PERSONAS INTERSEXUALES Y EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y
AUTONOMÍA CORPORAL
Poulet Pico Chávez
Estudiante de la
carrera de Derecho
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
e1309541025@live.uleam.edu.ec
https://orcid.org/0009-0008-1936-4273
Holger Vélez Bailón
Docente de la carrera de Derecho
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
holger.velez@uleam.edu.ec
https://orcid.org/0009-0002-6869-1365
Autor para correspondencia: e1309541025@live.uleam.edu.ec
Recibido: 22/01/2026 Aceptado: 20/04/2026 Publicado:
15/07/2026
RESUMEN
Se analiza desde
un enfoque de derechos humanos, las prácticas clínicas aplicadas a personas
intersexuales que buscan adecuar sus cuerpos a parámetros binarios a través de
procedimientos irreversibles realizados sin participación efectiva de la
persona, casi siempre en etapas tempranas de vida. A partir de un diseño
cualitativo descriptivo con casos múltiples, se desarrollaron entrevistas en
profundidad a personas intersex y a profesionales de salud, derecho y
activismo, complementadas con revisión documental de normativa y estándares
internacionales. Los hallazgos muestran la persistencia de intervenciones no
necesarias desde el punto de vista clínico, la ausencia de protocolos éticos
vinculantes y una brecha entre lineamientos estatales y su aplicación, lo que
afecta la integridad corporal, el bienestar psicoemocional y la posibilidad de
decidir libremente sobre el propio cuerpo. De igual modo, se evidencian
dinámicas de tutela familiar y médica que desplazan la autodeterminación, junto
con estrategias de agencia y demanda de reconocimiento por parte de la
población intersex. Se propone avanzar hacia marcos normativos específicos,
protocolos obligatorios con enfoque despatologizante,
capacitación institucional y mecanismos de reparación integral.
Palabras clave: intersexualidad; autonomía corporal; integridad física; consentimiento
informado; derechos humanos.
INTERSEX
PERSONS AND THE RIGHT TO PHYSICAL INTEGRITY AND BODILY AUTONOMY
ABSTRACT
From a human rights perspective, the clinical
practices applied to intersex people who seek to adapt their bodies to binary
parameters through irreversible procedures performed without the effective
participation of the person, almost always in early stages of life, are
analyzed. Based on a descriptive qualitative design with multiple cases,
in-depth interviews were conducted with intersex people and health, law and
activist professionals, complemented by a documentary review of international
regulations and standards. The findings show the persistence of interventions
that are not clinically necessary, the absence of binding ethical protocols,
and a gap between state guidelines and their application, which affects bodily
integrity, psycho-emotional well-being, and the possibility of freely deciding
about one's own body. Similarly, there are dynamics of family and medical
guardianship that displace self-determination, along with strategies of agency
and demand for recognition by the intersex population. It is proposed to move
towards specific regulatory frameworks, mandatory protocols with a depathologizing approach, institutional training and
comprehensive reparation mechanisms.
Keywords: intersex; bodily
autonomy; physical integrity; informed consent; human rights.
INTRODUCCIÓN
Las personas intersexuales, entendidas como
aquellas cuyas características sexuales no se ajustan a las categorías binarias
de masculino o femenino, han sido históricamente sometidas a múltiples formas
de discriminación y vulneración de derechos humanos (DeLaet et al., 2024; Ravesloot,
2024). Esta situación se manifiesta de manera particular en intervenciones
médicas no consensuadas que buscan “normalizar” sus cuerpos, a pesar de no
existir una necesidad médica urgente. Dichas prácticas incluyen cirugías
genitales irreversibles, tratamientos hormonales invasivos y otras decisiones
que afectan directamente la integridad física y la autonomía corporal de
quienes las padecen desde la niñez o adolescencia (Carpenter, 2023; Monro,
2024).
En muchos contextos, estas decisiones se
toman bajo la tutela de profesionales médicos y con el consentimiento de padres
o representantes legales, sin que se respete el derecho de la persona
intersexual a decidir sobre su cuerpo. Estas prácticas representan una forma de
violencia institucionalizada y perpetúan la patologización de la
intersexualidad, negando su carácter de variación natural del desarrollo humano
(DeLaet, 2024).
La ausencia de legislación específica que
prohíba las intervenciones médicas innecesarias, la falta de políticas públicas
inclusivas y el escaso reconocimiento legal de la identidad de las personas
intersexuales profundizan su situación de vulnerabilidad, tanto en el Ecuador
como en el resto de América Latina (Aguirre, 2022).
Dentro del enfoque de derechos humanos, la
problemática de las personas intersex no puede abordarse únicamente desde una
perspectiva biomédica, sino considerando las dimensiones éticas, legales,
culturales y sociales. En particular, resulta fundamental interrogar las
nociones de integridad física y autonomía corporal como derechos fundamentales,
así como los mecanismos mediante los cuales el Estado y las instituciones
reproducen prácticas que afectan de forma desproporcionada a esta población.
A nivel internacional, se han desarrollado
múltiples investigaciones que abordan la intersexualidad desde distintas
disciplinas. En el plano jurídico, Aguirre y Soliz (2022), analizan los principales problemas legales que enfrentan
las personas intersexuales, entre ellos, la imposición de un sexo en los
registros civiles, la patologización médica de sus cuerpos y la falta de
protección frente a la discriminación. Los autores sostienen que la respuesta
estatal ha sido insuficiente para garantizar los derechos fundamentales de esta
población, y propone avanzar hacia un marco normativo basado en el respeto a la
diversidad corporal y la autodeterminación personal.
Por su parte, Solís y Tenorio (2023) plantean un enfoque
multidisciplinario al analizar la problemática intersexual, señalando que
existen dos discursos contrapuestos: uno que justifica las intervenciones
médicas por razones “correctivas” y otro que las considera una forma de
violencia estructural. La autora destaca la importancia de visibilizar las
voces de las personas intersexuales en las discusiones médicas y jurídicas,
subrayando que muchas veces se las trata como objetos de intervención en lugar
de sujetos de derecho.
En el contexto ecuatoriano, diversos estudios
han evidenciado el vacío normativo y la ausencia de protocolos éticos para la
atención médica de personas intersex. Robalino
y Ruiz (2017) describen
cómo el enfoque médico-jurídico en el país tiende a reproducir patrones de
exclusión, centrando las decisiones sobre los cuerpos intersex en parámetros
binarios que omiten la participación de la persona afectada. Mientras que Mejía
y Carreño (2022), denuncian que, a
pesar de que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador presentó en 2018 un
protocolo con enfoque de derechos, hasta la fecha no ha sido implementado, lo
que perpetúa la vulneración sistemática de derechos.
A nivel regional, Arroyo
(2020) realiza un diagnóstico
sobre la situación de la intersexualidad y los derechos humanos en América
Latina entre 2007 y 2021. El autor identifica la falta de políticas públicas,
la inexistencia de mecanismos de reparación y la necesidad de un enfoque psicosocial
que reconozca a las personas intersex como titulares de derechos. Su estudio
destaca la urgencia de incluir esta problemática en las agendas estatales de
salud, educación y justicia.
Sobre la base de lo expuesto, el estudio se
planteó como objetivo analizar las prácticas clínicas que se aplican a personas
intersexuales que desean adecuar su figura corporal a parámetros binarios a
través de procedimientos irreversibles realizados sin participación efectiva de
la persona.
La justificación viene dada por el doble
aporte del trabajo, por un lado, visibiliza una problemática históricamente
silenciada en Ecuador y América Latina; por otro, ofrece un análisis crítico
que contribuye a los debates internacionales sobre derechos humanos, diversidad
corporal y bioética. Así, se busca tender un puente entre el discurso normativo
global y las prácticas locales, identificando las brechas que persisten y
proponiendo caminos de transformación.
METODOLOGÍA
Diseño de la investigación
El estudio adoptó un diseño cualitativo de
tipo descriptivo, sustentado en la metodología de estudios de casos múltiples (Denzin & Lincoln, 2012). Cada persona entrevistada fue considerada
como un caso con particularidades propias, pero susceptible de ser comparado
con otros casos para identificar patrones comunes, contradicciones y zonas de
ambigüedad. No se establecieron grupos de control ni condiciones
experimentales, ya que el estudio se fundamentó en la observación naturalista y
la interpretación crítica de las experiencias relatadas sin manipular variables ni crear situaciones artificiales
para probar alguna hipótesis. Tampoco se hizo asignación aleatoria, dado que el
criterio de inclusión fue experiencial y no probabilístico.
Participantes del estudio
Los participantes se determinaron con base en
el principio de saturación teórica. Se realizaron entrevistas en profundidad a
un total de 6 personas: 3 personas intersexuales y 3 profesionales (médicos/as,
abogados/as, activistas). Dado el enfoque cualitativo del estudio, no se buscó
representatividad estadística sino riqueza y profundidad en la información
recolectada. Los participantes lograron capturar variedad de experiencias
relevantes para comprender las tensiones entre las vivencias intersex y los marcos
institucionales que regulan la corporalidad y la identidad en Ecuador.
Procedimientos de muestreo
Se aplicó un muestreo de tipo intencional y
por bola de nieve, con el fin de localizar participantes que cumplieran con
criterios relevantes para el objeto de estudio y garantizar el acceso a
poblaciones de difícil visibilidad. El proceso de selección comenzó con el
contacto a organizaciones aliadas, activistas y redes de profesionales
sensibilizados con la temática, quienes derivaron a posibles participantes.
La estrategia facilitó la inclusión de
testimonios clave sin comprometer la seguridad ni la autonomía de quienes
participaron. Las entrevistas se realizaron en espacios seguros previamente
acordados, tanto presenciales como virtuales, entre enero y abril de 2025.
Características de los participantes
La muestra del estudio estuvo compuesta por
dos grupos principales de participantes. El primero incluyó a personas
intersexuales residentes en distintas cuatro provincias del Ecuador, que habían
vivido experiencias relacionadas con intervenciones médicas no consentidas,
discriminación institucional o procesos de afirmación de derechos.
El segundo grupo lo conformaron profesionales
con experiencia directa en el tratamiento, acompañamiento o defensa de los
derechos de individuos intersexuales de los ámbitos médico, jurídico y
activista, este último, entendido como alguien que participa activamente en la
defensa y promoción de los derechos humanos de las personas intersex.
Los perfiles se caracterizaron por su
diversidad en cuanto a edad, identidad de género, lugar de residencia, nivel
educativo y trayectoria profesional (Tabla 1). Esta heterogeneidad fue
intencionalmente buscada para captar la complejidad de las experiencias y
percepciones involucradas.
|
Grupo: Personas
intersexuales |
||||
|
Número de
participantes |
Provincia |
Perfil |
Rango de edad |
Características
relevantes |
|
8 |
Pichincha,
Guayas, Azuay, Manabí |
Personas
intersex |
18–45 años |
Experiencias de intervenciones médicas no
consentidas, discriminación institucional y procesos de afirmación de
derechos |
|
Grupos:
Profesionales |
||||
|
6 |
Pichincha, Guayas |
Médicos/as, abogados/as,
activistas |
30–60 años |
Experiencia en atención médica, acompañamiento legal y defensa de
derechos de personas intersexuales |
Fuente: elaboración propia.
Técnicas de recolección de información
Las técnicas de recolección de información
incluyeron la entrevista semiestructurada en profundidad y el análisis
documental. Las entrevistas permitieron explorar experiencias personales,
percepciones sobre el sistema de salud y justicia, así como propuestas de
cambio. El análisis documental consisitió en la
revisión de normativas ecuatorianas, protocolos médicos, resoluciones
judiciales, informes de organismos internacionales y literatura científica
especializada.
Categorías y definiciones operativas
El estudio fue estructurado a partir de tres
categorías analíticas principales. En primer lugar, se abordó el derecho a la
integridad física y a la autonomía corporal, entendido como la capacidad de las
personas para decidir libremente sobre su propio cuerpo, sin coerción médica,
familiar o legal, particularmente en contextos de intervención sobre cuerpos
intersexuales.
En segundo término, se analizó la violencia
médica, concebida como el conjunto de intervenciones quirúrgicas y tratamientos
hormonales realizados sin consentimiento informado, frecuentemente aplicados
durante la niñez o la adolescencia. Por último, se incorporó la perspectiva de
derechos humanos como marco interpretativo central, desde el cual se reconoce a
las personas intersexuales como sujetos plenos de derechos y no como objetos de
intervención biomédica o de regulación normativa.
Análisis de los datos
Los datos obtenidos a través de las
entrevistas fueron procesados mediante la técnica de análisis temático, a
partir de una codificación inductiva (Zambrano
& Chacón, 2021). Este
procedimiento permitió organizar los contenidos según temas emergentes como:
intervenciones no consentidas, relaciones médico-paciente, acceso a
información, procesos legales y discursos de resistencia. Se utilizó la
triangulación de fuentes como estrategia de validación, cruzando la información
obtenida de los relatos con los documentos normativos y jurídicos analizados.
Este enfoque buscó fortalecer la coherencia interna y la credibilidad del
análisis.
Consideraciones éticas
La investigación fue guiada por los
principios éticos fundamentales del respeto por la dignidad humana, la
autonomía, la confidencialidad y la no maleficencia.
Todos los participantes firmaron un
consentimiento informado escrito, de acuerdo con sus preferencias. Se evitó
cualquier forma de patologización, medicalización o exotización
de los cuerpos intersexuales, se cuidó el uso de un lenguaje inclusivo y
respetuoso y se ofreció la posibilidad de acompañamiento psicoemocional a
quienes lo requirieran. El proyecto fue revisado por un comité de ética
institucional antes de su implementación y se garantizó la devolución de los
resultados en formatos accesibles a las personas y organizaciones participantes.
RESULTADOS
Los resultados de esta investigación
evidencian que la situación de las personas intersexuales en el Ecuador se
caracteriza por la persistencia de intervenciones médicas no consentidas, la
ausencia de protocolos éticos vinculantes y la falta de reconocimiento legal y
de garantías efectivas de derechos. A partir de los relatos recogidos y del
análisis documental, se observa que estas prácticas continúan reproduciéndose
como respuestas institucionales normalizadas frente a cuerpos que no se ajustan
al binarismo sexual, sin que medie una evaluación centrada en la autonomía y el
interés superior de la persona (Robalino & Ruiz, 2017; Mejía & Carreño,
2022; Aguirre, 2022; Arroyo, 2020).
Desde la perspectiva de la integridad física, las experiencias relatadas
confirman que las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos hormonales se
realizan, en muchos casos, sin una necesidad médica urgente y sin un
consentimiento informado efectivo (Carpenter, 2023; DeLaet et al., 2024; Ravesloot, 2024). Los participantes describieron
procedimientos decididos en etapas tempranas de la vida, generalmente bajo
criterios médicos y familiares, que produjeron consecuencias físicas y
psicoemocionales persistentes. Estos relatos dan cuenta de una práctica clínica
orientada a la normalización corporal más que al bienestar integral de la
persona intersex (Carpenter, 2023; Monro, 2024).
En relación con la autonomía corporal, las narrativas recogidas reflejan
una tensión constante entre la tutela médica y familiar sobre las decisiones
corporales y el derecho de las personas intersexuales a decidir sobre su propio
cuerpo. Las entrevistas muestran que la capacidad de agencia de estas personas
suele verse desplazada por discursos expertos que privilegian la urgencia de
asignar un sexo binario, incluso cuando no existe riesgo vital. Esta tensión
aparece como un eje transversal en las experiencias analizadas (Naciones
Unidas, 2021; Solís & Tenorio, 2023).
El análisis de los testimonios ayudó identificar, además, que las
prácticas médicas no consentidas se desarrollan en un contexto más amplio de
fragilidad jurídica y de escasa protección institucional. Las personas
entrevistadas señalaron dificultades para acceder a información clara, para
obtener acompañamiento legal y para encontrar mecanismos efectivos de denuncia
o reparación. Dicho hallazgo sugiere que la vulneración de derechos no se
limita al ámbito sanitario, sino que se extiende a otros espacios institucionales
(Aguirre & Soliz, 2022; Mejía & Carreño, 2022; Robalino & Ruiz,
2017).
La triangulación entre entrevistas y documentos normativos facilitó
identificar que, si bien existen discursos y estándares de derechos humanos a
nivel internacional que reconocen la autonomía y la diversidad corporales, su
traducción en políticas públicas y prácticas clínicas locales resulta limitada
(Organización de las Naciones Unidas, 2020; Naciones Unidas, 2021). Esta brecha
entre el plano normativo y la implementación concreta se presenta como un rasgo
estructural del contexto ecuatoriano analizado (Arroyo, 2020; Aguirre, 2022).
De manera complementaria, y a partir del contraste entre los relatos de
personas intersex y profesionales entrevistados, se observó la coexistencia de
discursos divergentes en el campo médico y jurídico. Mientras algunos
profesionales reconocen la necesidad de postergar intervenciones irreversibles
y fortalecer el consentimiento informado, otros continúan justificando las
prácticas tempranas desde argumentos correctivos o preventivos, lo que
evidencia la ausencia de criterios éticos unificados.
Los resultados coinciden con investigaciones
previas realizadas en América Latina, las cuales han identificado un patrón
regional de invisibilización y patologización de los
cuerpos intersexuales. En este sentido, los resultados confirman que la
medicalización temprana y la falta de reconocimiento jurídico constituyen
problemas persistentes en la región, más allá de las particularidades
nacionales; no obstante, el caso ecuatoriano presenta un matiz específico
(Arroyo, 2020; Aguirre, 2022; Solís & Tenorio, 2023; Ravesloot,
2024).
Pese a la elaboración de un protocolo con enfoque de derechos por parte
del Ministerio de Salud Pública en 2018, su falta de implementación efectiva ha
contribuido a la continuidad de prácticas clínicas que vulneran la integridad
física y la autonomía corporal. Esta situación pone en evidencia la distancia
entre el discurso institucional y la práctica cotidiana en los servicios de
salud (Mejía & Carreño, 2022).
Desde una perspectiva de derechos humanos, las intervenciones
quirúrgicas y hormonales realizadas sin consentimiento informado pueden ser
interpretadas como prácticas que contravienen estándares internacionales que
prohíben tratos crueles, inhumanos o degradantes (Comité Contra la Tortura,
2017; Consejo de Derechos Humanos, 2013). El escenario descrito refuerza la
necesidad de contar con disposiciones jurídicas específicas que protejan a las
personas intersex frente a prácticas médicas coercitivas y que garanticen su
derecho a decidir libremente sobre su cuerpo (Naciones Unidas, 2021; Convención
sobre los Derechos del Niño, 2015).
La tensión identificada entre tutela médica y autonomía corporal dialoga
con aportes teóricos que han problematizado el binarismo sexual como una
construcción social que legitima la intervención sobre cuerpos no conformes
(Fausto-Sterling, 2000; Giannatasio, 2018). En este
marco, los resultados del estudio confirman que la presión por adecuar los
cuerpos intersex a categorías binarias continúa operando como un principio
organizador de las decisiones clínicas.
Igualmente, la no adopción del principio de aplazamiento prudente,
recomendado por organismos internacionales de salud, limita la posibilidad de
que las personas intersexuales ejerzan una autodeterminación informada en
etapas posteriores de su vida (Organización Panamericana de la Salud, 2023).
Esta omisión refuerza la centralidad del enfoque biomédico por sobre una mirada
integral que articule salud, derechos y bienestar psicosocial (Monro, 2024;
Carpenter, 2023).
El estudio pone a la vista la necesidad de un enfoque intersectorial que
articule los ámbitos de la salud, la justicia y la educación, evitando que la
respuesta estatal se limite a soluciones estrictamente normativas o clínicas.
La evidencia analizada sugiere que solo mediante políticas públicas integrales
será posible reducir las brechas entre los estándares internacionales de
derechos humanos y las prácticas locales (Arroyo, 2020; Aguirre, 2022).
A diferencia de investigaciones centradas exclusivamente en marcos
normativos o debates teóricos, este trabajo aporta un valor diferencial al
incorporar las voces directas de personas intersex y contrastarlas con las
perspectivas de profesionales de distintos campos. Esta aproximación
cualitativa permite visibilizar no solo las vulneraciones, sino también las
estrategias de resistencia, agencia y demanda de reconocimiento desplegadas por
la propia población intersex (Solís & Tenorio, 2023; Monro, 2024).
Si bien el carácter cualitativo y el tamaño reducido de la muestra
limitan la generalización de los resultados, la riqueza de los relatos y el
análisis contextualizado ofrecen insumos relevantes para el debate académico,
político y social. La investigación subraya la urgencia de avanzar hacia
políticas públicas que prohíban expresamente las intervenciones médicas
innecesarias en edades tempranas, fortalezcan los procesos de consentimiento
informado y reconozcan la diversidad corporal como un componente legítimo de
los derechos humanos, así como la necesidad de implementar mecanismos de
reparación simbólica y material para quienes han sido afectados por prácticas
no consentidas (Organización de las Naciones Unidas, 2020; Naciones Unidas,
2021; Aguirre & Soliz, 2022; Carpenter, 2023).
En una mirada metodológica, los resultados
deben interpretarse a la luz del enfoque cualitativo adoptado, el cual
privilegia la comprensión profunda de las experiencias y significados
construidos por los sujetos en sus contextos sociales. En consonancia con los
planteamientos de Denzin y Lincoln (2012), la investigación se sitúa en una
tradición interpretativa que reconoce el carácter situado, relacional y no
neutral del conocimiento producido, especialmente en estudios que abordan
problemáticas atravesadas por relaciones de poder y desigualdad. Del mismo
modo, el uso del análisis temático con codificación inductiva permitió
organizar y comprender los discursos emergentes sin imponer categorías
apriorísticas, fortaleciendo la coherencia interna y la credibilidad del
análisis, tal cual proponen Zambrano y Chacón (2021) en investigaciones
cualitativas orientadas a captar la complejidad de los fenómenos sociales.
Por último, resulta importante señalar que las
intervenciones quirúrgicas y hormonales no consentidas, justificadas bajo
criterios de “normalización”, generan consecuencias profundas y persistentes en
la vida de las personas afectadas. Entre los principales impactos se encuentran
secuelas físicas irreversibles, alteraciones en el desarrollo corporal, pérdida
de sensibilidad, disfunciones sexuales y complicaciones médicas a largo plazo
que requieren seguimiento clínico continuo.
Estas
consecuencias no pueden ser comprendidas puramente en el campo biomédico, ya
que su origen no responde a una necesidad terapéutica urgente, sino a la
imposición de normas sociales y culturales sobre los cuerpos, vulnerando el
derecho a la autodeterminación corporal y a una atención sanitaria basada en el
consentimiento informado.
Igualmente, los efectos
psicológicos y psicosociales de estas prácticas suelen manifestarse en forma de
trauma, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y dificultades
en la construcción de la identidad personal. La vivencia de haber sido
sometidas a intervenciones médicas sin consentimiento en muchos casos erosiona
la confianza en el sistema de salud y en las figuras de autoridad, afectando
los vínculos sociales y el bienestar emocional a lo largo del tiempo. Es por
ello que, la violencia médica produce daños
individuales y al mismo tiempo reproduce estructuras de exclusión y
estigmatización, reforzando dinámicas de control sobre los cuerpos que
contradicen los principios éticos de la medicina, los derechos humanos y la
dignidad de la persona.
CONCLUSIONES
Tras desarrollar la investigación, fue
posible evidenciar que las prácticas clínicas aplicadas a personas
intersexuales en el Ecuador continúan inscribiéndose en un modelo biomédico y
jurídico que prioriza la adecuación de los cuerpos a parámetros binarios por
encima del respeto a la integridad física y la autonomía corporal. Las
intervenciones médicas irreversibles realizadas sin consentimiento informado
efectivo, especialmente en etapas tempranas de la vida, se configuran como una
forma de violencia institucional que vulnera derechos fundamentales y reproduce
lógicas de patologización de la diversidad corporal.
El análisis llevado a cabo corrobora que la ausencia de protocolos
éticos vinculantes y la falta de implementación efectiva de lineamientos
estatales con enfoque de derechos han contribuido a la persistencia de estas
prácticas. Esta brecha entre el discurso normativo y la práctica clínica revela
una debilidad estructural del marco institucional ecuatoriano, en el que la
tutela médica y familiar sigue prevaleciendo sobre la autodeterminación de las
personas intersexuales.
Desde la óptica de los derechos humanos, lo encontrado deja claro que la
autonomía corporal no ha sido garantizada de manera efectiva para esta
población, a pesar de los estándares internacionales que reconocen el derecho a
decidir libremente sobre el propio cuerpo. La tensión identificada entre
control institucional y agencia personal demuestra que la intersexualidad
continúa siendo abordada como un problema a corregir, en lugar de ser
reconocida como una variación legítima del desarrollo humano.
No obstante, la investigación también visibiliza la emergencia de
estrategias de resistencia, agencia y demanda de reconocimiento por parte de
las propias personas intersexuales, quienes disputan los discursos médicos y
jurídicos hegemónicos y reclaman su condición de sujetos plenos de derechos.
Estas experiencias evidencian que la transformación del enfoque dominante no
solo es necesaria, sino también posible, cuando se incorporan las voces
directamente afectadas en los procesos de toma de decisión y formulación de
políticas públicas.
En forma global, se concluye que la superación de la violencia médica
contra personas intersexuales en el Ecuador requiere un abordaje integral que
articule reformas legales específicas, la adopción obligatoria de protocolos
médicos con enfoque despatologizante, la capacitación
del personal de salud y justicia en derechos humanos y la implementación de
mecanismos de reparación integral. Solo a través de estas acciones será posible
avanzar hacia un modelo que garantice efectivamente la autonomía corporal, la
dignidad y la diversidad de todas las corporalidades, en consonancia con los
estándares internacionales y con los principios fundamentales del Estado de
derecho.
.
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