fundamentales inherentes a la dignidad humana. Al
considerarse la cultura como un bien de naturaleza pública,
el Estado, aun cuando lo desee, no puede desligarse de su
responsabilidad de protegerla.
En el siglo XX, cuando se intensificaron las preocupaciones
por la protección de los bienes culturales, la valoración del
patrimonio cultural se entendía como un conjunto de
modelos o pautas mediante los cuales una sociedad regula la
conducta de sus integrantes (Mesinas, 2016). Una disciplina
que contribuyó significativamente a superar la percepción
limitada de los bienes culturales fue la Arqueología, gracias
a las investigaciones realizadas sobre los antiguos
asentamientos humanos.
Siguiendo esta línea sobre lo antiguo, es pertinente
mencionar específicamente los bienes inmuebles
patrimoniales, que a lo largo de la historia han sido de los
más afectados durante los conflictos bélicos entre Estados.
Como ejemplo se puede citar la Catedral de Reims, ubicada
en la ciudad de Reims, Francia, considerada una ciudad
histórica. Esta catedral es significativa porque allí se
coronaban los reyes, incluido uno de los líderes más
influyentes de Europa, Carlomagno. La catedral fue
bombardeada y gravemente dañada durante la Primera
Guerra Mundial, y volvió a ser víctima de ataques durante la
Segunda Guerra Mundial. Este caso se replica en gran parte
de Europa, donde numerosos monumentos históricos y
edificaciones emblemáticas de varias ciudades, como
iglesias, monasterios y templos construidos siglos atrás,
resultaron igualmente afectados.
La continua sucesión de hechos contrarios a la paz en el
contexto internacional llevó a la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) a implementar acciones dirigidas a la protección
del patrimonio cultural. Regiones identificadas como
conflictivas, como Oriente Medio, han motivado que los
actores involucrados en conflictos armados procuren
respetar aquellos bienes ya reconocidos como de interés para
toda la humanidad. Para asumir esta responsabilidad,
intervienen diversos profesionales capacitados
especialmente para tales circunstancias, como arqueólogos,
antropólogos, paleontólogos y arquitectos especializados en
patrimonio vernáculo, entre otros.
La voluntad de salvaguardar los bienes que conforman el
patrimonio cultural de las naciones frente a la destrucción
que podrían sufrir en contextos de conflicto armado generó
la necesidad de establecer mecanismos de protección
jurídica. Esta protección alcanza su punto más alto en los
tratados internacionales creados para tal fin, con el objetivo
de que, en el ámbito interno de los Estados parte, exista un
acercamiento efectivo en la creación de normativa que
garantice la preservación de todos los bienes patrimoniales.
La protección de estos bienes, tanto a nivel nacional como
internacional, se sustenta en lineamientos jurídicos que
deben perfeccionarse continuamente para garantizar su
aplicación real y efectiva.
La Convención de La Haya de 1954 es considerada el primer
instrumento internacional creado de manera expresa para
defender los bienes culturales; en la actualidad se considera
el documento referente de los instrumentos de Derecho
Internacional Humanitario en materia de protección del
patrimonio cultural. Esta convención se considera como un
instrumento jurídico fundamental de carácter preventivo y
surgió como resultado natural de la creación de la UNESCO
(Barraca, 2021).
Se ha estimado como algo imperativo la protección y
conservación del patrimonio cultural de la humanidad, es
decir, todos los bienes que forman parte y que se encuentran
alrededor del mundo. Para muchos, esto pasa por una
exigencia fundamental de preservar la memoria histórica de
los grupos humanos asentados y desarrollados en un entorno
geográfico específico. Para autores como Rodríguez (2010),
citado por Moliner (2023), el patrimonio cultural y el
patrimonio histórico podrían considerarse conceptos de
diferente naturaleza, pero se asume que su utilización
cotidiana los convierte en sinónimos.
Cuando se hace referencia al patrimonio, desde su propia
enunciación ya conlleva articulaciones con el poder, por
cuanto tiene un aspecto intrínseco con la dimensión de
construcción social (Carbonell, 2020). El patrimonio abre un
abanico de posibilidades para que los pueblos puedan
mostrar sus raíces, lo realizado por sus ancestros hace
muchos años, de dónde se viene y hacia dónde se podría
avanzar. La afectividad es otra cuestión por considerar; los
recuerdos persisten a pesar del paso del tiempo, lo que resulta
vital para construir un entorno que pueda ser visitado.
La conservación y restauración del patrimonio cultural en la
actualidad ha cobrado una importancia económica, por
cuanto sirven de destino para millones de personas quienes
los visitan, tomando en consideración su valor histórico.
Apreciada como actividad turística, sirve de sustento para los
países donde se encuentran asentados; el enriquecimiento
que generan los bienes permite mejorar el lugar donde están
exhibidos y resulta mucho más rentable desde el punto de
vista sociohistórico cuando existe difusión a través de los
medios de comunicación tradicionales, sumado a las redes
sociales.
Desde la mitad del siglo XX aumentó el interés por estudiar
los bienes patrimoniales, evolución positiva porque se fue
creando todo un escenario adecuado para impulsar el turismo
patrimonial. El patrimonio, en conjunto con los bienes que
coadyuvan a formar la memoria cultural e histórica, forma
parte de un bien común de uso social. No se tiene propiedad
sobre aquellos; empero, sí se mantiene el derecho de