Artículo de revisión
DOI: https://doi.org/10.56124/tj.v8i20.003
DERECHOS SOCIALES Y CIUDADANOS EN EL ECUADOR: DESAFÍOS PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL ANTE CRISIS INSTITUCIONAL
SOCIAL AND CITIZEN RIGHTS IN ECUADOR: CHALLENGES FOR SOCIAL TRANSFORMATION AMID INSTITUTIONAL CRISIS
Andréi Nikolay Sánchez Rodríguez
https://orcid.org/0000-0002-3945-5630
Universidad Técnica de Machala, UTMACH
Machala – El Oro – Ecuador
Verónica Alexandra Romero Sánchez
https://orcid.org/0009-0005-1788-6703
Fiscalía General del Estado, FGE
Machala – El Oro – Ecuador
Resumen
El artículo analiza la garantía de derechos sociales y ciudadanos en Ecuador, identificando cómo la crisis institucional, la reducción del Estado y las tensiones políticas recientes afectan su implementación y potencial transformador. A partir de literatura reciente (2020–2025), publicada en su mayoría en revistas indexadas en Scopus y WoS, se examinan tres ejes: la constitucionalización de los derechos y su aplicación práctica, el impacto de la debilidad institucional y la reducción del Estado, y los desafíos para la transformación social desde perspectivas jurídicas, políticas y sociales. Los hallazgos muestran que, a pesar de un marco normativo robusto y progresista, la efectividad de los derechos depende de instituciones sólidas e independientes, participación ciudadana y políticas coherentes. Se concluye que fortalecer la institucionalidad, garantizar la independencia judicial y asegurar políticas públicas consistentes es esencial para que los derechos sociales y ciudadanos cumplan con su rol transformador que promueva cambios sociales sostenidos en Ecuador.
Palabras clave: Ciudadanía, derechos, transformación social, Ecuador.
Abstract
This article analyzes the guarantee of social and citizen rights in Ecuador, identifying how the institutional crisis, the reduction of the State, and recent political tensions affect their implementation and transformative potential. Based on recent literature (2020–2025), published mostly in journals indexed in Scopus and WoS, three axes are examined: the constitutionalization of rights and their practical application, the impact of institutional weakness and the reduction of the State, and the challenges for social transformation from legal, political, and social perspectives. The findings show that, despite a robust and progressive regulatory framework, the effectiveness of rights depends on strong and independent institutions, citizen participation, and coherent policies. It concludes that strengthening institutions, guaranteeing judicial independence, and ensuring consistent public policies are essential for social and citizen rights to fulfill their transformative role that promotes sustained social change in Ecuador.
Keywords: Citizenship, rights, social transformation, Ecuador.
Introducción
La garantía de derechos sociales y ciudadanos constituye un eje central para la construcción de sociedades más justas. La Constitución de la República del Ecuador (2008), reconoce de manera explícita derechos colectivos, económicos, sociales y ambientales, incorporando la noción del Buen Vivir como principio rector del desarrollo social. A pesar de estos avances normativos, diversos estudios muestran que la implementación efectiva de estos derechos enfrenta desafíos estructurales e institucionales que limitan su impacto transformador (Radcliffe, 2012; Anda, 2018; Benalcázar & Ullán de La Rosa, 2021).
Investigaciones previas evidencian que la efectividad de los derechos sociales y ciudadanos no dependen únicamente de su reconocimiento formal, sino también de la capacidad del Estado para garantizar su cumplimiento y de la participación de la ciudadanía en procesos de control y toma de decisiones (Fabián Corral, 2006; Torres & López-Cevallos, 2021).
En este sentido, la literatura revisada permite identificar un vacío en la comprensión integral de cómo la crisis institucional, la concentración del poder y la reducción del Estado afectan la materialización de estos derechos, limitando su potencial como instrumentos de transformación social.
La pertinencia de este estudio radica en la necesidad de analizar críticamente la brecha existente entre la normativa constitucional y la práctica institucional en Ecuador, considerando los desafíos actuales derivados de tensiones políticas, sociales e institucionales, así como también, reformas legales y procesos de reestructuración administrativa. Comprender esta brecha es esencial para proponer medidas que fortalezcan la efectividad de los derechos sociales y ciudadanos y, con ello, promuevan cambios sociales sostenidos en el País.
El objetivo principal de este trabajo consiste en examinar, a partir de una revisión exhaustiva de la literatura publicada, cómo la garantía de derechos sociales y ciudadanos en Ecuador enfrenta obstáculos estructurales e institucionales y cuáles son los desafíos y oportunidades para su potencial transformador en el contexto de crisis institucional y reducción del Estado.
Metodología
El presente estudio corresponde a una sistematización de la literatura en investigaciones previas que analizan cómo la garantía de derechos sociales y ciudadanos en el Ecuador han sido abordados en medio de crisis institucionales que han desembocado en el estancamiento de una transformación social radical y profunda en el Ecuador. Su propósito es reflexionar críticamente sobre la evolución de estos derechos – de manera particular desde la Constitución de Montecristi en 2008 – y sus implicaciones en el bienestar y buen vivir de los ecuatorianos.
El criterio que se utilizó para la selección de la literatura se basó en publicaciones entre 2021 y 2025 en base de datos académicos como Scopus, WoS, Wiley Online Library, Latindex-Catálogo, entre otras. Esto no excluyó la inclusión de publicaciones de años atrás de instituciones como el Banco Central del Ecuador o pronunciamientos recientes como el del Mandato de la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación que han generado impacto y debate en la sociedad ecuatoriana.
La revisión y análisis de la documentación académica se organizaron en torno a tres ejes: a) la garantía de derechos sociales y ciudadanos en la Constitución (2008) y en la práctica, b) el impacto de la crisis institucional y la reducción del Estado en la efectividad de estos derechos, y c) los desafíos y perspectivas para la transformación social desde enfoques jurídicos, políticos y sociales. El tratamiento de la información se realizó mediante un análisis crítico-discursivo, que permitió identificar convergencias, tensiones y vacíos en la literatura, ofreciendo una reflexión interdisciplinaria sobre el tema.
Resultados y discusión
Resultados
La revisión bibliográfica permitió identificar los tres ejes de análisis de este artículo de revisión que se centra en:
a) La garantía de derechos sociales y ciudadanos en la Constitución y en la práctica.
b) El impacto de la crisis institucional y la reducción del Estado en la efectividad de estos derechos.
c) Los desafíos y perspectivas para la transformación social desde enfoques jurídicos, políticos y sociales.
La garantía de derechos sociales y ciudadanos en la Constitución y en la práctica.
Los distintos estudios revisados coinciden en que la Constitución de Montecristi de 2008 amplió formalmente los derechos sociales y ciudadanos en Ecuador, estableciendo por primera vez el derecho al “buen vivir” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Interpretando al buen vivir (sumak kawsay) en relación con las culturas políticas arraigadas, las estructuras de oportunidad específicas y la dinámica entre la política contenciosa y la electoral, destaca el amplio margen de maniobra para repensar el desarrollo como forma de gubernamentalidad y poder pastoral, incorporando un compromiso constitucional con los derechos sociales, la ciudadanía colectiva y los derechos de la naturaleza (Radcliffe, 2012).
La creación de nuevas instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fortalecieron los mecanismos de control y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones durante el gobierno de la Revolución Ciudadana (2007 – 2017). Sin embargo, no solo en Ecuador sino en la región, tal como lo indica Fabián Corral (2006), nos hemos acostumbrado a hablar de las instituciones, pero sin reflexionar sobre ellas. Asimismo, hablamos de la política sin reflexionar sobre su significado, y nos hemos habituado a hablar de la ciudadanía sin saber exactamente lo que ésta significa.
El impacto de la crisis institucional y la reducción del Estado en la efectividad de estos derechos.
Entre 1981 y 2007, Ecuador experimentó reformas neoliberales, acompañadas de una democracia de élite. Estas condujeron a un crecimiento lento, una redistribución ascendente y a la inestabilidad política y económica (Echavarria, 2017).
En 2008, Ecuador reformó su Constitución tras un prolongado período de crisis económica, social y política. La ruptura momentánea de las estructuras de poder, que habían limitado la participación política a pequeños grupos de élites, abrió espacios participativos para que grupos sociales históricamente marginados participaran en el proceso de redacción constitucional. Como resultado de este cambio político sin precedentes en la participación y la inclusión, surgieron nociones alternativas de derechos culturales, sociales y económicos (Anda, 2018).
No obstante, la experiencia ha demostrado que el problema del Ecuador no es la falta de leyes y ni siquiera es la calidad de las leyes; el verdadero problema es la ineficacia de las leyes. Las leyes y la Constitución no son más que papel mojado. Si la ley estorba, se dicta un reglamento y se tuerce la ley; si la Constitución estorba, se dicta una ley y se orilla la constitución; y si todo esto estorba, se dicta un acto administrativo (Fabián Corral, 2006).
Esta debilidad institucional encuentra espacios idóneos y frágiles para socavar algunos derechos ciudadanos, como por ejemplo el de la participación. Un estudio reveló que durante la pandemia del COVID 19 en el caso de Ecuador, hubo más limitaciones que posibilidades para la formulación de políticas públicas basadas en una respuesta comunitaria. No se encontró evidencia de que representantes sociales o de la sociedad civil hayan participado en las reuniones del COE para hacer frente a esta crisis sanitaria (Torres & López-Cevallos, 2021). Situación que seguramente limitó una respuesta más efectiva por parte del Estado.
Benalcázar & Ullán de La Rosa (2021) sostienen que, en cuanto al Buen Vivir institucional plasmado en la Constitución de 2008, las dimensiones posdesarrollo y decolonial se diluyeron en la búsqueda de un consenso intermedio que integrara a la mayoría de los actores sociales. Si bien el Buen Vivir constitucional da algunos pasos notables en esa dirección (Estado plurinacional e intercultural, derechos de la Pachamama, justicia indígena, economía social y solidaria), no puede considerarse un paradigma verdaderamente decolonial y posdesarrollista.
Los desafíos y perspectivas para la transformación social desde enfoques jurídicos, políticos y sociales.
De la revisión de la literatura existe un consenso en que la Constitución de 2008 marcó un hito al consagrar derechos sociales, colectivos y de la naturaleza, promoviendo el Buen Vivir y la participación ciudadana. Se reconoce el potencial transformador de estos derechos. Un aspecto transformador fue el de la seguridad. Existen datos que muestran que el compromiso con la ciudadanía social tuvo un gran impacto en la violencia relacionada con la legalización de las pandillas como forma de inclusión social y que fue un factor importante en la reducción de la tasa de homicidios del país (Brotherton & Gude, 2021).
El proyecto de la RC presenta diversas especificidades que lo convierten en un estudio de caso relevante para su comprensión. El ambicioso proyecto se materializó de manera ambivalente, revelando logros y limitaciones. Sin embargo, se lograron avances. Más allá de las limitaciones identificadas, sus logros deben destacarse por ser novedosos en comparación con otras experiencias de gobierno progresista, especialmente en el contexto de los países centroandinos (Ubasart-González & Minteguiaga, 2022).
Desde un enfoque jurídico, político y social las reformas constitucionales han revelado un impacto significativo en estas áreas. Según Barzola-Plúas (2022), en el ámbito político, las reformas fortalecieron el poder ejecutivo, alterando la estructura parlamentaria, reformando el sistema electoral y aumentando la participación ciudadana. No obstante, la concentración del poder en el ejecutivo ha suscitado críticas por limitar la autonomía de otros poderes del Estado. En la economía, las reformas buscaron diversificarla y reducir la dependencia del petróleo, con resultados mixtos y desafíos en sostenibilidad financiera. Los derechos humanos y la justicia social fueron ampliados, asegurando derechos fundamentales como educación y salud, aunque su implementación ha enfrentado obstáculos. Las reformas también han incluido principios de sostenibilidad ambiental, con tensiones entre objetivos económicos y ambientales. Las reacciones a las reformas han sido mixtas, creando polarización política y social.
Aunque la adopción de tratados internacionales y la Constitución de 2008 han establecido marcos robustos para la protección de derechos, la implementación efectiva de estos instrumentos requiere un fortalecimiento institucional y recursos adecuados (Núñez-Ribadeneyra, 2023).
La literatura reconoce el potencial transformador de los derechos sociales y ciudadanos que establece la Constitución de 2008, aunque subraya que este depende del fortalecimiento institucional, la inversión pública y la participación ciudadana efectiva.
Discusión
Ecuador cuenta con una de las constituciones más progresistas de Latinoamérica. Define al Estado como plurinacional y garantiza los derechos colectivos de los pueblos indígenas e incluso de la propia naturaleza (Schwab, 2023), lo que configuró un marco normativo innovador en el ámbito regional abriendo posibilidades de un modelo alternativo de organización social y política, orientado al Buen Vivir.
Sin embargo, la implementación de políticas neoliberales desarrolladas en los últimos dos años ha disminuido sistemáticamente la capacidad de respuesta del Estado (Trujillo-Montalvo & Merino-Jaramillo, 2024). Su efectividad se ha visto limitada por factores estructurales e institucionales. Esta tensión entre lo normativo y lo real refleja un problema recurrente en la historia política ecuatoriana: la brecha entre el diseño constitucional y la capacidad estatal para llevarlo a la práctica.
Cuando el neoliberalismo es dominante, las personas de menor estatus tienden a atribuir su posición desfavorecida a factores personales en lugar de a sus causas estructurales (Solano-Silva et al., 2025). Los estudios revisados sugieren que el debate en torno a los derechos sociales y ciudadanos en Ecuador no pueden desvincularse de las dinámicas regionales de América Latina, donde las constituciones progresistas, si bien es cierto, abrieron caminos alternativos al neoliberalismo, hoy este último emerge con fuerza en varios países de la región incluido el Ecuador.
La crisis institucional y la reducción del Estado sobresalen como los principales obstáculos para la transformación social. La concentración del poder en el ejecutivo, la debilidad de los mecanismos de control y la falta de autonomía de instituciones clave, como la Corte Constitucional o el Consejo de participación ciudadana y control social (CPCCS), han reducido las posibilidades de que los derechos reconocidos se traduzcan en políticas públicas sostenibles.
Adicionalmente, como lo señala Gina Romero (2025), Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, en su comunicado sobre la legislación, reglamentos o políticas pendientes o recientemente adoptadas por el gobierno del Ecuador, advierte que algunas de sus disposiciones, podrían generar restricciones adicionales y sustantivas al ejercicio de los derechos de libertad de asociación y de reunión.
En síntesis, la revisión evidencia que el potencial transformador de la garantía de derechos sociales y ciudadanos en Ecuador está condicionado por la tensión entre la amplitud normativa de la Constitución de 2008 y la fragilidad institucional que persiste en su implementación. Esta contradicción, marcada por la crisis institucional y la reducción del Estado, limita la concreción de los derechos y debilita la confianza ciudadana en las instituciones. El desafío consiste en fortalecer los mecanismos institucionales y políticos que garanticen la efectividad de estos derechos, de modo que puedan convertirse en verdaderas herramientas de transformación social sostenida.
Conclusiones
El presente artículo interpreta cómo la garantía de derechos sociales y ciudadanos en Ecuador, consagrada en la Constitución de Montecristi (2008), enfrenta desafíos derivados de la crisis institucional, la reducción del Estado y las tensiones jurídicas, sociales y políticas recientes. Aunque el marco normativo es robusto en derechos sociales y ciudadanos, su efectividad depende de la fortaleza institucional y de la coherencia en la implementación de políticas públicas.
La garantía de derechos, más que reconocimiento formal, necesita instituciones sólidas, participación ciudadana efectiva, independencia de funciones y políticas públicas consistentes para convertirse en una herramienta de transformación social. Las recientes disputas entre el gobierno y la Corte Constitucional, la aprobación de leyes cuestionadas y la reestructuración administrativa bajo el gobierno de Daniel Noboa muestran cómo la regresión de derechos y la fragilidad institucional limitan la capacidad transformadora del Estado.
Comparando con experiencias similares en América Latina, se observa que los avances normativos, aunque relevantes, no garantizan cambios sociales estructurales sostenidos sin un marco institucional estable. Esto evidencia que los derechos sociales y ciudadanos en Ecuador requieren no solo leyes, sino prácticas efectivas que materialicen su potencial transformador, especialmente en contextos de tensión política y crisis institucional.
Se sugiere que futuras investigaciones profundicen en el impacto de reformas administrativas y políticas sobre la protección de derechos, así como en la percepción de la ciudadanía frente a estas disputas. A pesar de que esta revisión se centra en literatura y documentos recientes, los resultados son válidos por la sistematicidad del análisis que permiten concluir que fortalecer la institucionalidad, garantizar la independencia judicial y asegurar políticas coherentes resulta esencial para que los derechos sociales y ciudadanos, amparados en la Constitución de Montecristi (2008), cumplan su rol transformador y promuevan cambios sociales sostenidos en Ecuador.
Referencias
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Benalcázar, P. C., & Ullán de La Rosa, F. J. (2021). The institutionalized buen vivir: A new hegemonic political paradigm for Ecuador. Revista Brasileira de Politica Internacional, 64(1). https://doi.org/10.1590/0034-7329202100101
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RESEÑA DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DE LOS AUTORES
Andréi Nikolay Sánchez Rodríguez, docente universitario desde 2021 en la Universidad Técnica de Machala, actualmente en la carrera de Trabajo Social. Cuenta con estudios de posgrado en Desarrollo Local mención Planificación por la Universidad Católica de Cuenca, Especialista en Gestión Pública, IAEN, Diplomado en docencia universitaria e Ingeniero Químico, UTMACH.
Ha desempeñado varios cargos, tanto en el sector público como privado. Autor de varios artículos de investigación en variados temas como: de modelos de gestión de recursos hídricos, modelos de desarrollo local, educación, entre otros. Un apasionado de la investigación, la gestión pública y de modelos de desarrollo local sostenible.
Nombres y apellidos completos: Andréi Nikolay Sánchez Rodríguez
Correo electrónico: ansanchez@utmachala.edu.ec / andreinikolay83@gmail.com
Ciudad: Machala, El Oro
País de nacimiento: Ecuador
Verónica Alexandra Romero Sánchez, abogada de profesión por la Universidad Técnica Particular de Loja, cuenta con estudios de posgrados como especialista y máster en derecho constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Desde el 2019 es servidora dentro de la función judicial pasando por el Consejo de la Judicatura hasta la Fiscalía General del Estado, El Oro, institución donde se desempeña actualmente.
Nombres y apellidos completos: Verónica Alexandra Romero Sánchez
Correo electrónico: romerosv@fiscalia.gob.ec / veryromant@hotmail.com
Ciudad: Machala, El Oro
País de nacimiento: Ecuador