Artículo de investigación
DOI: https://doi.org/10.56124/tj.v8i19.043
COMUNIDAD Y PREVENCIÓN EN DROGAS EN ESTUDIANTES DEL DISTRITO EDUCATIVO 17D06 DE QUITO, 2024
COMMUNITY AND DRUG PREVENTION IN STUDENTS OF EDUCATIONAL DISTRICT 17D06 OF QUITO, 2024
Adriana Cristina Ortiz Mena
https://orcid.org/0009-0008-1976-6862
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Andrés Santiago Galarza Schoenfeld
https://orcid.org/0000-0002-3093-7991
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Resumen
El consumo de drogas es un problema en constante aumento a nivel mundial, siendo Ecuador uno de los países afectados por este fenómeno que se manifiesta desde edades tempranas; además, este consumo continúa siendo criminalizado, lo que genera estigma, discriminación y exclusión a las personas consumidoras. El abordaje de esta problemática debe realizarse desde la prevención y protección integral, involucrando a todos los actores, incluyendo la comunidad; y, desde una perspectiva de justicia social. En este marco, la presente investigación buscó analizar la incidencia que tiene la comunidad en la prevención integral de drogas en estudiantes de bachillerato del Distrito Educativo 17D06 de Quito. Esta investigación tiene un enfoque mixto, de tipo cuantitativa no experimental y cualitativa fenomenológica, con un alcance transeccional correlacional-causal; se utilizaron los métodos deductivo y analítico y se aplicaron como técnicas y herramientas encuestas y entrevistas estructuradas. Las encuestas fueron aplicadas a profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil, mientras que las entrevistas se realizaron a expertos en la temática investigada. Su enfoque teórico es la prevención y protección integral desde la perspectiva de la justicia social. Como principal resultado obtenido de la investigación, se identificó que existen factores de riesgo sociales y comunitarios que inciden en la criminalización del consumo en estudiantes. Así también, se concluye que la comunidad incide en la prevención integral de drogas.
Palabras clave: Consumo de drogas, estudiantes, prevención integral
Abstract
Drug consumption represents an increasingly prevalent global issue, with Ecuador being among the countries significantly affected. This phenomenon often emerges during early adolescence and continues to be criminalized, thereby perpetuating stigma, discrimination, and social exclusion of individuals who use drugs. Addressing this issue requires a comprehensive prevention and protection approach that involves all stakeholders—including the community—and is grounded in a social justice framework.
This study aimed to analyze the influence of community involvement in the comprehensive prevention of drug use among high school students within the 17D06 Educational District of Quito. Employing a mixed-methods approach, the research combined a non-experimental quantitative methodology with a phenomenological qualitative design, adopting a cross-sectional correlational-causal scope. Deductive and analytical methods were used, with data collected through surveys and structured interviews. Surveys were directed at professionals from Student Counseling Departments, while interviews were conducted with experts in the field. The theoretical foundation of the study is based on comprehensive prevention and protection from the lens of social justice.
Key findings highlight the presence of social and community risk factors that contribute to the criminalization of student drug use. Furthermore, the research concludes that community engagement plays a critical role in the effective and comprehensive prevention of drug use.
Keywords: Drug use, integral prevention, students.
Introducción
El Informe Mundial sobre las Drogas 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) determinó que el número de personas que usan drogas se elevó a 292 millones en 2022. Por otro lado, a nivel regional, el Informe del 2019 sobre el Problema de las Drogas en las Américas de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (CICAD-OEA) situó a la marihuana como la droga ilícita de mayor consumo, con aproximadamente 200 millones de usuarios en el 2019, lo que representa el 4% de la población mundial. Este informe analizó el uso temprano de drogas lícitas e ilícitas, donde se incluyen alcohol, tabaco, cannabis, clorhidrato de cocaína (referido como cocaína) y cocaínas fumables (crack y pasta base).
En Ecuador, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) en el año 2018 evidenció una prevalencia mensual del consumo de alcohol del 7.6% y una prevalencia mensual del 4,3% del consumo de algún producto de tabaco, ambas en el grupo etario de 10 a 17 años; y respecto al consumo de drogas ilícitas, la Encuesta sobre Uso y Consumo de Drogas Ilícitas en Estudiantes de 9no EGB, 1ro y 3ro de Bachillerato del año 2016 reveló que, la prevalencia anual de consumo en estudiantes de estos grados fue del 12,65%; y, destaca que la prevalencia anual es mayor en hombres (16,71%) en comparación con mujeres (8,46%). Por otro lado, el Ministerio de Educación durante el año 2022 registró 3.218 casos de uso y consumo de drogas en estudiantes y en el año 2023, 2.195 casos. Es decir, en dos años se registraron 5.413 casos a nivel nacional. De estos, 480 son de Quito, es decir un 8,86% del total de registros. Asimismo, de los 480 casos, 102 fueron registrados por el Distrito Educativo 17D06 - Eloy Alfaro, es decir el 21,25% de la totalidad de casos de Quito.
El aumento del consumo de drogas en edades tempranas se ha visto impulsado por diversos factores, como la mayor accesibilidad a distintas sustancias, rompimiento del tejido social, problemas familiares, una percepción reducida del riesgo asociado, el inicio del consumo a edades cada vez más tempranas, entre otros. La adolescencia se considera un período de riesgo crítico para el inicio del uso y consumo de drogas, los estudios indican que aquellos que empiezan a consumir en las primeras etapas de la adolescencia (de 12 a 14 años) tienen más probabilidades de desarrollar un consumo problemático a largo plazo, que aquellos que empiezan a consumir en la edad adulta (OEA, 2019). En el año 2023 la Organización Panamericana de la Salud señaló que, las consecuencias de trastornos causados por el consumo de drogas llegan mucho más allá de lo individual, pues afectan a nivel familiar, laboral y social. A estas consecuencias debe sumarse la criminalización del consumo de drogas que, a su vez genera estigma, discriminación y exclusión a las personas que consumen, a pesar de que la normativa vigente en Ecuador determina que el consumo de drogas es un problema de salud pública y que no se permite la criminalización ni la vulneración de derechos de personas consumidoras.
Partiendo de que la adolescencia es la etapa con mayor vulnerabilidad al consumo de drogas, y tomando en cuenta que, la Constitución establece el desarrollo integral en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad como un derecho de niñas, niños y adolescentes; y que, el Código de la Niñez y Adolescencia determina el derecho a la protección contra el consumo de drogas, se hace relevante abordar esta problemática desde una prevención integral del uso y consumo de drogas, con énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes, involucrando a todos los actores, incluyendo al Estado, gobiernos locales, sociedad civil, institución educativa, familias y comunidad en general.
Esto, considerando también que la normativa vigente sobre drogas define a la prevención integral como conjunto de políticas y acciones prioritarias que deben ser ejecutadas por el Estado, las instituciones y personas involucradas. Esta prevención integral debe ser comunitaria y desde una perspectiva de justicia social, presentarse como una oportunidad de transformación social y enfatizar en el desarrollo de las potencialidades del ser humano en sus diferentes niveles o sistemas. Desde esto, es importante analizar el rol que tiene la comunidad en la prevención integral de drogas en estudiantes ya que, si bien, dentro de ésta pueden existir factores de riesgo asociados al consumo, también pueden identificarse y fortalecerse factores de protección que reduzcan esos riesgos; por lo tanto, una comunidad puede generar un impacto positivo o negativo en el ámbito educativo.
Por esta razón, para esta investigación se planteó como uno de los objetivos específicos el poder identificar factores de riesgo sociales y comunitarios y su incidencia en la criminalización del consumo en estudiantes. Así también, se planteó analizar las habilidades para la vida existentes en estudiantes para determinar su incidencia en la construcción del tejido social y determinar estrategias preventivas y su incidencia en la protección integral de estudiantes. Estos objetivos permitieron enfocarse en la prevención integral desde el análisis de la reducción de factores de riesgo y el fortalecimiento de factores de protección a nivel social y comunitario desde la justicia social.
Finalmente, esta investigación se centró en responder la siguiente pregunta: ¿Por qué la comunidad incide en la prevención integral de drogas en estudiantes de bachillerato del Distrito Educativo 17D06 de Quito en el 2025?
La literatura científica sostiene que “un factor de riesgo es una característica interna y/o externa al individuo cuya presencia aumenta la probabilidad o la predisposición de que se produzca un determinado fenómeno. Dicha característica permite predecir el desarrollo de una conducta adictivas, situando a la persona en una posición de vulnerabilidad y puede ser individual, familiar, educativa, social o comunitaria” (Clayton, 1992 en Peñafiel, 2009, p.148-150).
Con relación al párrafo anterior y en el marco de esta investigación, los factores de riesgos sociales y comunitarios vendrían a ser características externas al individuo que pueden colocarlo en una situación de vulnerabilidad frente al consumo de drogas y pueden ser constantes a lo largo del desarrollo vital de las personas o pueden darse en edades o etapas determinadas.
Es decir que, un factor de riesgo social y comunitario puede incrementar la probabilidad de ocurrencia del uso o consumo de drogas en una persona ya sea en un período específico o durante toda su vida.
“Entre los factores de riesgos comunitarios y sociales se encuentran la disponibilidad y acceso fácil a las drogas, falta de espacios para el buen uso del tiempo libre, entorno de pares consumidores de drogas, baja percepción del riesgo y normalización del consumo de drogas, presión social para consumir, violencia, inseguridad, desempleo, pobreza, no contar con servicios básicos, limitado acceso a servicios de salud, tejido social deteriorado, baja organización y participación comunitaria, escasa regulación del espacio público” (MSP - MINEDUC, 2020, p.8-9).
Entonces se concluye que los factores antes descritos provienen de aspectos específicamente relacionados con lo social y lo comunitario y, en muchos de los casos por sus características, están relacionado con situaciones asociadas a temas ilícitos. Por lo que, el consumo de drogas es criminalizado y las personas que consumen son relacionadas con la delincuencia, idea que proviene desde la famosa “Guerra contra las drogas”, declarada por el expresidente Nixon en Estados Unidos en 1978.
Esta guerra consideró que el problema de las drogas no sólo tenía implicancias en las políticas de salud, sino también en las de seguridad. Es así como el fenómeno de las drogas se empieza a concebir como un problema de “seguridad nacional” para los Estados Unidos y el resto mundo, generando cambios en las normativas y políticas de los países, las cuales fueron construidas desde un modelo prohibicionista y punitivo, dando poder a las instancias de seguridad y fuerza pública” (Restrepo, 1991, p. 23 en Paladines, 2012, p.36).
Desde ese entonces, en nombre de la “guerra contra las drogas”, se ha criminalizado el consumo de drogas y se ha vulnerado los derechos de personas usuarias o consumidoras de sustancias nivel mundial, promoviendo el discurso que los relaciona con la delincuencia. Esto, termina creando un estigma social y, por tanto, discriminación, ejercicio de poder, dominación y desigualdad, lo cual debe ser analizado también en términos de justicia social.
En el Ecuador, el artículo 364 de la Constitución del Ecuador dice que el consumo de drogas es un problema de salud pública y que el Estado debe desarrollar programas de información, prevención y control de este consumo; a la vez, debe ofrecer tratamiento y rehabilitación a las personas consumidoras. (Asamblea Constituyente, 2008, p.112).
Esto dio un giro completo a la política nacional que estaba atada al discurso radical de la “guerra contra las drogas”, pues antes de esta normativa el país contaba con la famosa Ley 108, una de las leyes más duras de la región que manejaba un enfoque punitivo sobre el problema de las drogas. Esta Constitución de la mano con la Ley Orgánica de Prevención Integral de Drogas establecieron como derechos la no criminalización, no discriminación y no estigmatización de las personas consumidoras.
Sin embargo, en agosto del 2020 entró en vigor la Ley Orgánica contra el Consumo y Microtráfico que reformó la Ley Orgánica de Prevención Integral de Drogas y establece normativa que nuevamente vulnera los derechos de las personas usuarias de sustancias y se va en contra de la protección jurídica a no ser criminalizados.
Dicha criminalización puede incidir en la forma de construir un tejido social, pues “la sociedad está hecha de relaciones sociales que forman un tejido o entramado, dichas relaciones emergen, se reproducen, cambian y desaparecen o se transforman con el paso del tiempo. Hablar de tejido social es hablar de relaciones o vínculos sociales y a las redes que se construyen a partir de éstos, donde existen personas, familias y comunidades en un contexto social determinado, tipos de comportamientos, varias formas de interactuar entre las personas, prácticas y dinámicas culturales (Lorruso, 2021, p. 267).
Este tejido social puede estar fortalecido, debilitado o destruido debido a diferentes factores, siendo los factores sociales o comunitarios los más determinantes en su configuración y con relación a la temática tratada en esta investigación, si el tejido social está destruido puede generarse aislamiento o exclusión de las personas consumidoras, debido al debilitamiento o pérdida de sus redes sociales. Por esto, es importante el fortalecimiento o reconstrucción del tejido social, lo cual requiere de intervenciones o estrategias integrales que involucren a todos los actores y fortalezcan el sentido de comunidad.
Esto permitirá generar pertenencia, es decir que las personas se sientan parte de la comunidad y se identifique con ella, así se fortalecen los vínculos, se genera cohesión social, se promueve la participación activa y se construye colectividad. Por otro lado, para fortalecer este sentido de vivir en comunidad, debe existir una convivencia armónica, enfocada en el bien común y la construcción de una sociedad más humana y justa.
Es entonces relevante hablar del desarrollo de las habilidades para la vida, las cuales son el conjunto de habilidades cognitivas, sociales y emocionales que nos permiten partir de lo que se sabe, cree, siente o piensa para alcanzar las capacidades necesarias para desenvolverse apropiadamente en la vida diaria” (Cardoso, Dubini, Fantino y Ardiles, 2011, p. 110 en Ministerio de Educación, 2024, p.7).
También conocidas como “habilidades blandas” o “habilidades socioemocionales” y si bien, teóricamente se pueden clasificar las habilidades en cognitivas, sociales y emocionales, es importante tener en cuenta que estas no se desarrollan por separado.
Las habilidades sociales y emocionales se aprenden y desarrollan a lo largo de toda la vida; su progreso implica entender que están articuladas con el desarrollo de las habilidades cognitivas que, en conjunto, deben ser impulsadas en todos los entornos de interacción de las personas.
Los programas que permiten aprender habilidades para afrontar situaciones complejas de la vida aportan al desarrollo de competencias sociales generales, incluido el bienestar mental y emocional. Estos, incluyen componentes de desarrollo y normalmente no incluyen contenido sobre sustancias específicas (UNODC, 2023, p.48).
Con relación a lo abordado en esta investigación, las Normas Internacionales para la Prevención del Uso de Drogas de la UNODC, describen las intervenciones y políticas que han generado resultados positivos en temas de prevención del consumo de drogas, y que, además están basadas en evidencia científica, establecen que las intervenciones enfocadas en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades para la vida durante la niñez y adolescencia generan resultados positivos en temas de prevención.
Esto debido a que, son un factor de protección que permite contrarrestar las presiones sociales para el uso o consumo uso de drogas. En este sentido, el artículo 9 de la Ley de Prevención Integral de Drogas (2020), establece que, como parte de la prevención en el ámbito educativo, se debe propiciar el relacionamiento entre pares y espacios de enseñanza y aprendizaje, para generar conocimiento y fortalecer las habilidades sociales para la vida.
Asimismo, en el marco de la ciencia de la prevención que establece lo que es y no es eficaz para prevenir el consumo de drogas, la Organización Mundial de la Salud y Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2008) han establecido estándares mínimos para considerar en la implementación de programas de prevención integral del uso y consumo de drogas. La esta evidencia disponible indica cómo debe aplicarse cada estrategia y analiza de qué manera las intervenciones y las políticas deben encajar en el sistema nacional de prevención a fin de que apoyen y sostengan su desarrollo e implementación.
Sobre esto, es relevante indicar que ninguna intervención puede ser desarrollada o implementada de forma aislada y además, deben cumplir con las siguientes características: 1) Contar con marcos normativos; 2) Contar con una metodología que guíe su planificación, implementación, monitoreo y evaluación; 3) Reducir factores de riesgo y fortalecer factores de protección; 4) Estar basadas en evidencia; 5) Responder a necesidades y características de cada población; 6) Llegar a la población desde diferentes espacios y múltiples entornos: familias, instituciones educativas comunidades, lugares de trabajo, entre otros.
Bajo esta premisa, se hace necesaria la existencia de un sistema nacional eficaz de prevención integral del consumo de drogas, que determine varias intervenciones para que sean aplicadas en los diferentes ámbitos y que estén dirigidas a las diferentes edades.
Esto, tomando en cuenta que la prevención integral es el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas por el Estado, instituciones y otras personas involucradas, y deben encaminarse a intervenir con participación intersectorial sobre las diferentes manifestaciones del fenómeno de las drogas, con enfoque de derechos humanos, donde se priorice el desarrollo de las capacidades y potencialidades de la persona, su familia y su entorno, el mejoramiento de su calidad de vida, su tejido de lazos afectivos y soportes sociales (Asamblea Nacional, 2020, p.5).
En el marco de la temática de esta investigación, como parte de la protección integral establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia, el artículo 78 establece que también que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra el consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y substancias psicotrópicas.
“La doctrina de protección integral de niñas, niños y adolescentes es un derecho fundamental garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados y normas internacionales de Derechos Humanos. Esta doctrina considera los siguientes fundamentos: 1) El niño/a o adolescente es sujeto de derechos; 2) El niño/a o adolescente es capaz; 3) El niño/ a o adolescente tiene la necesidad de respeto especial a su condición de persona en desarrollo; 4) El niño/a o adolescente tiene una percepción autónoma de sus necesidades, de su situación y de la situación que le rodea” (Vergara, Peña y Vergara, 2015 en González, F., et al., 2020, p.67).
En el Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia (2022) indica que tanto el Estado, como la sociedad y la familia deben garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes para conseguir su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos, desde la libertad, dignidad y equidad, en el marco del interés superior y de acuerdo con la doctrina de protección integral.
De esta manera, la protección integral es permite la satisfacción de las necesidades y cumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la implementación de medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas desde el Estado, la sociedad y la familia.
En el Ecuador, el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia es “un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que definen, ejecutan; controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el propósito de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia; define medidas, procedimientos; sanciones y recursos, en todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes […]” (CONA, 2022, p.53).
Este sistema tiene debe garantizar que todos los organismos que lo conforman implementen las políticas de protección integral para niñez y adolescencia, en el marco de sus competencias y atribuciones.
Metodología
La presente investigación tiene un enfoque mixto debido a que, combina el enfoque cuantitativo y cualitativo. Es cuantitativo porque para el análisis de las variables “Factores de riesgo sociales y comunitarios” y “Criminalización del consumo”, se partió de planteamientos específicos y delimitados, y se utilizó la recolección de datos con base a una medición numérica y un análisis estadístico. Esto, con el fin de interpretar los resultados obtenidos y explicar cómo se relacionan con el conocimiento ya existente, estableciendo conclusiones sobre dichas variables.
Por otro lado, es cualitativo porque para analizar las variables “Habilidades para la vida”, “Estrategias preventivas”, “Construcción del tejido social” y “Protección integral”, no se basó en métodos de recolección de datos estandarizados o predeterminados completamente, sino que se propuso una recolección y análisis de datos cualitativos desde una perspectiva interpretativa, que permite responder a la pregunta de investigación planteada y analizar las variables propuestas.
El diseño de la investigación es de tipo cuantitativo no experimental, ya que no existió manipulación intencionada de variables y sólo se observan situaciones ya existentes para analizarlas, en este caso la criminalización del consumo de drogas en estudiantes y los factores de riesgos sociales y comunitarios asociados a ese consumo. Su alcance es transeccional correlacional-causal porque se describen relaciones entre las variables, se establece la incidencia de las variables independientes sobre las variables dependientes en un momento determinado en términos correlacionales y en función de la relación causa-efecto.
Así también, es de tipo cualitativa fenomenológica porque busca explorar, describir y comprender las habilidades para la vida y su incidencia en la construcción del tejido social desde estudiantes, así como las estrategias de prevención del consumo de drogas y su incidencia en la protección integral de estudiantes.
En esta investigación se aplicaron los métodos deductivo y analítico. Para la parte cuantitativa se aplicó una encuesta a profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil del Distrito Educativo 17D06 de Quito, en vista de que es el distrito en el cual se han registrado mayor número de casos de uso y consumo de drogas en Quito durante los años 2022 y 2023.
El universo de profesionales DECE del Distrito 17D06 es de 135, entre DECE distritales e institucionales. Por tal razón, se determinó una muestra de 101, con un marco de confianza de 95% y un margen de error del 5%.
Para lo cualitativo de la investigación se aplicaron entrevistas a personas expertas en las temáticas abordadas en esta investigación.
Resultados y discusión
Resultados
Se aplicó una encuesta de percepción a 101 profesionales DECE con la finalidad de obtener información sobre las variables “Factores de riesgo sociales y comunitarios” y “Criminalización del consumo”. Al respecto, se identificaron los siguientes resultados:
Tabla 1. Existencia de factores sociales y comunitarios asociados al consumo de drogas en estudiantes de bachillerato.
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Si existen |
No existen |
Total |
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N° |
% |
N° |
% |
N° |
% |
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Percepción DECE |
89 |
88.12% |
12 |
11.88% |
101 |
100% |
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales DECE del Distrito 17D06.
De acuerdo con la encuesta aplicada a 101 profesionales DECE del Distrito 17D06, se identificó que 89 profesionales, que equivalen al 88.12%, consideran que SÍ existen factores sociales y comunitarios que pueden conducir a las y los estudiantes al consumo de drogas. Por otro lado, 12 profesionales, que equivalen al 11.88% NO consideran que existan.
Tabla 2. Relación entre la reducción de factores sociales y comunitarios y la reducción del consumo de drogas en estudiantes de bachillerato
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Si se reduce |
No se reduce |
Total |
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N° |
% |
N° |
% |
N° |
% |
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Percepción DECE |
86 |
85.15% |
15 |
14.85% |
101 |
100% |
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales DECE del Distrito 17D06.
De acuerdo con la encuesta aplicada a 101 profesionales DECE del Distrito 17D06, se identificó que 86 profesionales, que equivalen al 85.15%, SÍ consideran que al reducir los factores sociales o comunitarios se puede reducir el consumo de drogas en estudiantes; mientras que, 15 profesionales, que equivalen al 14.85% NO lo consideran.
Tabla 3. Relación del consumo de drogas con la delincuencia.
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Si consume comete delito |
Si consume no comete delito |
Total |
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N° |
% |
N° |
% |
N° |
% |
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Percepción DECE |
22 |
21.78% |
79 |
78.22% |
101 |
100% |
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales DECE del Distrito 17D06.
De acuerdo con la encuesta aplicada a 101 profesionales DECE del Distrito 17D06, se identificó que 22 profesionales, que equivalen al 21.78%, si creen que un/a estudiante que consume drogas está cometiendo un delito; mientras que, 79 profesionales, que equivalen al 78.22%, no creen que un/a estudiante que consume drogas está cometiendo un delito.
Para obtener información sobre la variable “Habilidades para la vida” se realizó una entrevista a una experta del Proyecto “Desarrollo de la Estrategia para el Abordaje Integral del Fenómeno Socio económico de las Drogas y Fortalecimiento de la Salud Mental” del Ministerio de Salud, dentro de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:
El desarrollo o fortalecimiento de las habilidades para la vida SÍ aporta a la prevención del consumo de drogas en estudiantes debido a que son un factor de protección, por tanto, el trabajar estas habilidades durante la niñez y adolescencia generan resultados positivos en temas de prevención. Las habilidades en las que se debe trabajar para prevenir el consumo de drogas son las siguientes: a) Cognitivas: autoconocimiento, pensamiento crítico, toma de decisiones; b) Sociales: comunicación asertiva, manejo de conflictos, afrontamiento y resistencia al consumo; c) Emocionales: manejo de emociones y sentimientos, manejo de estrés y tensiones.
Para obtener información sobre la variable “Construcción del tejido social” se realizó una entrevista a una experta de la Unidad de Prevención Integral de Adicciones y Salud Mental de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, dentro de la cual se obtuvo el siguiente resultado sobre la relación entre el desarrollo o fortalecimiento de habilidades sociales para aportar al fortalecimiento del tejido social:
El desarrollar o fortalecer las habilidades para la vida en estudiantes permite aportar al fortalecimiento del tejido social ya que la familia, la escuela y el barrio suelen ser los entornos en los que las personas socializan, establecen amistades, tejen lazos. Los entornos escolares son propicios para trabajar con niños, niñas y adolescentes, ya que constituyen espacios estructurados que los congregan y facilitan su participación. Además, las edades escolares incluyen aquellos años en los que las personas construyen su identidad, afianzan sus intereses y desarrollan conocimientos y habilidades para su vida, mismas que serán afianzadas en algunos casos, en los casos que los que se trabajan en entornos familiares, o descubiertas en otros.
Entonces, frente a la realidad actual, en la que las y los estudiantes suelen socializar a través de una pantalla o personaje / avatar creado en un juego virtual, que minimiza y debilita las relaciones interpersonales, resulta indispensable que se fomente el desarrollo de habilidades para la vida como el pensamiento crítico, la empatía o la comunicación asertiva, necesarias para la convivencia. Esto permitirá que las y los estudiantes reconozcan sus intereses, hablen de ellos o se vinculen con personas similares, sin dejar de ser empáticos/as con aquellos/as que viven una realidad o postura distinta.
Para obtener información sobre la variable “Estrategias preventivas” se realizó una entrevista a un experto de la sociedad civil con experiencia en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC. En esta entrevista, se obtuvieron los siguientes resultados:
Sobre las características que deben tener las intervenciones para prevención integral de drogas, es importante considerar lo establecido en las Normas Internacionales para la Prevención del Uso de Drogas de la UNODC, dentro de estas se plantea que las intervenciones deben abordarse de manera integral, partir de las necesidades del público objetivo, trabajar por grupos etarios y en diferentes contextos o ámbitos, estar basadas en evidencia, enfocarse a reducción de factores de riesgo y fortalecer factores de protección en todos los niveles individuales, familiares, educativos, sociales, comunitarios. Deben abordar también las dinámicas contextuales que tienen que ver con los factores de riesgo frente al consumo y no sólo centrarse en lo individual, deben proponer el trabajo con familias en temas de habilidades de crianza, trabajar en habilidades para la vida con niñas, niños y adolescentes, trabajar desde políticas enfocadas en la prevención de la deserción y abandono escolar.
Para obtener información sobre la variable “Protección Integral” se realizó una entrevista a una experta de la academia con experiencia en temas de protección integra. En esta entrevista, se obtuvieron los siguientes resultados:
Respecto a la relación entre protección integral de niñas, niños y adolescentes y la prevención del consumo de drogas, la experta nos indicó que existe una relación muy cercana en cuanto se identifica como tal un bien, digamos, a nivel jurídico, que en este caso sería la integridad en todas sus formas de niñas, niños, niñas y adolescentes. También hay un bien de carácter social que no está relacionado ahí directamente con el orden público, sino más bien con todo lo relacionado al bienestar en temas de salud.
La experta refiere a que, mientras más se cuida la salud, más se garantiza la integridad de niñas, niños y adolescentes. Entonces la relación es fuerte ya que, tanto en la protección como en la prevención integral, se está protegiendo a esta población y sus derechos. Por tal motivo, el sistema de protección integral debe generar políticas y estrategias sociales relacionadas a la prevención, atención y abordaje del consumo de drogas.
Discusión
Desde la perspectiva de prevención integral, existen factores de riesgo sociales y comunitarios que colocan a una persona en situación de vulnerabilidad frente al consumo de drogas.
Es así como, las y los profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil del Distrito Educativo 17D06, identificaron los siguientes factores que pueden conducir a las y los estudiantes de bachillerato al consumo de drogas: alta disponibilidad y acceso fácil a las drogas, falta de espacios para el buen uso del tiempo libre, entorno de pares consumidores de drogas, baja percepción del riesgo de consumir, normalización del consumo de drogas, presión social para consumir, desigualdad social, desempleo, pobreza, mendicidad, violencia e inseguridad, exclusión social y tejido social deteriorado, delincuencia, escasa regulación del espacio público, publicidad sobre drogas en medios de comunicación y redes sociales, falta de información, violencia intrafamiliar, incremento de la migración, consumo en familias, falta de control policial y en familias.
Todos estos factores identificados por las y los profesionales DECE se relacionan con aspectos sociales y comunitarios, evidenciando lo planteado desde el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación (2020).
Por esta razón, también se evidencia en esta investigación que, si se reducen estos factores sociales o comunitarios se puede reducir esa probabilidad de consumo de drogas en estudiantes. Para dicha reducción, se deben fortalecer los factores de protección y al ser sociales y comunitarios, se lo debe realizar desde una prevención comunitaria y desde la perspectiva de justicia social, ya que ambas van de la mano. El acceso a derechos y a oportunidades permite prevenir y abordar esos aspectos sociales y comunitarios que pueden llevar a una persona a consumir drogas.
Es decir que, si todas las personas llegan a tener una vida digna con igualdad de oportunidades y acceso a derechos fundamentales se construye una comunidad donde las y los estudiantes pueden desarrollar al máximo sus potencialidades; y, por tanto, se reduce esa situación de vulnerabilidad frente al consumo de drogas (Clayton, 1992 en Peñafiel, 2009, p.148-150), el estigma social y la discriminación que inciden en la criminalización del consumo en estudiantes de bachillerato.
Al no existir esta criminalización, se puede fortalecer el tejido social, porque se construyen comunidades a partir de relaciones sociales más justas y equitativas en contexto social determinado, con tipos de comportamientos, formas de interactuar entre las personas, tal y como lo planteaba Lorruso (2021).
Si el tejido social se encuentra fortalecido, se puede hablar de una comunidad donde existe una convivencia armónica, enfocada en el bienestar común. Para mantener dicha convivencia, se deben desarrollar o fortalecer las habilidades para la vida pues como lo dijo Cardoso (2011), éstas permiten a una persona desenvolverse apropiadamente en la vida diaria.
En este caso específico, el desarrollo o fortalecimiento de habilidades para la vida en estudiantes de bachillerato no solo va a prevenir el consumo de drogas en esta población, sino que además se va a incidir en la construcción del tejido social. El trabajar en dichas habilidades se convierte en un factor de protección ante las presiones sociales, que es un factor de riesgo social asociado al consumo.
De ahí que, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2023) dentro de las Normas Internacionales para la Prevención del Uso de Drogas haga énfasis en que las intervenciones se enfoquen en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades para la vida durante la niñez y adolescencia.
El establecer estrategias preventivas adecuadas, permite garantizar la protección integral de las y los estudiantes contra el consumo de drogas. Para esto, se deben considerar los estándares mínimos para la implementación de programas de prevención integral, los cuales no pueden implementarse de manera aislada.
Es así como, se evidencia la necesidad de contar con un sistema de prevención integral de drogas, en el cual se cuente con varias intervenciones y políticas desde diferentes ámbitos. Esto, enmarcado en lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia (2022) sobre el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia.
Conclusiones
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación y la discusión realizada en el apartado anterior, se concluye lo siguiente:
• La comunidad incide en la prevención integral de drogas en estudiantes de bachillerato del Distrito Educativo 17D06.
• Existen factores de riesgo sociales y comunitarios que inciden en la criminalización del consumo en estudiantes de bachillerato del Distrito Educativo 17D06.
• Las habilidades para la vida inciden en la construcción del tejido social desde estudiantes de bachillerato del Distrito Educativo 17D06.
• El determinar estrategias preventivas incide en la protección integral de estudiantes de bachillerato del Distrito Educativo 17D06.
Referencias
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