Artículo de Investigación
DOI: https://doi.org/10.56124/tj.v7i16.016
FAMILIA, DERECHOS Y DISCAPACIDAD EN EL CANTÓN SANTA ISABEL, AZUAY
FAMILY, RIGHTS AND DISABILITY IN THE CANTON OF SANTA ISABEL, AZUAY
Jenny Catalina Durán Oleas
https://orcid.org/0000-0001-6884-0442
Universidad de Cuenca, UCUENCA
Wilson Fernando Sánchez Loja
https://orcid.org/0000-0001-8784-3446
Universidad de Cuenca, UCUENCA
fernando.sanchez@ucuenca.edu.ec
Blanca Esperanza Gutiérrez Molina
https://orcid.org/0009-0008-4697-4958
Universidad de Cuenca, UCUENCA
blanca.gutierrezm@ucuenca.edu.ec
Resumen
Este estudio se centra en la caracterización de las familias con miembros con discapacidad en el Cantón Santa Isabel, Azuay, durante el período 2022-2024. El objetivo fue analizar la situación socioeconómica y el acceso a servicios de estas familias, considerando su estructura, tipos y niveles de apoyo recibidos. Se adoptó un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo y transversal, y se utilizó una muestra probabilística de más de 300 familias, a quienes se aplicaron cuestionarios estandarizados y encuestas. Los datos obtenidos revelaron una situación de vulnerabilidad, caracterizada por altos niveles de desempleo y baja escolaridad entre los miembros de estas familias, lo cual limita su acceso a servicios esenciales. Asimismo, un porcentaje significativo de los hogares reportó desconocer las políticas de inclusión disponibles, lo que evidencia una falta de recursos informativos y de apoyo social. Se concluye que las familias enfrentan barreras estructurales y culturales para lograr una inclusión efectiva, lo que subraya la necesidad de políticas públicas integrales que involucren tanto a las personas con discapacidad como a su entorno familiar, promoviendo la cohesión y el acceso a recursos. Este estudio ofrece una base empírica para futuras intervenciones en apoyo a estas familias.
Palabras claves: Discapacidad, derechos, familia.
Abstract
This study focuses on the characterization of families with members with disabilities in the Santa Isabel Canton, Azuay, during the period 2022-2024. The objective was to analyze the socioeconomic situation and access to services of these families, considering their structure, types and levels of support received. A quantitative approach was adopted, with a descriptive and cross-sectional design, and a probabilistic sample of more than 300 families was used, to whom standardized questionnaires and surveys were applied. The data obtained revealed a situation of vulnerability, with high levels of unemployment and low schooling among the members of these families, limiting their access to essential services. Likewise, a significant percentage of households reported being unaware of the inclusion policies available, which reflects a lack of information resources and social support. It is concluded that families face structural and cultural barriers to achieve effective inclusion, which highlights the need for comprehensive public policies that involve both people with disabilities and their family environment, promoting cohesion and access to resources. This study offers an empirical basis for future interventions to support these families.
Keywords: Disability, family, rights
Introducción
La discapacidad es una condición que afecta a una gran parte de la población mundial, implicando barreras no solo físicas, sino también socioeconómicas y culturales, que limitan el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y el empleo (UNICEF, 2023), según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad, una cifra que ha aumentado debido al envejecimiento poblacional y el incremento de enfermedades crónicas. En Ecuador, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) reporta que 471,205 personas viven con alguna discapacidad, siendo especialmente vulnerables aquellos que residen en áreas rurales, donde el acceso a servicios y oportunidades es limitado (Albuja & Vinueza, 2024).
El entorno familiar es fundamental en la vida de las personas con discapacidad, pues proporciona el principal soporte emocional, económico y social. Sin embargo, este contexto puede volverse complejo debido a la sobrecarga emocional y financiera que implica cuidar a un miembro de la familia con necesidades especiales. Las familias ecuatorianas que incluyen personas con discapacidad suelen enfrentar retos significativos, desde la falta de servicios adecuados hasta el estigma social, lo cual limita su inclusión y participación en la vida social y económica del país (Vera & Moreira, 2021). Tolmos et al. (2023) sostienen que en áreas rurales, la falta de sistemas de apoyo convierte a la familia en el sostén primario, sobrecargando emocional y económicamente a los cuidadores. En este sentido, el rol de la familia es clave para la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad, pero también plantea desafíos importantes que requieren atención sistemática y apoyos gubernamentales (Gonzalvo, 2022).
La discapacidad no solo impacta al individuo, sino que afecta de manera considerable a la familia, que debe adaptar sus dinámicas y recursos para atender las necesidades específicas de sus miembros. Esto es especialmente crítico en las áreas rurales de Ecuador, donde los recursos para apoyar a las familias de personas con discapacidad son escasos y las políticas públicas aún no logran un alcance efectivo. Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador (2023), en regiones como el Cantón Santa Isabel, Azuay, las limitaciones en infraestructura y acceso a servicios de salud perpetúan un ciclo de pobreza y exclusión que impacta directamente en estas familias.
En Ecuador, la situación de las personas con discapacidad representa un desafío crítico que abarca aspectos sociales, familiares y legales. Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), a enero de 2022 existen 471,205 personas registradas con algún tipo de discapacidad en el país. Estas personas enfrentan diversas barreras para acceder a derechos fundamentales, como educación, empleo y servicios de salud, lo que acentúa su vulnerabilidad y exclusión social. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado esta situación, afectando de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad, quienes han experimentado una reducción en el acceso a servicios esenciales y un aumento en las tasas de pobreza y marginación. Ramos Pacheco (2022) también señala que las políticas de inclusión financiera han tenido un impacto limitado en la realidad de estas personas, particularmente en las zonas rurales donde el acceso a servicios financieros y laborales es escaso.
En la Constitución de 2008, Ecuador prioriza a los grupos vulnerables, incluyendo personas con discapacidad, quienes deben recibir atención integral en salud, educación y servicios de apoyo para asegurar una vida digna (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Esta protección se refuerza especialmente para aquellos en situación de "doble vulnerabilidad", subrayando la urgencia de políticas inclusivas y apoyo familiar (Guevara Merchán et al., 2024). Guevara Merchán et al. (2024) destacan cómo factores como la pobreza y la exclusión laboral empujan a personas con discapacidad en Cuenca hacia la mendicidad, exponiéndolas a "daños físicos y psicológicos" (p. 106).
A pesar de avances legales, como la ratificación de la CDPD, persisten barreras significativas para acceder a salud, educación y empleo, lo que restringe la participación plena de las personas con discapacidad (Valarezo, 2017). La falta de datos inclusivos y una coordinación deficiente entre entidades gubernamentales dificultan la implementación de políticas efectivas, situación que Albuja y Vinueza (2024) consideran urgente de abordar mediante la recopilación de datos precisos.
La "Ley Orgánica de Discapacidades" (Ley N° 796) de 2012 establece derechos de protección, prevención y rehabilitación, aunque su implementación enfrenta retos, especialmente en zonas rurales con recursos limitados y lejanía de servicios (Fernández Naula, 2023). Tolmos et al. (2023) señalan que en estas áreas, la familia es el principal apoyo de las personas con discapacidad, lo cual impone una carga considerable sobre los cuidadores.
El análisis de la relación entre familia, derechos y discapacidad en Ecuador es crucial, dada la discriminación y las barreras de acceso en áreas rurales como el Cantón Santa Isabel (Casa Hogar Betania, 2022). La falta de datos específicos sobre las necesidades de estas familias limita la efectividad de las políticas inclusivas y programas de apoyo (Vera & Moreira, 2021).
Metodología
La presente investigación adoptó un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo y transversal, adecuado para estudiar y caracterizar una realidad específica en un momento determinado. Este diseño permitió recopilar información detallada sobre las familias en el Cantón Santa Isabel, Azuay, que incluyen miembros con discapacidad, identificando aspectos como el tipo de familia, su composición y el acceso a derechos y servicios. El enfoque cuantitativo y el diseño transversal resultan útiles para describir y analizar fenómenos sociales en una muestra representativa, lo cual favorece la obtención de resultados generalizables y objetivos que pueden emplearse para futuras investigaciones o intervenciones sociales (Sampieri, Collado & Lucio, 2014).
La investigación se llevó a cabo en el Cantón Santa Isabel entre enero de 2022 y diciembre de 2024, mediante un muestreo probabilístico representativo para asegurar que cada familia tuviera una probabilidad igual de ser seleccionada. El muestreo probabilístico es ideal en estudios cuantitativos, ya que permite la selección de una muestra representativa y reduce el sesgo en la recolección de datos (Sampieri et al., 2014). Con una muestra de más de 300 familias, la selección se basó en los registros oficiales de las instituciones estatales, garantizando que los resultados reflejen adecuadamente las características y necesidades de las familias del cantón. Esta muestra fue calculada para obtener un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, lo cual asegura la validez estadística de los resultados (Hernández et al., 2018).
Para la recolección de datos, se utilizaron cuestionarios estandarizados y encuestas, herramientas que permiten obtener datos precisos y cuantificables sobre variables como el tipo de familia, el acceso a servicios y el bienestar percibido (Sampieri et al., 2014). Los cuestionarios estandarizados son recomendables en investigaciones de este tipo porque posibilitan la comparabilidad de los datos y reducen las variaciones en las respuestas (Sánchez-Vítores y Rodríguez-Menés,2023).
En cuanto a las técnicas estadísticas, se emplearon métodos de estadística descriptiva e inferencial para el análisis de los datos cuantitativos. La estadística descriptiva incluyó distribuciones de frecuencia y porcentajes (Field, 2013). La utilización de estas técnicas permitió generar conclusiones basadas en evidencias empíricas, respaldando los objetivos de la investigación y proporcionando un marco robusto para los hallazgos obtenidos.
Para el análisis de las encuestas se empleó una codificación temática, técnica recomendada por varios autores para identificar patrones y temas recurrentes en las respuestas (Braun & Clarke, 2006). La investigación contó con la aprobación del Consejo Científico y del Comité de Ética de la institución donde se desarrolló, en cumplimiento con las normativas éticas y científicas vigentes. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado que detallaba los propósitos del estudio, el carácter voluntario de su participación y la confidencialidad de sus respuestas, siguiendo los principios éticos de respeto y protección a los participantes (Hernández et al., 2018). Esta aprobación respalda la transparencia y confiabilidad del estudio, asegurando que la investigación se realizó bajo estándares éticos rigurosos.
Resultados y discusión
Resultados
Los resultados de este estudio proporcionan una visión detallada de la situación de las familias en el Cantón Santa Isabel, Azuay, que incluyen a personas con discapacidad. A través de los datos obtenidos, se expone la prevalencia de la discapacidad, las características sociodemográficas de los miembros familiares, la estructura ocupacional, el nivel de instrucción y los factores económicos que afectan a estas familias. Además, se examina la relación familiar y los recursos de apoyo disponibles, así como el conocimiento de las políticas públicas a favor de las personas con discapacidad en la región. Las tablas presentadas a continuación reflejan los aspectos más relevantes de cada variable estudiada, ofreciendo una perspectiva integral de las condiciones de vida y los recursos disponibles para esta población.
Situación socioeconómica de las familias con discapacidad
Categoría: Situación de la discapacidad
Tabla 1. Presenta algún tipo de discapacidad
|
¿La persona presenta algún tipo de discapacidad? |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Sí |
46 |
5 |
|
No |
852 |
95 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
El 5% de las personas encuestadas en el Cantón Santa Isabel indicó tener algún tipo de discapacidad, mientras que el 95% afirmó no tener ninguna discapacidad. Estos datos resaltan la baja prevalencia de discapacidad en la muestra total, aunque evidencian un grupo significativo que requiere atención y apoyo especializado en la comunidad.
Tabla 2. Edad
|
Edad en años cumplidos |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
De 0 a 10 |
99 |
11 |
|
De 11 a 20 |
146 |
16 |
|
De 21 a 30 |
138 |
15 |
|
De 31 a 40 |
106 |
12 |
|
De 41 a 50 |
85 |
9 |
|
De 51 a 60 |
126 |
14 |
|
De 61 a 70 |
89 |
10 |
|
De 71 a 80 |
69 |
7 |
|
De 81 a 90 |
49 |
5 |
|
De 91 a 97 |
11 |
1 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
La mayoría de los participantes se encontró en el rango de 11 a 20 años (16%) y de 21 a 30 años (15%), lo que sugiere que una parte importante de la población estudiada está en etapas de adolescencia y adultez joven. También se observó que el 14% de la población está entre los 51 y 60 años, reflejando una representación considerable de adultos mayores que pueden requerir apoyo específico.
Tabla 3. Sexo
|
Sexo |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Mujer |
466 |
51 |
|
Hombre |
452 |
49 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
El 51% de los encuestados fueron mujeres, mientras que el 49% fueron hombres, mostrando una distribución equilibrada en cuanto al sexo de los participantes. Esta igualdad de género en la muestra permite observar el impacto de la discapacidad en ambos sexos de manera proporcional en la comunidad.
Tabla 4. Género
|
Género |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Femenino |
469 |
51 |
|
Masculino |
449 |
49 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
Los datos indicaron que el 51% se identificó como de género femenino y el 49% como de género masculino, lo que coincide con los datos de la tabla anterior y confirma una distribución equitativa de género en la población encuestada. Esta proporción asegura la representatividad de los hallazgos para ambos géneros.
Tabla 5. Tipo de discapacidad que padece
|
¿Qué tipo de discapacidad padece? |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Intelectual |
121 |
40 |
|
Motora o física |
113 |
37 |
|
Visual |
31 |
10 |
|
Auditiva |
26 |
9 |
|
Psicosocial |
14 |
4 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
Entre los tipos de discapacidad reportados, el 40% corresponde a discapacidad intelectual, seguido por el 37% con discapacidad motora o física, el 10% con discapacidad visual, el 9% con discapacidad auditiva, y el 4% con discapacidad psicosocial.
Tabla 6. La persona presenta algún tipo de necesidad educativa especial
|
¿La persona presenta algún tipo de necesidad educativa especial? |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Sí |
46 |
5 |
|
No |
852 |
95 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
El 5% de los encuestados indicó que presenta algún tipo de necesidad educativa especial, mientras que el 95% no tiene esta condición. Este bajo porcentaje de necesidades educativas especiales sugiere una menor proporción de personas que requieren adaptaciones curriculares o apoyos específicos en el ámbito educativo en comparación con la población general.
Tabla 7. Relación de parentesco con la persona con discapacidad
|
Relación de parentesco con la persona con discapacidad / o persona con necesidades educativas especiales |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Abuelos |
9 |
2 |
|
Hermana |
38 |
8 |
|
Hermano |
51 |
11 |
|
Hija |
10 |
2 |
|
Hijo |
13 |
3 |
|
Madre |
69 |
15 |
|
Padre |
44 |
10 |
|
Otro |
225 |
49 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
La mayoría de los encuestados que respondieron sobre la relación de parentesco corresponde a familiares no directos (49%), seguido por la madre (15%) y el hermano (11%). Estos datos indican que, en su mayoría, las personas que conviven con un miembro con discapacidad son familiares cercanos, especialmente madres y hermanos, quienes desempeñan un rol fundamental en el apoyo diario.
Categoría: Familia
Tabla 8. Persona que responde la encuesta
|
La persona que responde esta encuesta es: |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Persona con discapacidad o necesidades educativas especiales (recomendado) |
149 |
53 |
|
Tutor de la persona con discapacidad o necesidades educativas especiales (persona que cuida de la persona con discapacidad) |
123 |
43 |
|
Jefe de familia, no tutor de la persona con discapacidad |
7 |
2 |
|
Otro miembro de la familia (en caso de no poder responder la información) |
5 |
2 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
Entre los encuestados, el 53% corresponde a la propia persona con discapacidad o con necesidades educativas especiales, y el 43% son tutores de dicha persona. Esto destaca la participación directa de las personas con discapacidad en la encuesta, lo cual permite una representación precisa de sus necesidades y percepciones.
Tabla 9. Detalle de la relación de parentesco con la persona con discapacidad
|
Detalle la relación de parentesco con la persona con discapacidad |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Abuelos |
8 |
2 |
|
Cuidadores |
44 |
9 |
|
Cuñados |
7 |
1 |
|
Es quien responde |
46 |
9 |
|
Esposa |
54 |
11 |
|
Esposo |
23 |
5 |
|
Hermanos |
11 |
2 |
|
Hija |
12 |
2 |
|
Hijo |
5 |
1 |
|
Madre |
69 |
14 |
|
Nieta |
17 |
3 |
|
Nieto |
21 |
4 |
|
Padre |
46 |
9 |
|
Otros |
62 |
12 |
|
No aplica |
78 |
16 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
En esta categoría, el 14% de los encuestados son madres de la persona con discapacidad, mientras que el 12% corresponde a otros parientes, y el 9% son padres. La presencia de madres como principales cuidadoras refuerza la tendencia observada en el rol fundamental que cumplen en el cuidado y apoyo de sus familiares con discapacidad.
Tabla 10. Nivel de instrucción
|
¿Cuál es su nivel de instrucción que cursa actualmente o más alto que completó en caso de ya no seguir estudiando? |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Primaria |
463 |
51 |
|
Bachillerato |
169 |
18 |
|
Universitaria |
33 |
4 |
|
Ninguno (no completa o inicia primaria) |
212 |
23 |
|
Analfabeto (no lee ni escribe) |
41 |
4 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
La mayoría de los encuestados (51%) indicó tener un nivel de instrucción primaria, mientras que un 23% no ha completado o iniciado la primaria y un 4% es analfabeto. Estos datos resaltan una baja escolaridad en la población, lo cual podría limitar sus oportunidades de acceso a servicios y derechos.
Tabla 11. Ocupación
|
Ocupación |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Agricultor |
219 |
24 |
|
Desocupado / ninguna |
209 |
23 |
|
Quehaceres domésticos |
172 |
19 |
|
Estudiante |
142 |
15 |
|
Comerciante |
16 |
2 |
|
Ganadero |
16 |
2 |
|
Jubilado |
13 |
1 |
|
Otro |
131 |
14 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
La ocupación más común fue la agricultura (24%), seguida por quienes no reportan una ocupación (23%) y los quehaceres domésticos (19%). Esto sugiere que la mayoría de los encuestados se dedica a actividades de subsistencia, lo que podría estar relacionado con la ubicación rural y el contexto socioeconómico del cantón.
Tabla 12. Detalle de ocupación
|
Detalle de la ocupación que tiene |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Ama de casa |
3 |
3 |
|
Albañil o construcción |
19 |
17 |
|
Chofer o taxista |
9 |
8 |
|
Cuidador o auxiliar de cuidador |
20 |
17 |
|
Otros |
50 |
44 |
|
No tiene ocupación |
13 |
11 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
Entre las ocupaciones detalladas, el 17% corresponde a cuidadores o auxiliares de cuidador y el 17% a albañiles. La diversidad de ocupaciones refleja una economía local basada en trabajos manuales y de servicio, con una baja presencia de ocupaciones calificadas.
Tabla 13. Profesión
|
Profesión |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Artesano |
22 |
3 |
|
Tecnólogo |
11 |
1 |
|
Otro |
36 |
5 |
|
Ninguna |
707 |
91 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
El 91% de los encuestados indicó no tener una profesión, lo cual puede estar relacionado con los niveles de instrucción observados en la Tabla 10. Esto implica una limitada capacidad de inserción laboral en trabajos profesionales, lo cual repercute en el ingreso familiar y en el acceso a recursos.
Estructura y roles familiares
Tabla 14. Cómo se resuelve los problemas familiares
|
Los problemas o conflictos familiares se resuelven:/no tengo conflictos (persona que vive sola o que no presenta conflictos en su núcleo familiar) |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Se resuelven conflictos |
244 |
87 |
|
No presenta conflictos |
35 |
13 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
El 87% de los encuestados señaló que resuelven los conflictos familiares, mientras que el 13% indicó no presentar conflictos. Estos resultados sugieren una disposición hacia la resolución de conflictos, lo cual puede ser positivo para la cohesión familiar y el apoyo mutuo en el hogar.
Tabla 15. Relación entre los miembros de la familia
|
A su parecer, las relaciones entre los miembros de la familia, son: |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Armoniosas |
225 |
80 |
|
Tolerables (cada quien se ocupa de lo suyo, sin molestar al otro, pero tampoco es un ambiente agradable) |
38 |
14 |
|
Conflictivas |
16 |
6 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
El 80% de los participantes percibió la relación entre los miembros de la familia como armoniosa, mientras que el 14% la describió como tolerable y el 6% como conflictiva. La percepción de relaciones armoniosas indica un ambiente familiar favorable, lo cual puede ser beneficioso para el bienestar de las personas con discapacidad.
Tabla 16. Ingreso económico aproximado que recibe el hogar
|
¿Cuál es el ingreso económico aproximado que recibe el hogar? |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
De 0 hasta 300 |
194 |
70 |
|
De 301 hasta 600 |
60 |
21 |
|
De 601 hasta 900 |
15 |
5 |
|
De 901 hasta 1200 |
7 |
3 |
|
De 1201 hasta 1500 |
3 |
1 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
El 70% de los hogares reportó un ingreso de 0 a 300 dólares mensuales, seguido de un 21% con ingresos de 301 a 600 dólares. Este nivel de ingresos refleja una situación económica precaria, que limita el acceso a servicios y recursos necesarios para el cuidado de personas con discapacidad.
Tabla 17. Integrantes de su núcleo familiar viven o trabajan de forma permanente fuera de su comunidad
|
¿Algún integrante de su núcleo familiar vive o trabaja de forma permanente fuera de su comunidad? |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Sí |
37 |
13 |
|
No |
242 |
87 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
El 87% de los encuestados afirmó que ningún integrante de su núcleo familiar vive o trabaja fuera de la comunidad, mientras que el 13% indicó que sí. La mayoría de los encuestados, por tanto, permanece en la comunidad, lo que puede favorecer la cohesión y el apoyo familiar.
Categoría: Derechos
Tabla 18. La familia recibe o no remesas del extranjero
|
¿La familia recibe remesas del extranjero? |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Sí |
35 |
13 |
|
No |
244 |
87 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
El 87% de los hogares no recibe remesas del extranjero, mientras que el 13% sí cuenta con este apoyo. La baja recepción de remesas implica una dependencia de los ingresos generados localmente, limitando el acceso a recursos económicos adicionales.
Acceso a servicios y políticas públicas
Tabla 19. El hogar recibe o no algún tipo de bono o ayuda humanitaria
|
El hogar recibe algún tipo de bono o ayuda humanitaria |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Sí, el bono de Desarrollo Humano |
99 |
36 |
|
Sí, el bono Joaquín Gallegos Lara |
42 |
15 |
|
Otro |
15 |
5 |
|
Ninguno |
123 |
44 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
El 36% de los encuestados recibe el bono de Desarrollo Humano, un 15% el bono Joaquín Gallegos Lara, y un 5% otro tipo de ayuda. Un 44% no recibe ningún tipo de ayuda. La dependencia en bonos y ayudas refleja la vulnerabilidad económica de estos hogares.
Tabla 20. El hogar sí recibe el bono de Desarrollo Humano
|
El hogar recibe algún tipo de bono o ayuda humanitaria/si, el bono de Desarrollo Humano |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
0 |
180 |
65 |
|
1 |
99 |
35 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
El 35% de los hogares reportó recibir el bono de Desarrollo Humano, mientras que el 65% no recibe este beneficio. Estos resultados indican que una parte considerable de la población no cuenta con este apoyo económico, lo cual podría agravar su situación de vulnerabilidad.
Tabla 21. Conocimiento de políticas públicas a favor de las personas con discapacidad en Santa Isabel
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¿Conoce usted si en el cantón Santa Isabel existen políticas públicas a favor de las personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales? |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Sí |
95 |
32 |
|
No |
201 |
68 |
Fuente: Elaboración propia (2024)
El 68% de los encuestados manifestó desconocer las políticas públicas a favor de las personas con discapacidad en el cantón, mientras que el 32% indicó tener algún conocimiento al respecto. Este bajo nivel de conocimiento sugiere la necesidad de mejorar la difusión y accesibilidad de la información sobre los derechos y beneficios para personas con discapacidad en Santa Isabel.
Discusión
Rol de la familia en el contexto rural
Familia
El rol de la familia en el Cantón Santa Isabel es crucial ante la falta de servicios sociales y políticas comunitarias efectivas, siendo el único sostén para las personas con discapacidad en contextos rurales. Este estudio apoya lo indicado por Vera y Moreira (2021), quienes evidencian que las familias rurales asumen prácticamente toda la responsabilidad del cuidado sin respaldo institucional. Teóricamente, se reafirma el concepto de resiliencia familiar en situaciones de alta vulnerabilidad, donde las familias adaptan su dinámica para compensar las deficiencias estructurales. El contraste con estudios previos subraya que la falta de programas de apoyo limita la cohesión familiar en Ecuador, aspecto señalado por Gonzalvo (2022). Metodológicamente, este análisis contribuye al comparar disparidades en el acceso a recursos entre áreas rurales y urbanas.
Para futuras investigaciones, es esencial desarrollar estudios longitudinales que evalúen el impacto de políticas públicas en la cohesión familiar, como sugieren Tolmos et al. (2023). Además, se recomienda implementar programas de apoyo basados en un enfoque contextualizado que considere las particularidades culturales y económicas de las comunidades, lo cual, según Albuja y Vinueza (2024), potencia la resiliencia familiar y reduce la carga de los cuidadores.
Barreras estructurales para la inclusión social
Discapacidad
Las personas con discapacidad en Santa Isabel enfrentan barreras estructurales y culturales que dificultan su inclusión, lo cual coincide con los hallazgos de Fernández Naula (2023), quien subraya la exclusión en múltiples niveles, incluyendo actitudes discriminatorias. La prevalencia de discapacidades intelectuales y motoras en el área evidencia la necesidad de servicios de rehabilitación y capacitación laboral adaptados. Este estudio, en contraste con el estado del arte, identifica la falta de investigación y desarrollo en servicios rurales, una brecha señalada también por Valarezo (2017). Metodológicamente, se aporta al integrar un enfoque inclusivo que abarca no solo barreras físicas, sino también sociales y culturales.
De cara al futuro, es imprescindible adoptar políticas inclusivas que combinen accesibilidad con educación comunitaria en derechos, fortaleciendo la participación activa de las personas con discapacidad (UNICEF, 2023). En esta línea, el estudio apunta a que los programas educativos y campañas de sensibilización serían claves para fomentar la inclusión en el ámbito rural.
Barreras estructurales para la inclusión social
Derechos
Este estudio revela una brecha crítica entre el marco legal ecuatoriano y su implementación en áreas rurales como Santa Isabel. A pesar de leyes específicas para proteger a las personas con discapacidad, los derechos rara vez se traducen en servicios tangibles. Gonzalvo (2022) advierte que la falta de información restringe a las familias en su acceso a los servicios, mientras Valarezo (2017) destaca la ineficiencia en la coordinación interinstitucional. Estos hallazgos confirman que las políticas inclusivas requieren más que un marco normativo; necesitan ser operativas y accesibles en la práctica.
Para resolver esta desconexión, futuras investigaciones deben centrarse en optimizar la difusión y acceso a los derechos en zonas rurales. Se propone implementar sistemas de monitoreo local y retroalimentación, una estrategia que, como sugiere Guevara Merchán et al. (2024), mejoraría significativamente la efectividad de las políticas inclusivas.
Conclusiones
El presente estudio confirma que las familias en el Cantón Santa Isabel son el principal soporte para las personas con discapacidad, especialmente ante la falta de programas especializados y servicios sociales. Este hallazgo refuerza la teoría de resiliencia familiar, destacando cómo las familias en contextos rurales adaptan sus dinámicas para afrontar la sobrecarga emocional y económica, como señala Gonzalvo (2022). Desde un enfoque metodológico, la caracterización detallada de estas dinámicas ofrece un marco valioso para desarrollar políticas públicas que promuevan la cohesión familiar y el alivio de estas cargas, en línea con las recomendaciones de Vera y Moreira (2021).
Los resultados también evidencian barreras estructurales y culturales que limitan la autonomía y el acceso a servicios de las personas con discapacidad en áreas rurales. Estas barreras, como lo indica Fernández Naula (2023), no solo incluyen la falta de infraestructura, sino también actitudes discriminatorias, agravadas por la desconexión entre las políticas inclusivas y su implementación efectiva en estas regiones, como señala Valarezo (2017). Metodológicamente, este estudio contribuye al identificar las necesidades específicas de estas comunidades, proponiendo programas educativos y de sensibilización adaptados al contexto rural.
El estudio resalta la brecha existente entre el marco normativo ecuatoriano y su implementación práctica, reflejando la urgencia de fortalecer los sistemas de monitoreo y retroalimentación para garantizar el acceso equitativo a los derechos y servicios. La integración de herramientas como cuestionarios estandarizados y análisis estadístico proporciona una base metodológica sólida para replicar investigaciones en otras comunidades vulnerables, generando evidencia que respalde políticas inclusivas más efectivas. Este enfoque permite avanzar hacia la equidad en la distribución de recursos y en la calidad de vida de las familias en contextos similares.
En futuras investigaciones, se recomienda profundizar en la eficacia de los programas de apoyo y en las redes de colaboración entre entidades gubernamentales y comunitarias, para adaptar las políticas inclusivas a las necesidades específicas de la población rural en Ecuador.
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