DOI: https://doi.org/10.56124/tj.v7i16.015
CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SANTA ISABEL, AZUAY
Mónica Elisabeth Mendieta Orellana
https://orcid.org/0000-0003-0704-2580
Universidad de Cuenca, UCUENCA
monica.mendieta@ucuenca.edu.ec
Mónica Janeth González-Llanos
https://orcid.org/0000-0002-1031-2150
Universidad de Cuenca, UCUENCA
monica.gonzalez@ucuenca.edu.ec
Luis Antonio Vélez Arias
https://orcid.org/0009-0004-5418-1529
Universidad de Cuenca, UCUENCA
Resumen
Aparte de sus barreras físicas, mentales o sensoriales, los individuos con discapacidad se topan con obstáculos para su inclusión en diferentes áreas de la vida; generalmente cuentan con menos posibilidades socioeconómicas; acceso limitado a la educación e índices de pobreza más elevados. Entre las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad figuran las condiciones inadecuadas de vivienda. Este estudio se realizó con el objetivo de analizar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad de la provincia del Azuay. En lo que respecta a la metodología se llevó a cabo una investigación de enfoque cuantitativo, una investigación aplicada de carácter descriptivo. La población de este estudio correspondió a 906 personas con discapacidad que habitan en el cantón Santa Isabel en la Provincia del Azuay, Ecuador. En lo que respecta a la muestra estuvo conformada por 356 familias de personas con discapacidad. Entre los resultados se tiene que se encontraron limitaciones de acceso a servicios básicos, en donde un 77,22% realiza la evacuación de aguas servidas en el hogar por medio de pozo séptico, 50,54% habitan en viviendas con pares de bahareque, 26,88% con paredes de adobe, 59,50% de las familias tienen viviendas con techo de eternit, 38,71% que no cuenta con una estabilidad económica. El propósito de esta investigación fue alcanzado, hallándose carencia de viviendas accesibles, condiciones de vivienda deficientes y ausencia de acceso a servicios básicos. Además, existen obstáculos físicos que complican aún más alcanzar la autonomía e independencia en individuos con discapacidad.
Palabras clave: Accesibilidad; discapacidad; vivienda
Abstract
Apart from their physical, mental or sensory barriers, individuals with disabilities encounter obstacles to their inclusion in different areas of life; They generally have fewer socioeconomic possibilities; limited access to education and higher poverty rates. Among the barriers faced by people with disabilities are inadequate housing conditions. This study was carried out with the objective of analyzing the habitability and accessibility conditions of people with disabilities in the province of Azuay. Regarding the methodology, a quantitative approach research was carried out, an applied research of a descriptive nature. The population of this study corresponded to 906 people with disabilities who live in the Santa Isabel canton in the Province of Azuay, Ecuador. Regarding the sample, it was made up of 356 families of people with disabilities. Among the results, limitations in access to basic services were found, where 77.22% evacuate wastewater at home through a septic tank, 50.54% live in homes with bahareque pairs, 26 .88% with adobe walls, 59.50% of families have homes with eternit roofs, 38.71% do not have economic stability. The purpose of this investigation was achieved, finding a lack of accessible housing, poor housing conditions and absence of access to basic services. In addition, there are physical obstacles that further complicate achieving autonomy and independence in individuals with disabilities.
Keywords: Accessibility; disability; dwelling;
Introducción
El concepto de accesibilidad se ha descrito como la relación que se establece entre los individuos y los servicios sanitarios, que surge de las condiciones y discursos de dichos servicios, así como de las condiciones y representaciones de los individuos. Desde este enfoque, se reconoce a los individuos/pacientes como participantes sociales en la generación de accesibilidad. Considerándolo como un problema de interacción entre la población y los servicios sanitarios, resulta indispensable incorporar prácticas de vida y salud para potenciar el acceso (Povedano , 2022).
Por su parte, Mayordomo et al. (2020) señalan que, la violación de las regulaciones de accesibilidad se traduce en una discriminación hacia las personas con discapacidad. Los lugares públicos urbanizados y el ambiente edificado deben asegurar que cualquier individuo pueda utilizarlos de manera autónoma, segura y normalizada. Así, se respetará el principio de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad.
De acuerdo con el Banco Mundial (2023) el 15 % de la población mundial, es decir, 1000 millones de personas, sufren algún tipo de discapacidad, siendo esta parte de la población más propensa a sufrir resultados socioeconómicos negativos, tales como escasa educación, resultados médicos más pobres, menor nivel de trabajo y altos índices de pobreza.
El acceso a las viviendas supone un desafío significativo para garantizar la inclusión y el bienestar de individuos con discapacidad. Este reto se intensifica aún más en los colectivos vulnerables que residen en áreas suburbanas, donde las limitaciones económicas y la reducida extensión de los hogares limitan significativamente la adaptación de espacios para individuos con discapacidad (Uechera et al., (2024).
Es importante destacar que, la accesibilidad es uno de los desafíos en materia de inclusión, las barreras en el urbanismo, la edificación, el transporte y los hogares de las personas con discapacidad, se convierten en un claro ejemplo de discriminación porque limitan la accesibilidad. Mientras sigan estas situaciones, se perpetua la dependencia y se sigue vulnerando la dignidad y los derechos humanos.
La accesibilidad arquitectónica se refiere a la observación de los métodos que permiten que un servicio o ambiente sea accesible para cualquier individuo, sin importar su nivel o tipo de discapacidad. Además, toma en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas de diseño para la creación de proyectos y la realización de obras de construcción (Velástegui et al., (2022).
Aunque se realizan grandes esfuerzos para romper los obstáculos establecidos para separar a las personas "normales" de las "discapacitadas", los resultados son escasamente perceptibles; esto se justifica ya que las personas con discapacidad son una minoría; por lo tanto, se proyecta y se edifica pensando en las grandes mayorías, ignorando a este grupo de individuos que necesitan atención (Alcivar et al., (2018).
Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir en entornos que sean realmente inclusivos, es decir que sean accesibles. Cabe destacar que, la evaluación de la habitabilidad permite comprender de qué manera se ve afectada la vida de este grupo etario. En tal sentido, los hallazgos de este estudio pueden servir como base para el desarrollo de proyectos y políticas que promuevan la inclusión y la accesibilidad.
Al respecto, Tejada (2021) señala que la accesibilidad requiere acciones que vinculan inclusión, derechos humanos y equidad social para los individuos con discapacidades. Por esta razón, es crucial que las distintas administraciones muestren actitudes positivas en sus procedimientos, para garantizar un acceso equitativo con los demás, con el fin de alcanzar su integración total en la sociedad.
Según la Organización Mundial de la Salud (2023)1 de cada 6 personas en todo el mundo sufren una discapacidad importante, esta población resulta vulnerable no solo por su condición de salud, también por los factores externos a los que están expuestos por su nivel socioeconómico. Las carencias de los sistemas oficiales de asistencia social llevan a las personas con discapacidad a depender del respaldo de sus parientes.
En lo que respecta a América Latina, según el Banco Mundial (2021) alrededor de 85 millones de personas en América Latina y el Caribe tienen algún tipo de discapacidad, lo que equivale a 14,7% de la población total, de acuerdo con un nuevo reporte del Banco Mundial que llama la atención sobre las barreras físicas, legales y sociales existentes y la necesidad de seguir avanzando en la inclusión.
Por otro lado, en Ecuador según lo estima el Consejo Nacional (2021) para la Igualdad de Discapacidades, existe una población total de 474, 484 personas con discapacidad en el país, de los cuales 94, 480 tienen discapacidad severa. En la provincia de Loja se tiene un registro de 3, 637 personas con algún tipo de discapacidad severa, es decir no son independientes por lo que requieren del cuidado de otra persona.
En la provincia del Azuay, según el CONADIS a julio de 2020 se registraron 30093 Personas con Discapacidad (PCD), de las cuales 906 viven en el Cantón Santa Isabel, de estas el 44% tiene discapacidad física; el 27,04% intelectual; el 11,26% auditiva; el 12.58% visual y el 5.08% psicosocial; 454 son mujeres y 452 son hombres. En el diagnóstico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020-2030 del Cantón Santa Isabel, se registra que la discapacidad auditiva y psicosocial prevalecen en el género masculino; mientras que, la intelectual es mayor en el femenino.
Esta población no tiene oportunidad de acceder a servicios básicos y sociales, pero tampoco a participar en la generación de políticas públicas orientadas a favorecer su calidad de vida. Uno de los objetivos estratégicos de dicho Plan es fortalecer y articular la institucionalidad que opera en el Cantón para la gestión de políticas públicas sociales que reduzcan las desigualdades de género, etnia, intergeneracional y territorial; se tiene previsto ejecutar programas y proyectos para la atención integral a personas con discapacidad, sin embargo, para la gestión de discapacidades no se cuenta con datos a nivel de cantón, parroquias, sectores y comunidades que orienten la toma de decisiones pertinentes.
Ante lo expuesto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las condiciones de habitabilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad de la provincia del Azuay? Para dar respuesta a esta interrogante, se plantea como objetivo general de este estudio analizar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad de la provincia del Azuay.
Metodología
Enfoque
Se realizó una investigación de carácter cuantitativo, que implica la recopilación de datos numéricos, es decir, de naturaleza objetiva y cuantificables, son de gran valor para detectar patrones y tendencias. Fue seleccionado este enfoque porque permitió un análisis detallado y la generación de evidencia sólida sobre las barreras que limitan el acceso a las personas con discapacidad y sus cuidadores.
Diseño de investigación
Se realizó una investigación aplicada, enfocada en la implementación práctica del saber científico para solucionar problemas específicos o mejorar circunstancias actuales. Su meta principal consiste en emplear los hallazgos de la investigación para elaborar soluciones útiles y atender requerimientos particulares. La investigación aplicada se fundamentó en el saber obtenido mediante la investigación básica y aspira a convertirlo en usos específicos (Vizcaino et al., (2023).
Tipo de investigación
Del mismo modo, corresponde a una investigación de carácter descriptivo, ya que se ha explicado desde el inicio del proceso investigativo cada detalle de la población en estudio, la problemática y las variables. Por lo que se han descrito las deficiencias y áreas de mejora en cuanto condiciones de habitabilidad y accesibilidad de personas con discapacidad en la provincia del Azuay.
Población y muestra
La población se refiere a la totalidad de individuos o elementos que comparten características de interés para el investigador y que son objeto de estudio con relación a un problema particular (Hernández et al., (2014). La población de este estudio correspondió a 906 personas con discapacidad que habitan en el cantón Santa Isabel en la Provincia del Azuay, Ecuador. La muestra fue elegida de manera que refleja las características y la diversidad de la población original, permitiendo a los investigadores hacer inferencias y generalizaciones. La muestra de este estudio estuvo conformada por 356 familias de personas con discapacidad.
Técnica e instrumento de recolección de datos
Se utilizó como técnica a encuesta, se trata de una técnica ampliamente utilizada para la recolección de datos, que según Fernández y Baptista (2014) que según Fernández permite obtener por medio de procedimientos específicos información sobre una problemática y luego establecer una explicación sobre esta.
La información obtenida fue cuantificada y procesada estadísticamente para su posterior análisis e interpretación de estas cifras utilizando Microsoft Excel 365 para su tabulación. Para facilitar la comprensión de los datos, la información se presentó en forma de gráficos y tablas.
Consideraciones éticas
Entre los principios éticos, se entregó el consentimiento informado, exponiendo los objetivos que se buscaba alcanzar con el estudio, se detallaron los procedimientos para la recolección de datos, los posibles riesgos al participar en el estudio, así como los beneficios. Se garantizó que la información se mantendría en estricta confidencialidad y anonimato, por lo que se asignaron códigos para su identificación.
Resultados y discusión
En este apartado se exponen los resultados obtenidos a partir de la recolección de datos realizada en el cantón Santa Isabel en la Provincia del Azuay, Ecuador, con familias de personas con discapacidad que habitan en las parroquias de Abdón Calderón, Cañaribamba, Santa Isabel Centro y Shaglli.
3.1.1 Figura 1. Tipo de discapacidad
Fuente: Mendieta, González y Vélez (2024).
En la figura 1 se puede observar que el tipo de discapacidad más frecuente corresponde a la motora o física con un 36.39% seguido de la intelectual con un 39,02%.
3.1.3 Figura 2. Servicios que posee la vivienda
Fuente: Mendieta, González y Vélez (2024).
En cuanto a las condiciones de la vivienda se evidencian en la figura 2 que la totalidad de las familias cuenta con electricidad, mientras que solo un 46,52% posee agua potable, es decir menos de la mitad de los sujetos evaluados. De igual manera se tiene que solo un 56,41% cuenta con agua entubada.
3.1.3 Figura 3. Formas de evacuación de aguas servidas en el hogar
Fuente: Mendieta, González y Vélez (2024).
Según la figura 3 la mayoría de las familias, es decir un 77,22% realiza la evacuación de aguas servidas en el hogar por medio de pozo séptico, solo un 11,74% cuenta con alcantarillado y un 8,90% evidencia mayor vulnerabilidad y se exponen a un factor de riesgo al hacerlo en la quebrada.
3.1.4. Figura 4. Material principal de las paredes de la vivienda
Fuente: Mendieta, González y Vélez (2024).
La mayoría de las familias habitan en viviendas con pares de bahareque, es decir un 50,54% seguido de 26,88% con paredes de adobe y solamente el 15,41% tiene viviendas con ladrillos.
3.1.5 Figura 5. Material del techo de la vivienda
Fuente: Mendieta, González y Vélez (2024).
Según lo expuesto en la figura 5 el 59,50% de las familias tienen viviendas con techo de Eternit, seguido de un 33,33% cuyo material es el zinc, mientras que un muy bajo porcentaje correspondiente al 4,30% cuenta con techo de teja.
3.1.6. Figura 6. Ingresos fijos mensuales
Fuente: Mendieta, González y Vélez (2024).
De acuerdo con los resultados observados en la figura 6 la mayoría de las familias representadas por el 61,29% cuenta con un ingreso fijo. No obstante, se tiene una proporción significativa correspondiente al 38,71% que no cuenta con una estabilidad económica.
Discusión
Los hallazgos de esta investigación demuestran obstáculos para el acceso a servicios públicos para las personas con discapacidad. De acuerdo con el censo llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2010) en el Cantón Santa Isabel, solo el 28,3% de las viviendas disponían de todos los servicios básicos públicos, como la luz eléctrica, el agua, el aseo y la recogida de residuos por medio de vehículo de recolección.
La accesibilidad a servicios públicos depende de factores culturales, económicos, sociales y geográficos, además del tipo de discapacidad que un individuo pueda presentar. Según estas variables, surgirán obstáculos más o menos profundos y/o complicados. En los años recientes, la provisión de servicios públicos ha crecido en América Latina y el Caribe, llegando al 94,6 % de la población con acceso a agua segura y al 83,1 % a un mejor saneamiento (BID 2017).
Con relación al abastecimiento de electricidad, la media de acceso en América Latina y el Caribe (ALC) es del 97%, a excepción de Haití, donde solo el 30% tiene acceso (Olade, 2018). Cabe destacar que, la disponibilidad y acceso a los servicios básicos varían dependiendo de la región. Es decir, los países que han destinado más recursos a la edificación de redes serán los que proporcionen a sus habitantes de forma más extensa.
Las acciones vinculadas al derecho a la accesibilidad se centran en: a) erradicar los obstáculos físicos, arquitectónicos, de comunicación, información y transporte existentes; b) vivir de manera autónoma (derecho a la autonomía); c) involucrarse activamente en la sociedad (inclusión laboral); d) derecho a la vida privada; y e) equidad de condiciones (Sandoval, 2022).
Por su parte, Rangel y Coronel (2021) señalan que todo ciudadano, independientemente de su situación económica, social o física, debe tener las mismas condiciones, oportunidades para utilizar y disfrutar del espacio público, exento de cualquier limitación o discriminación que tenga como objetivo impedir su integración en el entorno urbano.
La accesibilidad integral implica la observación de los métodos que permiten que cualquier individuo, sin importar el tipo de problema o restricción de sus habilidades, pueda utilizar un producto, servicio o ambiente. Al conseguir que la accesibilidad satisfaga y cubra las necesidades de las personas con discapacidad, se manifiesta un efecto beneficioso a todos los niveles, desde la calidad de vida, el ámbito laboral y la protección de los consumidores (Servicio de Información sobre Discapacida, 2020).
De acuerdo con Mendoza (2018) las personas con discapacidad enfrentan varios problemas de accesibilidad, particularmente en espacios públicos: problemas para ingresar y moverse en centros de salud (29.3%), paraderos (23.0%), mercados (21.3%), centros de rehabilitación (18.9%) y entidades financieras (18.8%), entre otros. La accesibilidad se refiere a la capacidad y capacidad de alcance de un individuo con discapacidad o con movilidad limitada para utilizar espacios, mobiliario y equipo de manera segura.
Se sostiene que, para alcanzar una accesibilidad completa, las instituciones públicas y centros comerciales deben tener un acceso apropiado. Una investigación realizada en 176 centros sanitarios hondureños indicó que entre las principales barreras de acceso se encuentran la falta de señalización adecuada de rutas de evacuación y salidas de emergencia en unidades de atención primaria UAP (97.4 %) y en hospitales (90.9 %). Además, se informó sobre la falta de sillas de ruedas en los baños: 98.7 % en UAP y 90.9 % en hospitales; la accesibilidad para personas con sillas de ruedas: 83.8 % en UAP y 40.9 % en hospitales. Efectivamente, el diseño incorrecto de los centros sanitarios constituye un obstáculo para el acceso y la calidad de la salud de las personas con discapacidad (Molina, et al. (2020).
Según la Cepal (2022), los grupos de población con mayor vulnerabilidad económica y social también exhiben tasas de discapacidad más elevadas: los adultos mayores, los residentes en áreas rurales, las comunidades indígenas y afrodescendientes, y los individuos con ingresos más bajos. Como señalan Hincapié et al. (2019), las personas vulnerables, son aquellas que habitan en zonas más desfavorecidas, y por ende esto aumenta la probabilidad de padecer una discapacidad.
En América Latina y el Caribe, la cobertura de los servicios en las zonas rurales supera la de los servicios urbanos. De acuerdo con cifras de la OMS y Unicef, en zonas urbanas la cobertura es del 97% de la población y el saneamiento es del 88%, mientras que en zonas rurales estos índices son del 84 % y del 64 % respectivamente (BID 2015). En cuanto al acceso a energía, la situación es favorable para los países de América Latina, no obstante, Haití es el país con el acceso más limitado a esta, con apenas el 30% de su población (Olade, 2018).
En zonas urbanas, los impedimentos arquitectónicos en construcciones y servicios pueden abarcar la administración de residuos sanitarios y problemas de higiene, como baños inaccesibles para individuos con dificultades de movilidad, lo que podría derivar en una falta de independencia en la higiene personal y en la salud (White et al. (2016). Las restricciones en el acceso a agua para personas con discapacidad están vinculadas con las limitaciones de movilidad para la recolección de agua, siendo el acceso más conveniente dentro de un radio de 1.000 metros de vivienda (Sandoval, 2022).
Los hallazgos de este estudio evidencian los diferentes desafíos que enfrentan las personas con discapacidad como consecuencia de las desigualdades y falta de oportunidades producto de su situación social y económica, lo que incrementa su vulnerabilidad y la de su familia. Por su parte, Arias et al. (2019) señalan que, la mejora de la calidad de vida de las personas, en su sentido más amplio, protegida mediante la proclamación de los derechos humanos, es la labor esencial del Trabajo Social.
Por su parte, Velástegui et al. (2022) señalan que, en naciones de América Latina, la mayoría de los servicios públicos, instituciones educativas, de salud y de ocio para personas con discapacidad no respetan las regulaciones y estándares fijados. En la vía pública se destacan desafíos significativos para las personas con discapacidad, los cuales provocan una gran cantidad de accidentes. Se percibe alarmante la deficiente condición de los lugares de movilidad, especialmente en sillas de ruedas.
Por lo tanto, la visión social de la discapacidad no ha progresado suficientemente para guiar las políticas sociales y obviar las discriminaciones que aún padecen el grupo. Para las políticas de discapacidad, el propósito es evidenciar que no alcanzarán sus objetivos y consecuencias esperadas a menos que se entienda que los obstáculos que afectan a las personas con discapacidad no se encuentran tanto en sus deficiencias personales, sino más bien y principalmente en los obstáculos físicos y mentales (actitudes, prejuicios, discriminación) que la sociedad y el Estado imponen (Arias et al. (2019).
Los resultados de esta investigación evidencian la vulnerabilidad a la cuales están expuestas las personas con discapacidad y el incumplimiento de sus derechos, que según Castro (2024) deben garantizar el acceso a una vivienda adecuada una vivienda segura, asequible y accesible que les permita vivir de manera independiente y participar plenamente en la sociedad. Una vivienda accesible incluye características específicas como entradas sin escalones, puertas y pasillos anchos, cocinas y baños adaptados, y tecnología de asistencia.
La situación que se presenta en este estudio no es exclusiva del Cantón Santa Isabel, ni tampoco es una realidad sólo del Ecuador, tal como lo plantea la Organización Mundial de la Salud (2022) al señalar que en la actualidad la mayoría de las viviendas no se construyen teniendo en cuenta la accesibilidad. Por ejemplo, en Nigeria son muy pocos los edificios que cuentan con adaptaciones para el acceso a personas con sillas de ruedas, y esto es un problema al limitar el acceso a personas con discapacidad motora o también para personas de la tercera edad con movilidad reducida.
En Estados Unidas, alrededor del 60% de las propiedades pueden ser habitadas por una persona con una discapacidad, sin embargo, es muy bajo el número de viviendas con adaptaciones, lo que representa un riesgo para esta población que se expone a caídas, accidentes o discriminación por la falta de accesibilidad. Esto, además de afectar su calidad de vida significa una mayor carga para sus cuidadores (Organización Mundial de la Salud, 2022).
Es importante mencionar el impacto que tiene para la familia la discapacidad en uno de sus miembros, es decir, resulta aún más difícil solventar las necesidades básicas y por ende necesitan de ayuda del Estado que no solo implique recibir un bono alimentación, esto va más allá, de hecho, no solo se requieren políticas, es fundamental que se destinen recursos para atender problemas de gran magnitud que afectan a comunidades, como es el caso del agua, aseo y electricidad.
Al respecto, Pérez (2020) considera que La vulnerabilidad se intensifica debido a que la pobreza impacta las condiciones de vida de estos individuos, incrementa los peligros medioambientales, restringe el acceso a los servicios sanitarios y a una nutrición adecuada. Además, la discapacidad suele incrementar los costos en el hogar, dado que se deben cubrir los gastos de salud, rehabilitación o medicamentos. Por otro lado, el individuo con discapacidad raramente puede contribuir al presupuesto familiar o su aportación es muy limitada debido a la escasez de oportunidades de trabajo. Los gastos extra relacionados con la discapacidad también representan una fuente significativa de riesgo, no solo para las personas sino también para sus familias.
Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos en este artículo se puede concluir que, la recolección de datos permitió conocer las dificultades a las cuales se enfrentan las personas con discapacidad y sus familias en el cantón Santa Isabel. Resulta claro que, las desigualdades por la falta de recursos económicos desmejoran su calidad de vida, que complejizan aún más las situaciones que se derivan de la discapacidad.
Esto quiere decir que, el nivel socioeconómico juega un papel determinante, porque las personas pobres que habitan en lugares rurales tienen mayor riesgo de padecer una discapacidad tiene sea genética o adquirida, producto de los modos de vida relacionado con los procesos de exposición y vulnerabilidad. Son estas personas que necesitan más ayuda y protección, pero la realidad está lejos de esto.
Quienes padecen una discapacidad y sus familiares saben que es mayor el desafío cuando no se cuenta con recursos económicos, su accesibilidad es aún más limitada y las condiciones de habitabilidad pueden llegar a ser deplorable cuando no cuentan con recursos básicos, por lo que, resulta difícil alcanzar la calidad de vida de la cual se habla en los proyectos gubernamentales y las leyes, normativas y políticas nacionales e internacionales.
Los hallazgos indican que los procesos de vulnerabilidad están fuertemente vinculados con las particularidades del entorno urbano o rural. Hay circunstancias que impactan de manera directa en los estilos y modos de vida; las consecuencias en su vida cotidiana y familiar, la disponibilidad de recursos financieros, tener un apoyo familiar, acceder a una unidad sanitaria, el estatus laboral, y las restricciones que enfrentan las personas con discapacidad.
El campo de la habitabilidad y accesibilidad para personas con discapacidades es realmente complicado, aunque estos criterios difieren para cada persona. En cualquier situación, el inicio de su investigación consiste en describir, enumerar y examinar los componentes, circunstancias y condiciones que pueden influir en la calidad de vida de los grupos y, especialmente, pueden interpretarse como procesos sociales y no como circunstancias causales de una condición particular.
Durante el desarrollo del estudio, se determinaron los elementos que inciden en la habitabilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad y su familia, lo que constituye una desventaja para este grupo. Esto se suma a las condiciones sociales específicas como la clase, etnia, género y localización geográfica de la vivienda, que pueden actuar como factores que aumentan la vulnerabilidad.
También, resulta importante destacar que, la diversidad de los estilos de vida que predominan en ciertos grupos de personas, dependiendo de la clase social. Según los hallazgos, las viviendas se hallan en situaciones de vulnerabilidad en relación a las condiciones del hogar, el acceso a servicios esenciales y la ausencia de un ingreso fijo mensual.
Es necesario un trabajo incansable y una colaboración estrecha entre el Estado, las entidades sanitarias y la comunidad para alcanzar a las familias. Lo esencial es modificar la imagen que tienen del Estado para atraerlos, lo que conlleva el respeto a sus derechos, un trato digno y bajo los principios de equidad e igualdad, es decir, se trata de ejercer sus derechos.
Resulta fundamental que se destinen recursos para brindar mejores oportunidades de vida a las personas con discapacidad y las familias que habitan en los sectores rurales, considerando las repercusiones que tiene el contexto en la calidad de vida, convirtiéndose este en otro causal de vulnerabilidad.
Es importante mencionar que, este estudio fue coincidente con los hallazgos encontrados en la evidencia científica, en donde las familias con personas con discapacidad se enfrentan a mayores desafíos y desventajas como consecuencia de la falta de oportunidades y ausencia de acciones que busquen garantizar una vida digna y de calidad como lo establecen las leyes, políticas y normativas.
En el desarrollo de la presente investigación se encontraron limitaciones, una de estas fue, el acceso a un número significativo de familias que pudieran participar en el estudio. Y que los resultados no estuvieran limitados únicamente por el contexto de las familias involucradas en el estudio, sino que pudiera ser generalizable a otras poblaciones con características similares.
Se recomienda para la realización de futuras investigaciones, realizar un estudio comparativo en cuanto a las diferencias en las características de la habitabilidad y accesibilidad según la clase social y ubicación geográfica de la familia. También, se sugiere un estudio cualitativo que permita conocer la perspectiva de las personas con discapacidad y su familia en cuanto a las desigualdades sociales.
Se alcanzó el objetivo general de este estudio, por lo que fueron analizadas las condiciones de habitabilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad de la provincia del Azuay, encontrándose escasez de viviendas accesibles, condiciones inadecuadas de vivienda y falta de acceso a servicios básicos.
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