CREENCIAS DE LAS PERSONAS MEXICANAS CONTRA EL DERECHO AL TRABAJO DE MUJERES EN ETAPAS DE CRISIS ECONÓMICAS

Carlos Mejía Reyes

Universidad Pedagógiica Nacional, Unidad 131-Hidalgo. México

carlosmejiareyes@upnhidalgo.edu.mx

https://orcid.org/0000-0003-2998-1749

 

Verónica Fernanda García Arteaga

mbaveroarteaga@gmail.com

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. México

https://orcid.org/0000-0002-8191-8002

 

Marisol Vite Vargas

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131-Hidalgo. México

marisolvitevargas@upnhidalgo.edu.mx

https://orcid.org/0000-0002-5220-1934

 

Autor para correspondencia: carlosmejiareyes@upnhidalgo.edu.mx

 

Recibido: 07/11/2025         Aceptado: 18/05/2026        Publicado: 15/07/2026

RESUMEN

La equidad de género en México ha recorrido las exigencias internacionales con la finalidad de alcanzar su plenitud en aspectos públicos y privados substanciales. Sin embargo, su asentamiento en imaginarios y valores sociales no ha caminado congruentemente el mismo proceso ni ritmo. Aunado a que, por razones circunstanciales de crisis económicas, la prevalencia de esquemas de género hace que los criterios de equidad tiendan a revertirse con respecto a la participación de mujeres en espacios laborales.  Lo anterior se analiza a partir de una encuesta de opinión Pew Research Center's Spring 2019 Global Attitudes Survey Dataset. Mediante análisis multivariado se relacionan factores influyentes de actitudes de inequidad dando como resultado que, entre personas de mayor edad, menor formación escolar, orientación política hacia la derecha, con bajos salarios y de creencias religiosas, más se tiende a considerar que en época de crisis las mujeres tienen menos derechos de tener un empleo.

Palabras clave: equidad, trabajo, mujeres, crisis, México.

BELIEFS AMONG THE MEXICAN POPULATIONREGARDING WOMENS´S RIGHT TO WORK DURING ECONOMIC CRISES

ABSTRACT

Gender equity in Mexico has met international requirements with the aim of achieving its fullness in substantial public and private aspects. However, its settlement in imaginaries and social values has not walked consistently the same process or rhythm. In addition, for circumstantial reasons of economic crisis, the prevalence of gender patterns means that equity criteria tend to be reversed with respect to the participation of women in work spaces. This is analyzed from an opinion poll Pew Research Center’s Spring 2019 Global Attitudes Survey Dataset. Through multivariate analysis, influencing factors of attitudes of inequity are related, resulting in older people, lower school education, political orientation to the right, with low salaries and religious beliefs, in times of crisis, women tend to be seen as having fewer rights to employment.

Keyword: equity, work, women, crisis, Mexico

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INTRODUCCIÓN

La historia de la humanidad tuvo como base de su fundación la estructural desigualdad entre un grupo sexuado sobre otro a partir de la significación de las diferencias orgánicas, así como mandatos, expectativas culturales y sociales atribuidas a cada uno de estos grupos (Michel, 1983; Rubin, 2003; Cucchiari, 2003)

Las diferencias biológicas entre los sujetos sexuados han sido entendidas como la condición tácita de la desigualdad que justifica la jerarquía y prestigio de segundo nivel y roles impuestos a las mujeres (Ortner y Whitehead, 2003). La existencia de diferencias orgánicas en mujeres y sus funciones fueron significadas como más cercanas a la naturaleza, la cual es comprendida como un elemento al que doblegar, superar, domesticar por su incomprensión, así como para evitar contingencias. Esas diferencias en mujeres le fueron adscritas exclusivamente un significado que las posicionó normativamente al cuidado de menores, vigilancia de su bienestar, apego emocional y psique orientada hacia aspectos centrados en la domesticidad o el espacio de lo privado (Ortner, 1978).

Tales significados perpetuados desde el origen mismo de la cultura humana (Rubin, 2003), periodo denominado neolítico (Michel, 1983; Cucchiari, 2003), han sido trasladados de forma casi intacta a la época contemporánea a pesar de las revoluciones históricas del pensamiento humano y reformulación de esquemas de orden colectivo (Cabral, 2017). Tal orden de relaciones estructurales de desventaja y opresión para la mitad de la humanidad se denomina género (Lamas, 2018).

Este concepto implica, en primera instancia el carácter no natural de la diferencia sexual de las ordenanzas culturales para las y los agentes sexuados como principio de organización social (Serret, 2001). Así que la cultura, socialmente construida, simboliza a agentes sexuados (hombres y mujeres principalmente) en actos, expectativas comportamientos, roles, lugares, espacios y jerarquías en masculinos o femeninos; como si fuera una máxima natural o fuente extrínseca de referencia que ordena lo que es y debe ser para orientar los esquemas de percepción, orientación, así como autoconcepción (Serret, 2001).

Las implicaciones de género contienen una clasificación jerárquica que posiciona a las mujeres como agentes de segunda categoría, en posición simbólica de carencia, como categoría límite frente a la “contraparte” simbólico varón. A este último le fueron adjudicados papeles colectivos relacionados con el espacio público, el mundo cívico, de la generación de cultura mientras que, a las mujeres a espacios privados o menos visibles, a lo doméstico y su administración (Serret, 2004) que además son actividades calificadas de poco valor o escasa contribución al desenvolvimiento civilizatorio o histórico (Scott, 2003). Conformándose en una serie de lugares normativos, obligatorios o naturales para estas agentes.

Con base en estos elementos, el escrito tiene como objetivo analizar la persistencia de esos esquemas que posiciona a las mujeres en mandatos o expectativas a espacios ajenos a lo público en contextos de avances significativos en equidad e igualdad en coyunturas de adversidad material en agentes informantes de México en el periodo de 2019.

1.    Mujeres, espacio público y su apropiación.

Como se ha señalado, la organización social y cultural de género ocasiona que a mujeres se les considere ajenas al espacio de lo laboral público, de la actividad social creativa (Lagarde, 2011). Su considerada univoca y culturalmente obligatoria función o contribución es la reproducción social de condiciones vitales en lo particular, es decir la reproducción de la fuerza de trabajo en espacios domésticos (Rubin, 2003).  En caso de que participe en actividades productivas asalariadas fuera del ambiente privado, la valoración de la actividad al igual que remuneración es inferior comparativamente a varones (Jabbaz, Samper-Gras y Díaz, 2019), además de que aún así se considera obligatorio el cumplimiento de actividades domésticas de madresposa (Lagarde, 2011), es decir la denominada doble jornada (Esparza, 2020) y preferentemente en actividades que figuran como extensiones de la maternidad y cuidados a otros(as) que genera exclusión, discriminación y desigualdad  en espacios laborales (Gómez, 2001; Abramo, 2004).

Históricamente las mujeres han denunciado públicamente tal condición inequitativa a través de quejas o denuncias públicas y posteriormente movimientos sociales, es decir el feminismo. Con el prefeminismo en contexto renacentista, los escritos de Christine de Pizan, denunciaban la exclusión de mujeres al conocimiento, la reivindicación de los cuerpos femeninos, el elogio a la vida independiente, así como la defensa de sus derechos. Pero fue hasta después de 1789, tras la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia cuyo núcleo versó sobre la distribución de poder de sí, libertad, igualdad y fraternidad, en suma, de ciudadanía que excluía tácitamente a las mujeres (Varela, 2008).

En esta etapa es cuando el feminismo nace, una primera ola como protesta a la incongruencia de considerar a las mujeres como agentes de derechos, de libertad. Esta primera etapa feminista se caracteriza por ser un movimiento intelectual, ético y político. La primera expresión de esta etapa fue por Marie de Gournay mediante un tratado de nombre “De la igualdad entre hombres y mujeres”. François de Poulain de la Barre también expresó la inconsistencia de época al evidenciar la subordinación de las mujeres. Olympe de Gouges publica la “Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía” y Mary Wollstonecraft hace lo mismo con “Vindicación de los derechos de la mujer”. En esta etapa, el feminismo es particularmente de corte intelectual, filosófico en busca de reconocimiento como agentes cognoscentes, racionales con reclamos por la autonomía, libertad y ciudadanía (Serret y Méndez, 2011; Varela, 2008).

La denominada segunda ola, ubicada en el siglo XIX, se caracteriza por ser un movimiento político y extendido en Europa, América, Australia y Nueva Zelanda. También fue nombrado como sufragismo cuyo objetivo primordial fue el luchar por derechos económicos y civiles, particularmente el de votar. De fondo es un reclamo para la participación de mujeres en el espacio público. Su origen es Estados Unidos en asambleas y asociaciones formales de corte abolicionista racial y del reconocimiento de los derechos de las mujeres en las mismas condiciones que varones.  Sus representantes en América fueron Elízabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, Sarah Bagley y en Inglaterra Sylvia Pankhurs, Harriet Taylor Mill, Emmerline, Christabel, John Stuart Mill (Serret y Méndez, 2011; Varela, 2008).

La tercera ola es ubicada a mediados del siglo XX y se define como una etapa académica-intelectual ya que se cuestionan las razones del por qué a pesar de haber conseguido iguales derechos formalmente, continúa existiendo la subordinación femenina. Desde textos científicos se comienzan a dar respuestas por ejemplo la tesis de Margaret Mead que señaló a la cultura como responsable de las posiciones asimétricas entre hombres y mujeres, no la naturaleza. Simone de Beauvoir con “El segundo sexo” cuestiona los argumentos y razones que generan la opresión contra las mujeres respondiendo que es la forma en como las sociedades interpretan lo biológico de la humanidad (Serret y Méndez, 2011). Betty Friedan con “La mística de la feminidad”, en él muestra que el mandato social de las mujeres es la realización de su feminidad como un ser pasivo sexual, ama de casa y madre.  Kate Millet, con su obra “Política sexual” de la que deduce “lo personal es político” porque es donde se asienta el poder patriarcal de hombres hacia mujeres; entre otras muchas más autoras.

 En los años sesenta, en Estados Unidos se creó la National Organization for Women (NOW) que reivindicó la igualdad real de oportunidades para mujeres, rechazo a la discriminación en empleo, educación, espacios de poder, contra la falsa imagen que daban los medios de comunicación de la situación de las mujeres que gratificaba los roles opresivos tradicionales, contra la violencia sexual y despenalización del aborto. Lo personal es político fue el lema (Serret y Méndez, 2011; Varela, 2008).

La cuarta ola tiene como principal vindicación la lucha contra la violencia contra las mujeres en cualquier de sus expresiones y ámbitos, contra el acoso, explotación, feminicidios, legalización del aborto. De igual forma busca abatir la desigualdad económica y laboral. El origen de esta contemporánea expresión es ubicado en 2017, en Estados Unidos, en la toma de posesión de entonces presidente D. Trump por la protesta por la dignidad de las mujeres. También con el movimiento “Me too” y globalmente con las manifestaciones mundiales el ocho de marzo de ese año con el paro internacional de mujeres con el emblema electrónico hashtag #8M (Aguilar, 2020) y pañuelos verdes (Varela, 2020). Sin embargo, se postula también que inició en 2011 en Italia con la movilización contra la consideración de ser vistas como objetos sexuales por parte de los medios de comunicación y agentes del Estado. Otra fuente u origen es la manifestación argentina de 2015 contra la violencia en más de ochenta pueblos y ciudades.  Algunos de los rasgos característicos de esta oleada es lo intergeneracional, su carácter global (Aguilar, 2020) e interseccional, es decir la asimilación de la diversidad de mujeres y su alta convocatoria por las ventajas de la conexión virtual (Varela, 2020).

Ante este panorama histórico de movilización y lucha, organismos internacionales han realizado acuerdos que implican indirecta y directamente derechos y libertades de las mujeres a la que Estados adherentes se obligan a asumir con responsabilidades jurídicas en sus respectivas circunscripciones. En 1921 se adopta la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores, el organismo depositario fue la ONU (Organización de las Naciones Unidas. En diciembre de 1933 la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, en ella se evita la distinción basada en sexo en legislaciones en materia de nacionalidad. En el mismo año de adopta la Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad. En 1935 el Convenio Internacional del Trabajo Relativo al Empleo de las Mujeres en los Trabajos Subterráneos de toda Clase de Minas, depositada en la Organización Internacional del Trabajo. En 1951, por este mismo organismo, se realiza el Convenio Internacional del Trabajo Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor.  En 1948 la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer y la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer. En 1950 Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y Protocolo Final. En 1953, Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. En 1957 la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada. En 1962 la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios. En 1979 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (González, 1989).

La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 fue un documento clave para la promoción de la dignidad de todas las personas. Sin embargo, como estaba escrito en masculino, fue hasta la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 que se reconoce la especificidad de las mujeres y niñas en el documento. En 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará) establece el derecho de las mujeres a ser libre de discriminación y a la educación fuera de marcos estereotipados basados en criterios de desigualdad. En 1995 la Plataforma de Acción de la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing (Ramírez, 2014).

Ambos procesos han estimulado los imaginarios sociales para normalizar la equidad, igualdad y paridad de mujeres en los espacios de la vida colectiva y particularmente de los laborales, a pesar de la insistente obstinación que aún empíricamente las posiciona en desventaja en brechas negativas salariales en América Latina de 23% (Organización Internacional del Trabajo, 2019) y en México con una brecha negativa de participación del 30% (Banco Mundial, 2020), por ejemplo.

Según resultados de la encuesta de Actitudes y Tendencias Globales de Pew Research Center en el verano de 2019, la creencia de que las mujeres tengan o alcancen los mismos derechos que los hombres es favorable en los resultados integrales, ya que el 38.6% lo cree muy probable y algo probable el 33.7% y el 10.2% asegura que ya se ha logrado. Para el caso mexicano 51%, 34.8% y 1.40% respectivamente lo señalan (Pew Research Center, 2019). Desde la Encuesta Mundial de Valores el 52.8% de agentes entrevistados(as) en el mundo considera que las mujeres tengan los mismos derechos que los varones conforma una característica esencial de la democracia. En México lo señaló el 37.3% (Haerpfer, et.al, 2020).

2.    Momentos de inflexión.

 

La historia de las mujeres y sus luchas por obtener los derechos de participación equitativa en el total de espacios de la vida colectiva han tenido vaivenes y/o resistencias por parte de las presiones conservadoras de grupos hegemónicos que promulgan limitantes para tal igualdad sustancial desde criterios axiológicos (Michel, 1983). Sin embargo, también existen fenómenos sociales o económicos que abonan a las fluctuaciones valorativas en contra de transformaciones incipientes en diversos aspectos.  Uno de estos fenómenos que de forma directa se han acusado de efectos detractores del cambio social es la crisis social o crisis económica.

El origen del término crisis procede de la palabra griega kerein que significa separar, cortar o establecer; que se refiere a un acontecimiento definido, culminante, decisivo y peligroso. Su uso en ese sentido data del siglo XVI relacionado a fenómenos médicos o astrológicos que describe un cambio importante que determina la recuperación o muerte. O sea, es un punto de inflexión. Es hasta el siglo XVII que se utiliza en política y comercio para referirse a un acontecimiento decisivo en el desenvolvimiento de algo para bien o mal, como un momento de incertidumbre.  De ahí se asoció al término “progreso” como antítesis que interrumpe su marcha (Williams, 2013). En términos estrictamente económicos, crisis se entiende como excedente de capitales con imposibilidad de salidas rentables suficientes en la expansión del sistema productivo (Amin, 2009), es decir una caída brusca en la producción y una fase descendente del ciclo económico (Sánchez y García, 2008) y cuya manifestación endémica es el desempleo (Salgado y Lauchy, 2019).

Desde las ciencias sociales, crisis es entendida como una interrupción del curso habitual de acontecimientos que perturban las costumbres de un colectivo (Fairchild, 1966), es una circunstancia de generación de problemas de autogobierno no resueltos que ponen en riesgo la integración social (Habermas, 1998). Como se ha señalado en algunos ejercicios interdisciplinarios sobre el tema, “una crisis sistémica indica que se está produciendo una crisis cultural, de la no sostenibilidad de ciertos valores como principios rectores de la conducta humana” (Castells, Caraça y Cardoso, 2013, pp.37).  La relación entre ambos tipos de crisis es que regularmente la económica se desplaza o hace metamorfosis hacia una crisis social (Thompson, 2013).

Desde la sociología clásica se ha referido que los efectos de este fenómeno en las prácticas sociales se vinculan con temor y frustración a causa de la ineficacia de las normas colectivas que pueden incitar incluso al suicidio. También es reiterada la alusión al debilitamiento del vínculo y tejido social, solidaridad y falta de confianza. Desde la perspectiva contemporánea se ha problematizado que las crisis, además de ser fuerzas de descomposición, lo son de transformación ya que es favorable para que agentes sociales replanteen estratégicamente acciones a partir de la comprensión de la complejidad del proceso. De esta manera se problematiza acerca de lo que se ha realizado desde una lectura crítica que cuestiona los límites del funcionamiento de lo existente, siendo así un incentivo para proponer acciones nuevas (Wieviorka, 2013).

Sin embargo, en épocas de crisis es casi un patrón que las respuestas colectivas tiendan hacia lo emocional, irracional y se despliega la radicalidad (Weber, 1999). También el sectarismo se incentiva, las creencias mágicas imperan, el mesianismo retoña, además de la apatía o desánimo. En suma, una serie de prácticas imprevisibles y aleatorias que alimentan la incertidumbre para las estrategias nominales de los agentes que lo experimentan en busca de chivos expiatorios, así como de una “regresión en conocimiento” (Edgar Morin en Wieviorka, 2013).

Como se ha referido en desarrollos teóricos contemporáneos, la cohesión no solo se logra con la homogeneidad y compartimento valorativo, sino que el éxito económico de una comunidad, de la justicia en la distribución de beneficios materiales y el sentimiento de seguridad interior, así como exterior habilitan que los valores comunes contribuyan a la afinidad. De modo que en una crisis de cohesión social es relevante analizar las tendencias económicas y la insatisfacción al respecto (Joas, 2018) para aproximarse a la dispersión actitudinal y valorativa con orientaciones carentes correspondencia o reciprocidad. 

Aunado a lo anterior, las crisis en general, pero las económicas en particular, tienen entre sus consecuencias más comunes la afectación o pérdida mayoritaria de posiciones en el mercado laboral en desventaja para mujeres en comparación con varones (Horbart y Gracia, 2014; Camberos y Bracamontes, 2015), cuando las mujeres se ubican en espacios laborales se intensifica la cantidad de actividades por un mismo salario, pero también se intensifica su actividad en espacios domésticos, realización típicamente no remunerada (Gálvez y Rodríguez, 2011).

En países considerados desarrollados las políticas de ajustes post-crisis realizadas para paliar los efectos negativos en los mercados laborales segmentados por género, los beneficios han recaído prioritariamente en beneficio de sectores masculinizados en comparación de actividades típicamente ocupadas por mujeres. (Leschke & Jepsen, 2014). De modo que el tiempo de recuperación del empleo masculino es más acelerado que el femenino, además de que este último termina más precarizado, coadyuvando a retrocesos de igualdad de género en épocas pre-crisis (Gálvez & Rodríguez, 2011).

Así, las crisis en lo general hacen retroceder las ventajas hacia la equidad en favor de las mujeres, pero también detonan posiciones emotivas, sectarias actitudes excluyentes y retrocesos no solo en los efectos ocupacionales, económicos o financieros sino también, y es el supuesto de este trabajo, frente a las tendencias valorativas que permiten a las mujeres crear condiciones en favor de la no subordinación estructural que asocia a las labores femeninas como actividades sin prestigio, inferiores, improductivas o complementarias; alimentando la supuesta división natural del trabajo (Brito, 2018). Además, como se ha demostrado empíricamente, las actitudes y mandatos tradicionales con respecto a los roles de las mujeres en un colectivo influyen de forma directa en las características cuantitativas y cualitativas de la equidad de género en el mercado laboral (Fortin, 2005).

Las actitudes excluyentes contra mujeres, si bien, pueden considerarse diversificadas y complejas a pesar de las condiciones estructurales, se han documentado tendencias que se relacionan con características demográficas o posiciones sociales específicas. Por ejemplo, en un estudio realizado en países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), encontró que es en varones en quienes se concentran las posturas de prioridad laboral masculina (Algan & Cahuc, 2004), independientemente del credo religioso que profese (Guiso, Sapienza & Zingales, 2003).

La variable educación de igual manera se ha señalado es un factor que incide en la valoración de la prioridad masculina en el espacio laboral, cuya tendencia indica que entre más estudios cuenta un o una informante menos considera a los varones como inherentes al espacio público económico (Algan & Cahuc, 2004) y mayor es la tolerancia a mujeres en ese ámbito (Guiso, Sapienza & Zingales, 2003). Respecto a la edad la tendencia indica que, entre más edad, mayor es la tendencia a considerar a varones como prioritarios en el espacio de trabajo (Algan & Cahuc, 2004, 2004). Es decir, entre más edad, más intolerancia contra mujeres y contra cualquier cambio de roles tradicionales de género (Piña y Aguayo, 2015).

El nivel de ingreso también ha sido documentado como una variable asociada a la valoración, sin embargo, la orientación indica que entre más ingresos adquiere menos tolera la afirmación de exclusividad masculina en el campo laboral (Algan & Cahuc, 2004). La postura ideológica en el plano político también contribuye a orientar referentes de sentido y evaluación con respecto a las mujeres y su rol en el colectivo. Se ha referido que las tendencias políticas de derechas son más próximas a la misoginia y la intención de excluir a las mujeres del espacio público (Kaul, 2021). Respecto a la religión también se ha documentado la tendencia que indica que las personas con creencias religiosas son más proclives a orientar su sentido de valoración hacia el conservadurismo (Algan & Cahuc, 2004) y respecto a la variable sexo, si bien se ha argumentado el cambio de paradigma cultural en las prácticas cotidianas con respecto al espacio público, empíricamente se ha documentado la persistencia de esquemas en varones y mujeres que prioriza a los primeros en ámbitos laborales, culturales y políticos (Cabral, 2017) pero que en mujeres se reafirman tales patrones de valoración (Gravriloaei, 2016).

METODOLOGÍA

Para alcanzar el objetivo planteado se hace uso de la Encuesta Global Attitudes Survey del Pew Research Center (PRC) de verano de 2019 en México. Este centro de investigación tiene como objetivo indagar sobre problemas, actitudes y tendencias de valores, actitudes y opiniones públicas extraídas en datos cuantitativos de tópicos particulares para ofrecer resultados que contribuyan al debate público de fenómenos sociales, políticos, demográficos, tecnológicos y más.

Estos, son ejercicios basados en métodos probabilísticos para incorporar robustez estadística que permitan análisis y comparaciones significativas y válidas. Para el caso de la base de datos a utilizar, el diseño de la encuesta se construyó en a partir de probabilidad de áreas múltiples con unidades primarias de muestreo basadas en secciones electorales estratificadas por rasgos de urbanidad, de las cuales fueron seleccionadas 115 distribuidas por el territorio nacional. La encuesta fue aplicada en hogares aleatorios seleccionados en función de las personas mayores de edad que la habitan. La encuesta se realizó cara a cara en idioma español entre mayo y julio de 2019. El tamaño de la muestra es de 1028 casos con un margen de error de 4.5, defecto de diseño de 2.15 y ponderada a partir de edad, educación, sexo, región, urbanidad y probabilidad de selección del o la persona informante.

Las características de la muestra para el caso mexicano están conformadas por 52.8% de varones y 47.2% de mujeres. La edad se distribuye en 34% en informantes de 18 a 30 años, de 31 a 50 años el 40.2% y el restante 25.8% entre 51 años y más. Respecto a la escolaridad el 2% no cuenta con estudios formales, 57.6% con educación básica, 21.5% con educación media y el restante 18.1% con estudios superiores. En cuanto a la estratificación salarial el 77.2% se ubica en rango salarial bajo, 18.4% en rango medio y el alto con 4.4%.

La variable dependiente considerada para explicar la creencia del derecho al trabajo para las mujeres en temporadas de carencia de puestos laborales es la numerada Q62 -siendo una variable cualitativa, ordinal tipo Likert- que de forma textual se expresa de la siguiente manera: Por favor dígame si está completamente de acuerdo, mayormente de acuerdo, mayormente en desacuerdo o completamente en desacuerdo con la siguiente afirmación “Cuando los trabajos son escasos, los hombres deberían tener más derechos a un trabajo que las mujeres”. La categoría de la variable que se considera como referente es “Completamente de acuerdo”.  El nivel de respuesta al reactivo en la muestra mexicana es de cien por ciento, por tal razón su uso es viable.

La razón de estimar este reactivo para explicar el fenómeno obedece a los propios antecedentes disciplinares y metodológicos que lo han considerado en ejercicios empíricos previos, aunque desde otras encuestas y objetivos (Guiso, Sapienza & Zingales, 2003; Algan & Cahuc, 2004; Guiso, Montes, Sapienza & Zingales, 2008; Fortin, 2005; Inglehart & Norris, 2003; Mühlau, 2011).  El común denominador del uso de este reactivo es visualizar las consideraciones subjetivas de la equidad de género y la segmentación en mercados de trabajo.

Las variables independientes son, en primer lugar, el sexo numerada en la base de datos Q70 con dos categorías: Hombre y mujer. La edad (etiquetada como Age) en que originalmente es una variable continua pero con fines de simplificar y ajustar ordinalmente en congruencia con la variable dependiente, fue recategorizada en once rangos: 1) 18 a 20 años, 2) 21 a 25, 3) 26 a 30, 4) 31 a 35, 5) 36 a 40, 6) 41 a 45, 7) 46 a 50, 8) 51 a 55, 9) 56 a 60, 10) 61 a 65 y 11) 66 años o más. La escolaridad, variable cualitativa ordinal con doce categorías de igual forma transformada en tres categorías: 1) Baja escolaridad (Sin formación académica y los grados de educación básica completa e incompleta), 2) Educación media (Estudios media superior y bachillerato concluidas y no concluidas) y 3) Educación alta (Educación superior y posgrados). Ingresos es otra variable ordinal construida en nueve rangos de igual forma fue simplificada en tres categorías (Bajo, medio y alto). La importancia en la religión en la vida, numerada en la base como Q85 es categórica ordinal de categorías 1) Muy importante, 2) Algo importante, 3) No muy importante y 4) Nada importante. Por último, la variable de posición política que refiere a partidos políticos mexicanos para ubicar a la persona informante en el espectro político, pero ha sido recategorizada en tres básicos: Derecha, centro e izquierda conforme los criterios ideológicos que permite clasificarlos según N. Bobbio (1996) y G. Sartori (2012).

El procedimiento técnico inicial del tratamiento de datos se realiza la comparación porcentual de la categoría eje de la variable dependiente para el caso objeto de estudio con otras submuestras de la misma fuente para contrastar el fenómeno frente a otros de la misma clase o especie, pero en distintos contextos (Eser & Vliegenthart, 2017). La intención es exclusivamente descriptiva y exploratorio de semejanzas y diferencias a partir de particulares comportamientos estadísticos del caso desde un punto de vista referencial.

Posteriormente se describen los factores asociados a la actitud o postura excluyente contra mujeres con la técnica multivariada acorde a la naturaleza de la variable dependiente, es decir la técnica es denominada correspondencias múltiples. Esta estima las mutuas influencias entre categorías de variables a partir de su distribución espacial en planos vectoriales y coeficientes de asociación conjunta (Blasius & Greenacre, 2014).

RESULTADOS

Comparativamente los resultados del total de países de la base de datos ubican a México entre las muestras estadísticas del bloque que en menor medida señalan acuerdo con la idea de que las mujeres debieran tener menos derechos que los varones en etapas de carencias económicas ya que solamente el 11.9% mostró total acuerdo al pronunciamiento, 20.3% en absoluto desacuerdo, aunque el 29.6% señaló un grado de conformidad y el restante 35.1% con algún grado de desacuerdo. 

Los países que en mayor porcentaje mostraron acuerdo a la aseveración fueron Túnez con 63.6%, India con 55.5% y Nigeria con 55.30. A contraparte aquellos que en menor porcentaje lo refirieron se ubican en 2.4% en Suecia, 2.9% en Canadá y Estados Unidos con 3.7%. El porcentaje promedio o mundial se colocó en 21.6%, de modo que México, a pesar de localizarse en el conjunto de sub muestras estadísticas de tolerancia y apertura, cuenta aún con una proporción considerablemente elevada en contraste de países con mayor tolerancia (Figura 1).

Figura 1. Cuando los trabajos son escasos, los hombres deberían tener más derechos a un trabajo que las mujeres. Comparativo 2019.

Fuente: Elaboración propia con base Global Attitudes Survey, Pew Research Center 2019.

Respecto al tratamiento factorial particularizado de la muestra mexicana con fines exploratorios y descriptivos los resultados de las pruebas de confiabilidad y robustez del modelo señalaron que la prueba de adecuación Alfa de Cronbach es de .497. Para graficar en planos vectoriales las medidas discriminantes se resume señalando que en la primera dimensión la variable más influyente fue la escolaridad con .550 (Tabla 1); mientras que en la segunda dimensión la variable más influyente es la edad con valores de .456.

Tabla 1. Medidas discriminantes.

 

Dimensión

Media

 

1

2

 

Q62. when jobs are scarce, men should have more right to a job than women

0.268

0.063

0.165

Edad‎Rango

0.329

0.456

0.392

ImportReligion

0.389

0.165

0.277

EducaciónMex

0.550

0.353

0.452

EscalaPolit

0.145

0.008

0.077

SalMéx

0.309

0.210

0.259

Gender

0.042

0.193

0.117

Total activo

2.031

1.448

1.739

Fuente: Elaboración propia con base

Global Attitudes Survey, Pew Research Center 2019.

 

La dispersión de categorías de la variable dependiente que se distribuyen en los cuadrantes del diagrama permite inferir dos conjuntos de asociaciones delimitadas en función de la postura de tolerancia o aceptación y no tolerancia (Figura 2).

Asociadas a la categoría dependiente y eje de este estudio “Totalmente de acuerdo”, pero también a la categoría “Algo de acuerdo”, del lado negativo de la primera dimensión se asocia con salarios bajos, alta importancia a la religión, con mujeres, con la escala política de derecha, formación académica baja y con rangos de edad de 36 a 40 años, 51 a 55, 56 a 60, 61 a 65 y 66 o más.

Figura 2. Correspondencias múltiples. Cuando los trabajos son escasos, los hombres deberían tener más derechos a un trabajo que las mujeres y variables de control.

Fuente: Elaboración propia con base Global Attitudes Survey, Pew Research Center 2019.

Por el lado positivo de la dimensión se ubican las categorías “Algo en desacuerdo” y “totalmente desacuerdo” con salarios medios; con algo, no mucho y nada importante la religión en la vida; con varones, escala política de centro, educación media y edades de 21 a 50 años de edad.

DISCUSIÓN

Comparativamente el porcentaje promedio de los países encuestados quienes consideraron que ante crisis económicas las mujeres debieran tener menos derechos que los varones para acceder a un empleo es de 21.6%, es decir 9.7% menos porcentaje de personas que México. Posicionándose así en el bloque de países de más apertura o menor segmentación en las representaciones del mercado de trabajo.

Sin embargo, aún se localiza con distancia significativa de aquellos países con mayor equidad en las posturas que no logran cinco puntos porcentuales.  Esta posición en el grupo de países con actitudes relativamente aceptables de equidad de género en el espacio público y particularmente respecto a la participación de mujeres en el trabajo es coincidente con un estudio empírico que analiza la semántica del lenguaje oficial de los países y cuya tesis afirma que la gramática que incluye pronombres en tercera persona que refieren a la diferencia de género suelen ser países con mayores porcentajes de participación de mujeres en el espacio laboral así como en las representaciones colectivas  positivas al respecto y México se ubica en ese bloque de países (Mavisakalyan, 2015). Aunque en términos concretos, México ocupa el último lugar en igualdad de género laboral en América latina (Hernández, 2020).

Respecto a la relación de la categoría eje de la variable dependiente “completamente de acuerdo” con las categorías de las variables de control, mostró que se encuentran asociadas en un primer término con las mujeres y con distancias significativas a varones. Las razones de esta proximidad podría explicarse a que el orden simbólico de género, introyectado a través de los imaginarios colectivos, aún prevalece el mandato diferenciado que refiere a las mujeres como inherentes al espacio privado (Serret, 2001; Cabral, 2017) a pesar de la sistemática incorporación al mercado de trabajo pero aun asumiendo el mandato de género como legítimo (Gavriloaiei, 2016) e incluso se asevera que los motivantes prioritarios para que las mujeres ocupen el espacio laboral es predominantemente instrumental (Hajdu & Sik, 2018) no necesariamente ideológico o político.

Respecto a su relación con salarios bajos, se ha aseverado a partir de ejercicios empíricos que las personas con ingresos medios y altos, que no suponen dificultades económicas para subsistir, son proclives a considerar de forma positiva que las mujeres participen activamente en actividades productivas ya que no perciben riesgos de competencia por los puestos de trabajo (Algan & Cahuc, 2004).

La alta importancia de religión con la creencia del poco respeto para que las mueres ocupen funciones laborales es un rasgo, pareciera inherente, de las actitudes económicas en personas adscritas a dogmas teístas (Fortín, 2005). Mientras que en personas no creyentes las actitudes o posturas frente a las mujeres y el campo laboral es más inclusiva.

No obstante, existen diferencias sustanciales a esta postura dependiendo el tipo de religión que profese y el tipo de involucramiento en la actividad religiosa. Es decir, personas criadas en religiones dominantes y con participación activa en asuntos religiosos tienden a referir intolerancia a los cambios de roles de las mujeres o en las posiciones dictaminadas por la creencia sobre todo en religiones católicas, judías, musulmanas y budistas (Guiso, Sapienza & Zingales, 2003). De modo que, para el caso mexicano, por lo tanto, la predominancia del catolicismo en el país como credo hegemónico, se corresponde con la asociación a la creencia de las mujeres a no merecer derechos cuando escasea el trabajo. Esta relación entre creencias religiosas y actitudes de intolerancia son percibidas también contra personas en movilidad humana (Mejía, Hernández y Ortíz-Ávila, 2019).

La vinculación encontrada de la postura excluyente con informantes de orientaciones políticas de derechas es un rasgo coincidente en los discursos contemporáneos de figuras públicas con ese tipo de orientaciones (Kaul, 2021). Sin embargo, la definición misma de postura ideológica mantiene de forma inherente actitudes opuestas a la igualdad y equidad general (Jost et al., 2003) tal y como se ha documentado en ejercicios empíricos que reiteran la tendencia de las posturas conservadoras hacia la exclusión de valores o estado de cosas prevalecientes (Wetherell et al., 2013) y contra transformaciones que pudieran incentivar la autonomía de las mujeres de los mandatos tradicionales de género (Wesley, 2013).

La relación de la baja educación con posturas que opinan negativamente al derecho a las mujeres de participar son coincidentes con análisis empíricos semejantes (Algan & Cahuc, 2004; Fortin, 2005) argumentándose que la formación educativa proporciona herramientas que sensibilizan sobre la necesidad de equidad en los procesos sociales, pero también explican que las personas con mayores logros educativos posibilitan certezas en el campo laboral (Márquez-Scotti 2015), lo que provoca que el se omitan prejuicios o criterios externos al mérito.

Por último, respecto a la edad, la relación entre edades mayores con posturas de exclusión es un rasgo documentado en otro tipo de actitudes de intolerancia en el que se señala la misma tendencia, por ejemplo, en el caso contra personas de la diversidad sexual (Piña & Aguayo, 2015).

Una de las posibles razones para el caso de la postura axiológica respecto a las mujeres en coyuntura de crisis puede ser inferida porque en edades de 36 a 40 hasta 65 o más, tal y como los resultados sugieren, es el rango de edad en el que la biografía laboral se encuentra en actividad productiva en un contexto mexicano cuyas características predomina la informalidad, precariedad y desempleo. Aunado a que es en el perfil de trabajador(a) mayor de treinta años donde se concentran las responsabilidades en gastos de vivienda, así como manutención de núcleos familiares con descendencia (Vázquez & Ortíz-Ávila, 2018). De modo que las presiones por mantener el empleo y evitar competencias inciden en actitudes excluyentes basadas en criterios culturales como referente de sentido inicial, es decir contra las mujeres como delimitador original (Serret, 2008).  Lo que es congruente con estudios empíricos que señalan la propensión de adultas hacia la consideración excluyente contra mujeres en etapas de crisis (Fortin, 2005).

Tal panorama para México aún es adverso si consideramos que entre las opciones de respuesta “Totalmente de acuerdo” y “algo de acuerdo” suman 38.5% de las personas encuestadas que consideran como válida parcial o completa la afirmación privativa contra las mujeres.

Tal análisis pudo haber sido útil para premeditar reflexiones pre pandemia ya que los diagnósticos iniciales han señalado que en primera etapa de confinamiento la tasa de desempleo general fue de 5%, pero para las mujeres fue de 7% y se reflejó en sectores tradicionalmente feminizados, pero aún más en aquellos donde la participación de mujeres ya era inferior. De manera que la probabilidad de que una mujer se ocupe laboralmente en contexto de crisis por pandemia es 30% inferior a los varones en cualquier actividad. Aunado a que las mujeres dedicaron entre 19 a 22 horas semanales más al trabajo doméstico sin remuneración en comparación a los varones (Gómez, 2021). Al momento de la reapertura de la economía durante el segundo semestre de 2020, de igual manera la recuperación de empleos para mujeres fue de 45% mientras que en varones fue de 75% (Filippo et al., 2021).

Si bien estas condiciones en contexto de pandemia responden a condiciones estructurales de segmentación del mercado de trabajo, también el factor axiológico basado en criterios simbólicos de referencia asimétrica de roles asignados por los referentes de género influye en las orientaciones de sentido de la acción y valoración que desembocan en desigualdades concretas a nivel cuanti y cualitativo (Fortin, 2015) que si bien son persistentes, en coyunturas de dificultad material obtienen pareciera adquieren mayor legitimidad.

Si bien se ha teorizado que los fenómenos sociales y sus consecuencias son poco predecibles y mesurables, entendidas metafóricamente como metamorfosis, pero sin certeza del resultado (Beck, 2017), para el caso de la desigualdad de género sigue siendo una constante que, sin importar el acontecimiento, el desenlace pareciera siempre desembocar en desventajas estructurales contra las mujeres.

CONCLUSIONES

El objetivo del estudio fue aproximarse a analizar las posturas que ubican a las mujeres en mandatos o expectativas de exclusión de espacios laborales en contextos de adversidad material en agentes informantes de México.

A nivel general, la muestra mexicana señaló en 11.9% el total acuerdo al pronunciamiento que refiere que, en caso de crisis económica, las mujeres tienen menos derechos que los hombres a tener un empleo y el 29.6% lo refirió de forma moderada.  Si bien no es mayoría, representa una alta proporción de agentes que lo considera.  A nivel comparativo, México, se localiza en el bloque de países que en menor porcentaje contempla la privación de derecho como posibilidad ante una recesión económica junto a países europeos del este y occidentales.

A nivel multifactorial y micro, la postura de negación de limitación al trabajo a mujeres en etapa de crisis se asocia con agentes de salarios bajos, de alta importancia a la religión, particularmente en mujeres, de posiciones políticas de derecha, con formación académica baja y de rangos de edad de 36 a 40 años, 51 a 55, 56 a 60, 61 a 65 y 66 o más.  Con esto se corrobora la persistente tendencia del perfil conservador asociada a esquemas cognitivos de empeño al sometimiento de la desigualdad contra la mitad de la población del territorio mexicano.

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