiquen esfuerzos para mejorar los procedimientos y resultados que coadyuven a la localización de personas desaparecidas en dicho país (Arias y Arias, 2019; Narváez y Ordóñez, 2019).
México, respecto de este problema, presenta producción amplia y centra su atención en aspectos como la corrupción y la impunidad, característicos del sistema político mexicano, y que retratan un panorama crítico para las desapariciones forzadas, entre otros delitos.
Diferentes problemáticas en este ámbito, principalmente en la segunda mitad del siglo XX e inicios del actual, resultaron en la implementación de la práctica de desaparecer personas, por lo común, disidentes del sistema político, por parte de agentes gubernamentales, por lo que se identifican tres etapas históricas: la guerra sucia (década de los setenta), el conflicto zapatista (década de los noventa) y la lucha contra las drogas (a partir del año 2006 y aún vigente) (Guevara y Chávez, 2018; Silva, 2019).
Hoy en día debe de considerarse no solamente la cifra de personas (connacionales) desaparecidas en México, hay un dato que suele invisibilizarse y que resulta en otro gran problema para el Estado mexicano: los migrantes extranjeros desaparecidos por parte del crimen organizado en su paso por este país. De acuerdo con José Reveles (2015: 11) hay más de 80 mil centro y sudamericanos migrantes desaparecidos en su paso por México.
Y así diversos estragos políticos más que promueven estos crímenes de lesa humanidad, o ralentizan u obstruyen el acceso a la justicia a las víctimas familiares de las personas desaparecidas, tales como: autoritarismo, represión y estructuras de impunidad en el sistema político mexicano que les impide el acceso a la justicia (Dutrénit y Varela, 2018; Delgado, 2022; Ovalle, 2021); desviar la atención de las desapariciones forzadas por centrarse en cómo atenderlas desde las reformas institucionales y jurídicas, aspecto que perpetúa el cometimiento de este delito y poco contribuye a su solución (Ansolabehere, 2019); la doble responsabilidad por parte del Estado mexicano: 1) la colusión de algunos de sus integrantes con el crimen organizado y 2) las fallas en los procedimientos forenses para la identificación de los cadáveres de las víctimas, lo que obstruye el acceso a la justicia y da continuidad al crecimiento de las cifras en torno a las personas desaparecidas (Beltrán, 2022).
Los retos que se plantean frente a la autoridad mexicana en sus distintos órdenes respecto de las desapariciones forzadas son de gran magnitud y por ello en opinión de los especialistas, el Estado mexicano ha sido rebasado en este tipo de problemas y muchos otros más vinculados con la violencia criminal que azota estos territorios. Por eso: “[…] se requiere urgentemente de una política criminal de prevención y erradicación de desapariciones […] pues la diversidad e intensidad en que se llevan a cabo las desapariciones forzadas genera un gran impacto en toda la sociedad” (López, 2022: 14-15).
3.3 Aspectos jurídicos y de sistemas de justicia sobre la desaparición forzada
Son diversos los aspectos pendientes por desarrollar o mejorar en ámbitos jurídicos para el problema de las desapariciones forzadas. Uno de los aspectos de relevancia en la problemática de las desapariciones y el escaso acceso a la justicia por parte de las víctimas es el contexto jurídico y su inoperancia. Alejandra Silva (2019: 164) indica, a través de la teoría del “garantismo jurídico” del jurista italiano Luigi Ferrajoli, que hoy en día en el sistema judicial mexicano existe una crisis de legalidad a partir de un caos normativo y una violación sistémica de leyes en lo que resulta en una limitación del derecho por el derecho mismo. Dicha desorganización en la praxis judicial se traduce paradójicamente en un sometimiento a la ciudadanía en donde: “[…] los derechos humanos pueden ser reconocidos en una norma fundamental, pero no necesariamente respetados” (Silva, 2019: 164).
A esta situación deben de agregarse los factores que influyen en las decisiones de los jueces en casos de personas desaparecidas. María de Lourdes Velasco (2019) señala que los entornos políticos y judiciales, suelen influir en el carácter de las decisiones de los jueces en el ejercicio de sus funciones. A partir de estudios realizados en el poder judicial en México, determina que existen ciertos patrones de conducta de dichos impartidores de justicia, para el caso del delito de desaparición forzada, en donde es regular observar que las demandas de amparo por dicho delito suelen ser desechadas o concluidas debido a estos factores.
Y aunque los jueces sancionen, por el delito de desaparición forzada, a favor de la víctima, si el victimario no contribuye a su localización y se conozca la verdad de su paradero, el delito continúa consumándose, de acuerdo con Javier Yankelevich (2019). Además, agrega que: “Si los perpetradores de desapariciones persisten en su silencio, desde la prisión continúan victimizando a los desaparecidos y a sus familiares” (Yankelevich, 2019: 47).
El problema de las desapariciones forzadas ha traído distintas discusiones académicas sobre los modelos de búsqueda que las víctimas secundarias, las organizaciones civiles y las autoridades gubernamentales, han implementado para la localización de sus familiares, ya sea en contextos de dictaduras militares o por el crimen organizado. En ese sentido Pietro Sferrazza (2021a) observa la necesidad de innovar en los actuales modelos de búsqueda y propone, para el caso particular de Chile, desde los ámbitos jurídicos, una persecución penal de los perpetradores por medio de procesos judiciales, y la búsqueda de personas desaparecidas por procesos administrativos. Aspecto que, en palabras del especialista, mejoraría la situación actual.
Otro caso interesante es el de Brasil, país donde la narcoviolencia está presente en su vida cotidiana, principalmente en las áreas urbanas como las llamadas favelas, con poblaciones viviendo en condiciones precarias y altos índices delictivos. Siguiendo a Aline Feitoza y sus coautores (2022) son miles de personas las que desaparecen en dicha nación sudamericana cada año. Ante esta situación las víctimas familiares han demandado mayores esclarecimientos por estos delitos y lo que, a la postre, ha conducido a la creación de un laboratorio de identificación humana de la Universidad de Sao Paulo en donde en conjunto han logrado desarrollar metodologías y protocolos divididos en tres fases: ante mortem, post mortem y genética forense, específicamente para identificar a las víctimas de desaparición forzada.
Estos avances en los sistemas de justicia son relevantes y bien podrían ser aplicados a otras latitudes, con sus especificidades. Además dan muestra que la colaboración sinérgica entre víctimas familiares, el Estado y la academia, puede dar resultados a favor de la atención de esta problemática.
Sin embargo, hay mucho por hacer, los avances en materia de investigación social, forense y jurídica que se encaminan a abonar a la mejora de los sistemas de justicia y la solución de las desapariciones forzadas siguen abordando aspectos que deben de atenderse por el bienestar de las víctimas. Desde exponer las duras condiciones en las que laboran los antropólogos forenses en contextos de inseguridad en Colombia (Fernández y Aranguren, 2023); la importancia de la resignificación del término “cuerpo ausente” en contextos de investigación forense que les permita experimentar un duelo menos doloroso a las víctimas familiares (Lara y Rodríguez, 2024); la posibilidad de que otra clase de pruebas forenses sean aceptables y suficientes como sobre el trato que se debe dar a los restos cuya identificación no resulta actualmente posible (Accatino, 2023); y consolidar un mayor compromiso ético y eficaz por parte de las autoridades judiciales y forenses, en distintos países latinoamericanos, en los casos de personas desaparecidas, más allá de los formalismos burocráticos y legales, dando cuenta de la magnitud del problema (Monroy, 2019; Toro y Redrobán, 2022; Cadena y Bermúdez, 2023), entre numerosos trabajos más.
3.4 Los organismos y los mecanismos jurídicos internacionales para la desaparición forzada
Los retos mundiales en el ámbito de las instituciones de justicia y los organismos que se involucran en la afrenta a la problemática de las desapariciones forzadas de personas son variados y la comunidad académica da cuenta sobre ello, además plantean propuestas para la mejora de dichas situaciones.
Tal el es el caso de Pietro Sferrazza (2021b) que reflexiona, de manera crítica, sobre las implicaciones éticas y jurídicas de las desapariciones forzadas y la forma como tienen captada la atención por parte de los organismos internacionales en materia. De acuerdo con el autor resultan necesarias algunas reformas para actualizar, en el contexto de las legislaciones internacionales y sus organismos, este tipo de labor.
Por mencionar un ejemplo, hoy en día ya es necesario que se implementen: “[…] políticas que apuntalen tanto para procesar al culpable como para la consecución de los objetivos humanitarios” (Pearlman, 2009: 1).
Trágico resulta también cuando una familia es dañada por el robo de un bebé o de infantes. Otro de los problemas, dentro de esta categoría de crímenes, que tiene la atención de la comunidad internacional. De acuerdo con Casado y López (2015) estos delitos requieren mayores análisis en las distintas vertientes jurídicas, filosóficas, políticas y bioéticas, y tener aplicación en organismos como la ONU y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas (CIPPCDF). Sin embargo este problema tiene presencia en numerosos países e inclusive se relaciona con trata de personas en su modalidad de esclavitud sexual, que para el caso específico de Perú, Barrios y sus coautores (2021) ponen el énfasis en actualizar las legislaciones en materia, incluidas las legislaciones internacionales.
A nivel global es necesario seguir fortaleciendo los enfoques del respeto irrestricto a los derechos humanos, sin importar diferencias en su concepción y puesta en praxis, ya sea por diversidades culturales, lingüísticas y demás. Además, de la misma manera, en asuntos de legislación internacional respecto del problema de las desapariciones forzadas (López, 2018; Huhle, 2019; Sferrazza, 2019a; López, 2022). A partir de esto López (2022) plantea cuestionamientos críticos respecto de la eficacia del Estado mexicano, la corrupción y la impunidad en el contexto de la búsqueda de personas desaparecidas e impartición de justicia en donde las fuerzas armadas obtuvieron funciones y protagonismos no adecuados a las necesidades del momento. Además, de acuerdo con los especialistas de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en ese país hay deficiencias en sus protocolos de búsqueda, falta de coordinación entre sus instancias competentes con graves faltas de respeto hacia las víctimas (Huhle, 2019: 11).
Naciones Unidas como organismo internacional no es el único que aborda la problemática de las desapariciones forzadas. Otro que resulta relevante en esta afrenta, pero a nivel regional latinoamericano es la Organización de Estados Americanos (OEA) a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), además la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP), entre otros.
Tenemos a Basaure (2018) con un análisis normativo, histórico y jurisprudencial sobre los precedentes más importantes de la CIDH, con los fines de identificar sus principales estándares interpretativos. También Sferrazza (2019b) aborda un análisis histórico, pero del desarrollo del concepto de víctima en la jurisprudencia del mismo órgano.
El trabajo coordinado de Ibáñez, Flores y Padilla (2020) resulta útil cuando se abordan de manera crítica, por parte de sus colaboradores, diversos aspectos del SIDH y el estrago de las desapariciones forzadas, tales como sus balances y desafíos, el impacto de este en los sistemas de derechos humanos nacionales e internacionales, la situación de las víctimas, entre otros aspectos.
1. Conclusiones
La práctica de desaparecer personas comienza como estrategia que obedece a intereses políticos y de seguridad de gobiernos coloniales, en primera instancia, y posteriormente dictaduras militares y políticas en América Latina, a partir de la mitad del siglo XX, aproximadamente. En dicho periodo también aparece en escena el crimen organizado que en ocasiones, en complicidad con autoridades políticas, cometen este tipo de crímenes de lesa humanidad hacia la población civil.
La revisión de la producción académica en materia reveló que, dentro de sus cuatro categorías ya analizadas, hay numerosos retos y aspectos que atender para afrontar de manera más adecuada esta problemática que causas severos estragos en la sociedad, además resulta relevante este estudio para las numerosas disciplinas que conforman las ciencias sociales para reforzar los conocimientos en desapariciones forzadas así como sus complejas particularidades en diversos países latinoamericanos.
Para el caso de los estudios sobre las víctimas de la desaparición forzada, se concluye que los estragos estructurales como la desigualdad, la pobreza, la violencia, la corrupción política, entre otros, fomentan dichas prácticas y otros delitos más que azotan la vida cotidiana de nuestra región. Por ello se proponen reformas que actualicen las capacidades institucionales y jurídicas de las instancias encargadas de atender dicho estrago para las víctimas de las desapariciones forzadas, incluidas las víctimas migrantes, mujeres y víctimas secundarias mujeres de la tercera edad, tanto en su búsqueda, como en la atención y reparación del daño por parte de los sistemas judiciales locales.
Las investigaciones respecto de los sistemas políticos y su vínculo con el problema de las desapariciones forzadas dan muestra que la corrupción en dichos contextos posee gran influencia en la continuidad de esta grave situación, de igual manera en los sistemas de justicia. Además, se plantean propuestas de unificar esfuerzos institucionales para una mayor afrenta a esta problemática e implementar una política criminal con mayor coherencia para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas.
En el rubro de los sistemas judiciales se demuestran los rezagos y la falta de atención puntual en la problemática, de allí que emerjan algunas propuestas: como mejorar los sistemas vigentes de búsqueda de personas desaparecidas, innovar en los procesos de investigación forense, desde el lenguaje y la terminología empleados hasta atender los rezagos de las áreas periciales y un uso más amplio de tecnologías para tal fin, de igual manera, consolidar marcos deontológicos en la praxis del personal de seguridad, justicia y reparación del daño dimensionando la gravedad de la situación.
Los estudios en la parte de los organismos y las legislaciones internacionales revelan que en dicho contexto hay buenos avances, pero también retos por superar, tanto para la ONU como la OEA y sus respectivos organismos especializados en materia de desapariciones forzadas.
En primera instancia se pone el énfasis en la necesidad de actualizar las legislaciones internacionales en el rubro y que además de pie para una labor más humana y eficaz, tanto para la prevención de este delito, búsqueda de personas desaparecidas, como el acompañamiento a sus familiares y el acceso a la justicia para ambos.
Se considera de igual manera la importancia de dar continuidad en los debates multidisciplinarios que el trabajo académico arroja con miras a actualizar las miradas hacia el problema y definir las necesidades de los organismos y las legislaciones internacionales vigentes mediante sus propuestas, y en el mejor de los casos, que sean atendidas.
Finalmente, poner énfasis en la importancia de rescatar y visibilizar los movimientos de mujeres y colectivos de búsqueda en México, Colombia y otros países de la región, que han asumido un papel fundamental en la denuncia y búsqueda de personas desaparecidas. Su militancia, que combina organización comunitaria, incidencia política y construcción de memoria colectiva, ha colocado el tema en las agendas públicas nacionales e internacionales. Ellas no solo visibilizan la magnitud de la problemática, sino que, con su persistencia, han transformado el dolor en acción, generando redes de solidaridad que exigen verdad, justicia y reparación frente a un Estado que en muchas ocasiones ha sido omiso o cómplice. Reconocer estos movimientos resulta indispensable para comprender la resistencia social y la lucha por los derechos humanos en el contexto de las desapariciones forzadas.
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