The essay presents the systematization of the experience of care and attention to early childhood by a public official, presented under the pseudonym María, who led the work of a Child Development Center (CDI) within one of the penitentiary centers operating in the city of Quito. At this center, specialized in receiving women deprived of liberty who are pregnant or have children up to 3 years of age, María accompanied the work of the educators; the experiences of the mothers; and the children development. The narrative, organized under these themes, was constructed from two open interviews lasting a total of 4 hours, with a discourse subsequently analyzed using the content analysis technique with the support of ATALAS.ti. The essay is presented as a narrative, argued and supported by scientific evidence and theory.

Keywords: Early childhood; childcare; child development; prison; Ecuador

1. INTRODUCCIÓN

En 1990, Ecuador se convirtió en el primer país latinoamericano en suscribir la Convención de Derechos del Niño, adquiriendo de esta manera un compromiso por la protección de derechos como: la identidad; la libertad de expresión; la seguridad y la vida; así como la protección de los niños y niñas contra la violencia y las diversas formas de explotación de las que pueden ser víctimas. De la misma forma, se comprometió a alinear sus leyes, políticas y programas con los cinco principios que rigen la convención: igualdad; interés superior del niño; no discriminación; supervivencia; y participación (Asamblea General de Naciones Unidas, 1989). En este sentido, desde la formulación de leyes hasta la toma de decisiones por parte de las distintas instituciones del Estado, en tanto involucren a menores de edad, deben garantizar su bienestar y desarrollo más allá de la situación de sus cuidadores directos.

En conformidad con este marco internacional, la Constitución de nuestro país establece, en su artículo 44 que:

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas (2008).

El Estado, por tanto, es el órgano responsable de implementar políticas y programas públicos dirigidos a la protección de las infancias, sobre todo en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los niños y niñas que nacen y crecen dentro de las cárceles hasta cumplir los 3 años de edad. Para el efecto, el trabajo se realiza de forma coordinada entre las siguientes instituciones: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES); Registro civil; Ministerio de Salud del Ecuador; y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). Esto implica el trabajo colaborativo de una serie de funcionarios dedicados a asegurar los procedimientos del centro penitenciario y dar cumplimiento a los derechos más básicos de alimentación, salud, identidad, educación y desarrollo de los niños y niñas, tanto como de las madres.

En nuestro país, se encuentran privadas de la libertad alrededor de 3 mil mujeres, la mayoría por tráfico de sustancias (Ecuavisa, 2022). La sobrepoblación carcelaria, los conflictos internos, las condiciones precarias y las distintas formas de violencia que surgen son fenómenos interconectados que vulneran el bienestar y la seguridad de las mujeres. Según Almeida (2017), el Estado no realiza mayor investigación dentro de los centros penitenciarios más allá de los censos e, incluso en esos casos, los datos oficiales no coinciden con los difundidos por organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, la situación de las madres no es del todo clara, a pesar de que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) prohíbe la reclusión de una mujer embarazada y hasta 90 días después del parto, en la realidad son muchas las mujeres en estado de gestación que habitan dentro de las cárceles en Ecuador.

Una vez que los niños y niñas nacen, los funcionarios responsables analizan y gestionan cada caso según sus posibilidades. En este sentido, los infantes pueden pasar a ser cuidados por un familiar al exterior de la cárcel para evitar su reclusión. Malacalza et al. (2020) explican que, en última instancia, el cuidado queda supeditado a las capacidades económicas de las familias. Esta situación práctica es más decisiva que el debate sobre la importancia del vínculo afectivo materno. Por tanto, debe tomarse en cuenta que, en América Latina, las mujeres encarceladas son: mujeres pobres y de minorías étnicas; quienes provienen de contextos de vulnerabilidad y violencia; son enviadas a cárceles con problemas estructurales; son estigmatizadas por no cumplir su rol (Matos et al., 2019).

Las aproximaciones a la primera infancia, sin embargo, han cambiado con el pasar de los años. En 2009, el programa “Niños libres” impulsado por el entonces vicepresidente Lenin Moreno, buscó retirar a los más pequeños del entorno carcelarios. Sin embargo, se ejecutó de una manera violenta, criminalizando a los niños y niñas, justificando su retirada bajo el argumento de que eran instrumentalizados para la circulación de drogas al interior del penal. Este proceso fue recogido por Almeida (2017) en su estudio sobre el paso de las mujeres de la cárcel de El Inca (Quito) al Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte (Latacunga). Hoy en día, en Quito hay un solo centro especializado que alberga a mujeres gestantes y niños y niñas hasta los 3 años. Se encuentra al sur de la ciudad, es el resultado de un proyecto que inició en el año 2015 bajo el nombre “Casa de confianza” y que, desde el 2019, se denomina Centro de Rehabilitación Social de Atención Prioritaria Quito (La Hora, 2019). No se cuenta con una cifra actualizada, pero en el 2022, el
SNAI dio a conocer que eran 52 los niños y niñas que habitaban en cárceles en Ecuador (Ecuavisa, 2022).

Varios estudios en la región han analizado el impacto que el encarcelamiento puede tener sobre los/las más pequeños/as. Entre los efectos más claros se menciona el desarrollo de apegos inseguros; el trauma de la separación; la posible aparición de problemas de conducta en la infancia y de conductas antisociales en la adolescencia; los problemas del desarrollo propios de crecer en entornos inseguros y amenazantes; el estigma, la pérdida de capital y redes sociales que dificulta el bienestar en los años siguientes de vida (Millan y Palma, 2018).

2. METODOLOGÍA

El trabajo constituye la sistematización de la experiencia de una funcionaria pública que laboró para el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en calidad de Coordinadora de Centros Infantiles, durante 10 años y que, en sus últimos años, fue asignada a un centro infantil dentro de una cárcel en la ciudad de Quito. En dicho espacio estuvo a cargo de liderar las atenciones y cuidados de los niños y niñas de 0 a 3 años de edad.

La sistematización de experiencias representa un método de investigación que consiste en ordenar una vivencia para interpretarla de forma crítica, para ello, se ordenan y reconstruyen los hechos más importantes hallados en el relato de la persona (Unday y Valero, 2017). En este caso, el levantamiento de información se realizó desde un enfoque cualitativo con el fin de aproximarse a la experiencia de la funcionaria, a quien se le ha colocado el pseudónimo de María, a partir de sus propias narraciones. Para el efecto, se empleó la técnica de la entrevista abierta dado que “las preguntas abiertas suelen arrojar respuestas que requieren presentar argumentos y desarrollar explicaciones” (Muñoz, 2023, p.3). Es así que se condujeron dos entrevistas abiertas, cada una con una duración de dos horas.

Durante la entrevista, María comentó su experiencia orientada por las preguntas abiertas, detallando vivencias, casos particulares, e incluso los espacios del centro infantil apoyando su relato con fotografías que decidió compartir. Una vez reunida la información, se recurrió a la técnica de análisis de contenidos para asegurar un proceso ordenado de categorización y codificación de todo lo narrado. El análisis de contenidos es una técnica recomendada para la comprensión de acontecimientos sociales pasados que se reconstruyen a partir de los discursos que las personas sostienen sobre aquellos (Oliver, 2008). Para asegurar un proceso claro y eficiente, se empleó el software de análisis de datos cualitativos ATLAS.ti en su versión más actual.

El contenido transcrito fue ordenado finalmente en cuatro categorías:

1) Funcionamiento y procesos del centro infantil

2) Experiencia en relación con las educadoras

3) Experiencia en relación con las madres

4) Desarrollo de los niños y niñas

En el mismo orden, se desarrolla el ensayo a manera de relato, argumentando y sustentado la experiencia con teoría e información científica. Cabe recalcar además los principios éticos que se han tomado en cuenta en el presente estudio con el fin de minimizar posibles riesgos y asegurar la protección de una población muy vulnerable. Entre las medidas tomadas, bajo las orientaciones de Sánchez et al. (2023), se puede mencionar: la protección de los datos personales de la entrevistada; la protección especial de las grabaciones de audio; la firma de un consentimiento informado a través del cual la entrevistada conoció que podía responder y participar a voluntad; la no mención de nombre, apellido u otros datos de las mujeres privadas de libertad, sus hijos e hijas; la no entrega de ningún tipo de documento o fotografía a las investigadoras.

3. DESARROLLO

María trabajó como servidora pública para el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en el área de Desarrollo Infantil por casi 10 años cuando, un día, recibió una llamada para trasladarse como coordinadora al CDI que funciona dentro de uno de los centros penitenciarios de la ciudad de Quito. En calidad de trabajadora del MIES, María ingresó al centro a “brindar consejería familiar y atención orientada a precautelar la integridad de las mujeres gestantes, puérperas, en periodo de lactancia y con hijos dentro del Centro de Reclusión Social”, tal como lo establece el Art. 67 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social[1](SNRS, 2020).

Gracias a su amplia trayectoria laboral, María conocía bien las implicancias de realizar un trabajo con enfoque de derechos. Estaba consciente de que su labor consistía en velar por el cumplimiento de todos los derechos fundamentales de la infancia establecidos, entre otros instrumentos, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA, 2003), el cual menciona que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener: familia; vida digna; salud; seguridad social; ambiente sano; identidad; educación; recreación; libertad personal; dignidad; privacidad. Derechos fundamentales que, sin embargo, no logran ser garantizados en situaciones de mayor vulnerabilidad como es el caso de los niños y niñas que pasan sus primeros años de vida dentro de los centros penitenciarios (Sanhueza y Sánchez, 2022).

En su primer día de trabajo aprendió todos los procedimientos para ingresar. Debía pasar por revisiones cada mañana y dejar sus pertenencias, incluido su teléfono celular, en un casillero de la entrada. Estar incomunicada durante toda la jornada era solo una de las cosas que le provocaba temor. Le habían explicado que en el centro penitenciario se encontraban privadas de la libertad mujeres en estado de gestación o con sus hijos e hijas hasta los tres años. Sin embargo, se encontró con un espacio rodeado de gran seguridad y pronto descubrió que el centro era empleado también para acoger a mujeres que habían sido partícipes de casos sumamente mediáticos y cuya vida podría estar bajo amenaza. Entendió que el CDI era solo una pequeña parte en un sistema de reglas y procesos regentados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

“Primero piensa en todo lo malo, en todo lo que le puede pasar” - comenta María. Pensaba en lo peligrosas que podían ser las mujeres que allí conviven, pero también recurría a su fe y se convencía de que el destino la había colocado en ese lugar con un propósito. Cuenta que el CDI tenía varios problemas a nivel de su gestión y ella decidió realizar su trabajo con el fin de que los procesos administrativos no afectaran la alimentación y el cuidado de los niños y niñas. Cada mañana pasaba por los múltiples filtros de seguridad, con sus zapatos sin cordones, su cédula y autorización a la mano. Recorría un pasillo desde el cual veía los cinco pabellones en los que las mujeres compartían celdas pequeñas y cruzaba el patio para llegar al centro infantil rodeado por una malla metálica que las reclusas tenían prohibido pasar. Junto a las educadoras, recibía a los niños y niñas cada mañana a las 8h00 y no volvía a ver a sus madres hasta las 17h00 cuando terminaba su jornada.

Mantener un equipo de trabajo estable fue uno de los retos que enfrentó durante sus años como coordinadora. María cuenta que las educadoras del centro rotaban frecuentemente pues pocas podían soportar las condiciones de trabajo por mucho tiempo. Los turnos de trabajo incluían fines de semana y feriados. Además, a pesar de que el Reglamento antes mencionado del SNRS (2020), establece en su Art. 66 que tanto las mujeres privadas de libertad como sus hijos e hijas se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad por lo cual requieren de atención especializada, María cuenta que las educadoras que llegaban al CDI no recibían una inducción previa por lo que no estaban preparadas a nivel técnico ni psicológico para lo que iban a enfrentar.

A esto se sumaba que las madres tendían a organizarse en contra de alguna educadora cuando no les gustaba su trabajo o sus peticiones respecto al cuidado de sus hijos e hijas. A pesar de que no podían tener contacto directo con ellas y estaban separadas por la malla de seguridad, las educadoras terminaban sintiéndose amenazadas y preferían dejar su trabajo. Una decisión comprensible si tomamos en cuenta que, según Niebla (2014, p.30), las crisis carcelarias se han convertido en “uno de los fenómenos más lacerantes y violatorios de la dignidad humana en el Ecuador; una realidad que pocos quieren ver y nadie quiere enfrentar”. Sin preparación y con una constante sensación de amenaza, todas terminaban por renunciar más pronto que tarde.

Por su parte, las mujeres privadas de libertad tenían una serie de situaciones distintas. María pensaba que todas las mujeres habían sido ingresadas al centro en estado de gestación. Sin embargo, en el camino halló que muchas de ellas se embarazaban en otras cárceles durante las visitas conyugales y eran trasladadas al centro hasta que los niños y niñas cumplieran los tres años. María entonces, percibía que “para muchas de ellas sus hijos eran sus salvavidas”, refiriéndose a que algunas mujeres buscaban el embarazo para ser trasladadas desde cárceles grandes como la de Latacunga, a centros pequeños con mayor flexibilidad para la vida cotidiana.

Esta percepción de María era correcta pues fue confirmada por el propio MIES en un estudio realizado por Ávila (2023), a través del cual informó que “el 70% de las madres privadas de libertad convierten a sus hijos en un instrumento para obtener beneficios o privilegios. La cosificación se evidencia en acciones como tomar ventaja de su calidad de madre o madre gestante para mantenerse o volver a espacios carcelarios menos hostiles” (p. 40).

María asegura que esta era una estrategia a la que recurrían de forma repetida las mujeres con condenas largas. Podían pasar en el centro hasta 4 años sintiéndose más protegidas, sabiendo que su bienestar y alimentación eran prioritarias, y que había menos riesgos durante las crisis carcelarias. Además, los cuidados para sus bebés también estaban garantizados. En palabras de María: “el mejor jabón, los mejores pañales”.

De a poco, María entendía cada vez mejor la realidad de aquellas mujeres sin juzgarlas, a su vez, siendo consciente de que no podía dejar de ser exigente con ellas. No podía permitirles llegar tarde a dejar o retirar a sus hijos e hijas, no podía dejar de preguntarles sobre lo que pasaba durante la noche cuando los niños y niñas llegaban con moretones en el cuerpo. Era evidente que el tiempo dentro de las celdas -que se cerraban desde las 18h00 hasta las 06h00 de la mañana siguiente- era una ocasión para que ocurrieran eventos que perjudicaban a los niños y niñas.

Este testimonio, tal como el anterior, es respaldado por el estudio en mención que afirma “el periodo de convivencia entre los NN junto a su madre -durante la tarde y pernoctación- se transforma en un periodo de captación y aprendizaje de prácticas agresivas, en donde los NN tienden a ser cosificados” (Ávila, 2023, p.39).

Según María, durante esas 12 horas de encierro total eran usuales las peleas entre reclusas. Hasta 5 madres con sus respectivos niños y niñas menores de tres años convivían en un espacio pequeño sin alimentos disponibles ni otros recursos que pudieran ayudarles a regular las conductas infantiles. Los eventos de maltrato eran usuales. María incluso descubrió que las madres hacían pelear a sus pequeños/as entre ellos por diversión o por algo que percibían como “un entrenamiento para sobrevivir”.

Allí pasaban sus días los niños y niñas hasta sus tres años. Entonces, salían a ser cuidados por un familiar o eran llevados a casas de acogida con la esperanza de una eventual adopción. Dichas medidas se encuentran establecidas en concordancia con los lineamientos internacionales. Según el Fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF, 2019):

Las niñas y niños que viven junto a sus madres en los establecimientos penitenciarios pueden mantener el vínculo maternal, pero a costo de vivir en un ámbito carcelario y de interrumpir la convivencia o el contacto cotidiano con el resto del grupo familiar. Además, cuando cumplen años establecidos deben abandonar la cárcel y, si no hay ningún familiar o persona de confianza que pueda asumir su cuidado, son derivados a familias sustitutas o instituciones, con las duras consecuencias que implica el desarraigo familiar (p.12).

Crecer dentro de un centro penitenciario, retornar a entornos familiares marcados por el crimen o ser institucionalizados: “ninguna opción es buena”, sentía María. Cuenta el caso de una pequeña mexicana que fue recluida con su madre cuando tenía un año. La madre nunca colaboró para que la niña fuera regresada a México con algún familiar. Buscaba ser extraditada con ella y dado que su caso estaba próximo a resolverse, la niña fue una de las pocas excepciones en recibir autorización para quedarse en el centro penitenciario hasta los 4 años.

“Asumimos que la mamá es quien mejor puede cuidarle, pero yo me pregunto si es así” se cuestiona María sumándose al continuo debate de si el vínculo afectivo con la madre es en realidad un elemento que garantiza el bienestar emocional de los infantes. Según Navarrete et al. (2019) el vínculo no debe ser visto como una característica del sujeto sino de la relación, es decir, el análisis no debería centrarse en los efectos que este tiene sobre la persona -en este caso el/la niño/a- sino en las posibilidades que esa primera relación sienta como base para otras futuras. Además, asegura que el vínculo podría mantenerse e incluso seguir siendo estrecho entre la madre y el niño en tanto mantengan contacto. Por su parte, Jiménez (2023), afirma que el vínculo entre la madre y el hijo ocasionará inevitablemente un sinnúmero de conflictos y problemas en ambos al momento de la separación. Sumándose a otros autores como Antonacachi et al. (2020) quienes ven en ésta un hecho que tendrá un impacto a corto y largo plazo.

El establecimiento y ruptura del vínculo afectivo tiende a ser discutido desde la experiencia de los niños y niñas, sin embargo, Sánchez (2024) nos propone pensar también en lo que implica para las madres. En su estudio[2], la autora devela que las mujeres que ejercen la maternidad en la cárcel acompañando a sus pequeños/as en sus primeros pasos y sintiendo una profunda conexión con ellos/as, aseguran sentirse felices muy a pesar de la inapelable separación.

Como profesional del desarrollo infantil, lo primero que María observó en los niños y niñas fueron sus escasas habilidades sociales, relacionadas a problemas de confianza, seguridad y autoestima. En línea con la propuesta de Bowlby (1980), María identificó en ellos/as apegos inseguros: en algunos un apego ansioso provocado por la sobreprotección recibida por parte de una madre temerosa y, en otros, un apego evitativo marcado por la desconfianza hacia la propia madre que no garantizaba seguridad en un entorno hostil[3]. Es decir, el miedo y la inseguridad eran transmitidos de forma cotidiana a todos y todas, fuera por protección o por descuido.

Las dificultades para desarrollar un apego seguro dentro de la cárcel eran bastante claras, el entorno en sí estaba marcado siempre por una sensación de amenaza lo cual, sumado a la relación con la madre, construiría la base para las relaciones con otros/as y las percepciones futuras de los niños y niñas sobre las intenciones de los demás. El apego, componente tanto afectivo como cognitivo, es la noción que esos niños y niñas mantendrán a medida que crecen sobre lo que pueden esperar de los demás y de sí mismos (Delgado & Delgado, 2014).

A pesar de las dificultades, fue admirable ver en María un enfoque que apostaba por la capacidad de resiliencia de los niños y niñas. No obstante la serie de conductas complejas y problemas del desarrollo que pudo comentar a lo largo de su testimonio, nunca adquirió una postura determinista frente a las posibilidades que esta infancia ahora encarcelada podría tener para su futuro. La cárcel, como todo espacio social, aporta irremediablemente patrones para el comportamiento social (Pérez, 2022). Además, puede dejar cierto estigma que, una vez retornados al mundo exterior, los niños y niñas sufren en forma de discriminación y desprecio. A diferencia de otras situaciones de pérdida, Kalinsky y Cañate (2013) hablan de un tipo de aislamiento social ocurrido por la percepción común de “estar de alguna manera contaminado por las acciones del delincuente” (p.14).

Además de su área emocional y psicosocial, María identificó problemas de motricidad que atribuía a esas 12 horas de encierro en las que los niños y niñas no tenían oportunidad de movimiento y exploración. Asimismo, problemas de lenguaje que se complicaban por la falta de atención y las humillaciones a las que estaban expuestos/as.

Si caracterizamos a la cárcel como un tipo particular de microsistema, Morago y González (1998) pueden ayudarnos a comprender estos problemas del desarrollo cuando hablan de los obstáculos que aparecen en microsistemas en los que: hay demasiada restricción; se provee poca respuesta afectiva por parte de los cuidadores (refiriéndose aquí también a la atención y estimulación); existe un clima emocional negativo o entorno amenazante; no hay riqueza en las relaciones ni conexiones diversas. Ella y su equipo sentían que los avances a nivel del desarrollo eran pocos pues la mayor parte del tiempo la dedicaban a evitar que los niños y niñas se agredieran entre sí.

Cabe resaltar, finalmente, que las dificultades del desarrollo mencionadas por María son coincidentes con aquellas identificadas en niños y niñas expuestos a cuadros de abuso y violencias en entornos familiares. Tal como resaltan Millan y Palma (2018): primera infancia en la cárcel, en instituciones de acogida, en hogares marcados por la violencia, presentan problemáticas similares que surgen no por las condiciones del entorno solamente, sino por la exposición sistemática al mismo. Son todos lugares de donde no pueden salir.

4. CONCLUSIONES

Un único centro penitenciario de la ciudad de Quito alberga a mujeres gestantes, niños y niñas y casos especiales que requieren de mayor seguridad. Se evidencia que la falta de preparación especializada es una de las razones por las que el personal de cuidados rota de forma continua dificultando un trabajo adecuado de acompañamiento a la infancia, resaltando la importancia del vínculo que podría beneficiar a los niños y niñas al establecerlo con sus cuidadoras externas.

El vínculo materno y su priorización es debate continuo que debe centrarse en los niños y niñas por su interés superior, pero sin dejar de tomar en cuenta las necesidades y deseos de las madres que en los últimos estudios han sido analizados de una forma nueva gracias al enfoque de género.

Los problemas del desarrollo que aparecen en los niños y niñas, desde el ámbito socioafectivo hasta las dificultades motrices o de lenguaje, se relacionan con sus condiciones de vida y la relación con sus convivientes. En gran medida, son similares a los que se puede identificar en casos de violencia, abuso y negligencia en el cuidado.

Experiencias como las de María aportan un testimonio claro sobre la realidad de entornos en los que la primera infancia también está creciendo en nuestro país, pero a los que tenemos poco acceso. Es necesario seguir develando y cuestionando estas situaciones particulares, siempre en pro del bienestar de los niños y niñas.

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[1] Los artículos siguientes establecen las obligaciones de otros actores que actúan dentro del centro: el MSP atiende los partos y realiza seguimiento al estado de salud de mujeres y niños/as; el Registro Civil garantiza que los niños/as nacidos dentro del centro sean registrados y cuenten con su cédula de identidad.

[2] El estudio de Sánchez (2024) titulado “Separación materno-filial” es, sin duda, uno de los más completos e interesantes en abordar la maternidad dentro de la cárcel, abriendo nuevas miradas para debatir también desde las experiencias y necesidades de las mujeres.

[3] Si bien María no mencionó los tipos de apego en la entrevista, mencionó haber observado inseguridad, desconfianza y agresividad en los niños y niñas, tanto en quienes mostraban una gran ansiedad al separarse de la madre en la mañana como en aquellos que se separaban con facilidad y no mostraban una respuesta afectiva al recibirla nuevamente. A partir de ello, se introduce el apego como elemento para el análisis a nivel psicoafectivo.