Revista Científica de Educación Superior y Gobernanza Interuniversitaria Aula 24.  
Vol. 4, Núm. 7 (ene - jun 2023). ISSN: 2953-660X  
Violación del derecho a la defensa en multas internas.  
VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA EN MULTAS INTERNAS  
VIOLATION OF THE RIGHT TO DEFENSE IN INTERNAL FINES  
Reyes-Bajaña Kelly Yomayra  
Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador. Manta, Ecuador.  
Villacreses-Álvarez Gerardo  
Director de Talento Humano - Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Manta, Ecuador.  
RESUMEN  
El objetivo general del presente trabajo de investigación es analizar el incumplimiento del derecho  
al debido proceso a causa de la violación del derecho a la defensa en la aplicación de las  
sanciones con multas internas de trabajo, las consecuencias que se derivan de dichas sanciones  
en los trabajadores, para desarrollar la forma de intervención del trabajador social en los espacios  
de trabajo del sector privado. Para está investigación se utilizó el enfoque cualitativo y el método  
estudio de caso. La técnica que se utilizó fue la de análisis documental, en concreto memorandos  
expedidos por un empleador dirigidos a dos trabajadores bajo relación dependencia, y la revisión  
de textos legales, con la cual se pudo corroborar la existencia de la violación de las garantías  
básicas del debido proceso en la aplicación de las sanciones con multas internas de trabajo,  
específicamente la violación del derecho a la defensa, vislumbrándose que no existe una  
normativa que ampare a los trabajadores en ese sentido, no existe un pronunciamiento de  
autoridades laborales en cuanto a este tema, lo cual crea un problema social respecto de este  
grupo para con el empleador, puesto que se ve afectada la economía y psiquis del trabajador,  
siendo el llamado a interceder en este problema el Trabajador Social en base a sus propias  
funciones como profesional, por lo que se buscará la intervención del trabajador social a efectos  
de corregir estas falencias..  
Palabras claves: Derecho al debido proceso, Derecho a la defensa, sanciones, multas,  
Trabajador Social.  
ABSTRACT  
The general objective of this research work is to analyze the breach of the right to due process  
due to the violation of the right to defense in the application of sanctions with internal work fines,  
the consequences that derive from said sanctions on workers, to develop the form of intervention  
of the social worker in the work spaces of the private sector. The qualitative approach and the  
case study method were used for this research. The technique used was that of documentary  
analysis, specifically memoranda issued by an employer addressed to two workers under a  
dependency relationship, and the revision of legal texts, with which it was possible to corroborate  
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Fecha de recepción: 04 de octubre de 2022; Fecha de aceptación: 19 de diciembre de 2022; Fecha de  
publicación: 09 de enero de 2023.  
Reyes-Bajaña & Villacreses-Álvarez. (2023)  
the existence of the violation of the basic guarantees of due process in the application of sanctions  
with internal work fines, specifically the violation of the right to defense, showing that there is no  
regulation that protects workers in this regard, there is no pronouncement by labor authorities on  
this issue, which creates a social problem with respect to this group for the employer, since the  
economy and psyche of the worker is affected, the call to intercede in this problem is the Social  
Worker based on their own functions as a professional, so the intervention of the social worker  
will be sought in order to correct these shortcomings.  
Keywords: Right to due process, Right to defense, sanctions, fines, Social Worker.  
1. INTRODUCCIÓN  
Las relaciones laborales en el Ecuador, se hallan subdivididas en dos campos,  
el primero ataña al sector público que se encuentra regido por la Ley Orgánica  
de Servicio Público, y el segundo, corresponde al sector privado, regido por el  
Código del Trabajo, sector que es mucho más numeroso y en el que se centrará  
el presente trabajo.  
El Código del Trabajo como toda otra norma legal, contiene definiciones,  
derechos sustantivos, obligaciones, prohibiciones y sanciones, este último punto,  
subdivide la aplicación de sanciones por violaciones a los preceptos del código,  
a dos tipos de autoridades bien diferenciadas, pues lo que respecto a violaciones  
de derechos sustantivos corresponde a los Jueces de manera privativa, y la  
violación a normas de cumplimiento de obligaciones en el ámbito administrativo  
se ha delegado a los llamados Inspectores de Trabajo provinciales, siendo que  
tanto Jueces como Inspectores de Trabajo tienen potestad de aplicar multas y  
sanciones, obligaciones de pago, etcétera a ambas partes de la relación de  
trabajo, es decir, empleador o trabajador; mas el Código del Trabajo no solo ha  
contemplado el incumplimiento de derechos sustantivos o procedimientos  
administrativos, pues también ha intentado regular la convivencia del trabajador  
para con el empleador en los espacios de trabajo, mas no ha definido una  
especie de código de conducta, dejándole dicha prerrogativa al empleador a  
través de la elaboración del “Reglamento Interno de Trabajo”, que debe ser  
aprobado por el Ministerio del Trabajo, y que se circunscribe a catalogar las  
posibles malas conductas del trabajador en niveles, tales como infracciones  
leves, graves o muy graves.  
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Violación del derecho a la defensa en multas internas.  
Estas infracciones leves, graves o muy graves del trabajador, conforme él Código  
del Trabajo conllevan una sanción monetaria que no puede superar el 10% de la  
remuneración, sin embargo, de regular el máximo de multa a ser impuesta al  
trabajador, no ha regulado o establecido un procedimiento mediante el cual se  
aplica esta multa.  
El problema reside en que, como se advirtió no existe un procedimiento para la  
aplicación de la multa quedando al libre arbitrio del empleador determinar que se  
ha cometido una falta por parte del trabajador, y la multa se aplica  
automáticamente elaborando un documento físico o electrónico a manera de  
notificación en el que se hace la imputación de la falta, su gravedad, su  
identificación dentro del Reglamento Interno de Trabajo, y el porcentaje de  
remuneración a ser descontado, no permite un espacio de defensa del trabajador  
para que pudiera rebatir de algún modo la imputación que se la hace, y violaría  
directamente las garantías básicas del debido proceso, lo cual infringe el ejercicio  
real de las Garantías Judiciales consagradas en el numeral 1, del artículo 8 de  
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 76 de la  
Constitución de la República del Ecuador.  
Siendo que la aplicación de la multa sin derecho a la defensa, implicaría una  
segunda problemática como lo es la afectación a la economía y a la psiquis de  
los trabajadores bajo relación de dependencia, escenario que está comprendido  
dentro del campo de acción del trabajador social.  
De esta manera se propone un nuevo escenario para el trabajador social dentro  
de una empresa, “intervenir como garante del derecho a la defensa”, a través de  
una investigación de los hechos acusados, confrontando las posibles pruebas  
que pueda tener el empleador, con los argumentos o pruebas de descargo que  
pudiera rendir el trabajador, lo cual se relaciona con su función principal dentro  
de una empresa, misma que es mediar entre la empresa y el trabajador.  
Con este preámbulo la finalidad de esta investigación es analizar el  
incumplimiento del derecho al debido proceso a causa de la violación del derecho  
a la defensa en la aplicación de las sanciones con multas internas de trabajo, las  
consecuencias que se derivan de dichas sanciones en los trabajadores, para  
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desarrollar la forma de intervención del trabajador social en los espacios de  
trabajo del sector privado.  
Ante esta problemática señalada, cabe realizarse la siguiente pregunta científica,  
¿
cómo la violación de las garantías básicas del debido proceso en la aplicación  
de las sanciones con multas internas de trabajo puede ser contrarrestada con la  
intervención del trabajador social en los espacios de trabajo del sector privado?  
Respecto a esta interrogante se puede manifestar que, al no existir un  
procedimiento para las sanciones con multas internas de trabajo en el que se  
asegure al trabajador el derecho a defenderse, los trabajadores sociales se  
convierten en meros espectadores de las situaciones que suceden en las  
relaciones de trabajo, desnaturalizando su principal función que sería la de  
mediar por los trabajadores frente al empleador, siendo que debería asignársele  
la función de poder ser un tercero imparcial que pueda interceder ante el  
empleador con las posibles justificaciones o pruebas de descargo del trabajador,  
y de ser el caso evitar la sanción si luego del análisis respectivo, se comprueba  
que la conducta del trabajador no ha sido perjudicial al empleador, si dicha  
conducta tenía una excusa razonable, o si la falta imputada no fue cometida por  
dicho trabajador.  
REVISIÓN LITERARIA  
Dado a que el trabajo investigativo en examen, está enmarcado en la aplicación  
de multas o sanciones pecuniarias al trabajador sin permitirle el derecho a  
contradecir, así como la intervención del trabajador social como intercesor en  
esta problemática, es necesario acudir a los referentes doctrinarios, teóricos o  
legales que permitan delimitar de manera precisa cada uno de los sujetos  
abordados.  
En tal sentido, Suay (1989) manifiesta que se estimará como sanción: “…toda  
aquella retribución negativa dispuesta por el Ordenamiento jurídico como  
consecuencia de la realización de una conducta.” (p.55).  
Es decir, así como una acción loable merece un incentivo o felicitación, la  
contravención a una regla o condición ya definida merece un correctivo, el cual  
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puede acarrear desde una amonestación verbal, hasta una multa monetaria  
inclusive.  
En relación, Ossorio (2006), explica que multa corresponde a una: “Pena  
pecuniaria que se impone por una falta, exceso o delito, o por contravenir a lo  
que con esta condición se ha pactado.” (p.606).  
En cuanto a la afirmación de Ossorio, una multa en el ámbito laboral, se traduce  
en un castigo monetario, un pago forzoso a la contraparte por haber inobservado  
el reglamento interno de trabajo, o las estipulaciones del contrato de trabajo.  
En cuanto a las Garantías Constitucionales, Maier (1995), considera que: “Las  
garantías constitucionales, deberían ser entendidas como las herramientas  
puestas al alcance de los ciudadanos para exigir y resguardar sus derechos ante  
otros y hacerlos prevalecer acudiendo ante las autoridades”.  
Y respecto a estas garantías constitucionales, merece especial importancia para  
el problema que se estudia en esta investigación, las garantías del debido  
proceso, especialmente las previstas en los literales a, b y c del numeral 7 del  
Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial 449 de  
20-oct-2008), que prescribe: “En todo proceso en el que se determinen derechos  
y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso  
que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas  
a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del  
derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con  
el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser  
escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. (…)”.  
En lo que respecta, el debido proceso es un tema que ataña más al ámbito legal  
concretamente, es así que, para definirlo se debe necesariamente recurrir a los  
doctrinarios de las ciencias jurídicas, siendo que para Arazi (2005), comprende:  
“El derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación  
de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro  
de cualquier tipo de proceso” (p.111).  
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Entonces de acuerdo a lo esclarecido por el experto antes citado, en el derecho  
al debido proceso se encuentran recogidos una serie de derechos y garantías  
constitucionales que forman parte de los derechos fundamentales de las  
personas y que deben ser respetados en cualquier proceso, como lo es el  
derecho a la defensa.  
Teniendo en cuenta que la Constitución de la República del Ecuador, ha elevado  
a nivel de garantía constitucional el derecho a la defensa, y si bien este es un  
término muy dominado por los jurisconsultos, para el presente trabajo resulta  
necesario definirlo de acuerdo a las explicaciones dadas por los tratadistas en  
ese campo, teniendo así que Rodríguez (1999), expone: “En el ámbito  
constitucional y en los instrumentos internacionales de protección de los  
derechos humanos, exige que nadie sea privado de los medios necesarios para  
proclamar y hacer respetar sus derechos dentro de un proceso legal” (p.519).  
En el mismo sentido, Cabanellas (2003), elucida que el derecho a la defensa, Es  
la facultad otorgada a cuantos, por cualquier concepto, intervienen en las  
actuaciones judiciales, para ejercitar, dentro de los mismos, las acciones y  
excepciones que, respectivamente pueden corresponderles como actores o  
demandados; ya sea en el orden civil como en el criminal, administrativo o laboral  
(p.125).  
De lo expresado en líneas anteriores se puede deducir que, el derecho a la  
defensa es un derecho fundamental de toda persona, que se encuentra  
comprendido en todos los instrumentos jurídicos a nivel nacional e internacional,  
por ende, este derecho es la base de todo proceso o procedimiento de cualquier  
ámbito, es decir que, el derecho a la defensa es necesario en cualquier proceso,  
siendo que, al trabajador del sector privado, se le debe brindar el derecho a ser  
escuchado, antes de que se le aplique algún tipo de sanción y multa interna de  
trabajo.  
De esta manera en el Estado Ecuatoriano, en el artículo 41 de la Ley Orgánica  
de Servicio Público (Registro Oficial Suplemento 294 de 06-oct-2010), expresa  
que: “La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del  
derecho a la defensa y el debido proceso.”  
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Situación contraria con el Código de Trabajo, en el que no permite refutar  
respecto a la aplicación de una sanción de trabajo, convirtiéndose en un  
problema el cual genera graves consecuencias en los trabajadores, dichas  
consecuencias a las que se hace mención son la afectación económica y  
psíquica.  
Escenario conocido por los Trabajadores Sociales, que, si bien el Código del  
Trabajo hace alusión al trabajador social, dicha norma no ha definido ni su  
concepto ni sus funciones específicas, es así que se ha debido recurrir a las  
definiciones dadas por los expertos en la materia, y al respecto, la Federación  
Internacional de Trabajo Social en su Reunión General celebrada en Montreal,  
en el mes de julio del año 2000, definió que:  
La profesión del trabajo social promueve el cambio social, la solución de  
problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las  
personas para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre  
el comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene  
en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios  
de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo  
social.  
Entonces de lo elucidado, podemos comprender que los trabajadores sociales  
son especialistas en ahondar en el conflicto social sea este familiar, geográfico,  
intercultural, intergeneracional y en general cualquier tipo de problema que esté  
afectando a la sociedad en sus distintos niveles y estratos inclusive se convierte  
en un protector de los derechos humanos, siendo el derecho a la defensa uno de  
estos.  
2. MATERIALES Y MÉTODOS  
La presente investigación es de carácter cualitativa, pues se basa en personas  
reales y que ofrecen datos o información de sus experiencias de vida y opiniones  
personales, y de la cual se descubre la existencia de un problema que por sus  
características podría sucederle a otras personas.  
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El método a usarse en la presente investigación es el estudio de caso, por ser  
una investigación empírica.  
Por lo dilucidado, este tipo de investigaciones admite obtener datos no  
cuantificables de calidad por medio de la experiencia de los participantes, que,  
en este caso, se trata de dos trabajadores bajo relación de dependencia en una  
empresa del sector privado, a quienes se les han aplicado sanciones vía  
memorandos escritos sin permitirles contradecir las acusaciones vertidas contra  
ellos de manera interna.  
El área en la que se ha llevado a cabo la investigación es el universo de una  
empresa del sector privado en la que laboran ambos trabajadores bajo relación  
de dependencia.  
La técnica para recolección de información, ha sido la de análisis documental,  
dado a que se basa en los memorandos escritos aportados por los trabajadores  
inmersos en el problema, y la revisión de textos legales, con la que se corroboró  
la existencia de la violación de las garantías básicas del debido proceso en la  
aplicación de sanciones con multas internas trabajo.  
En la presente investigación se han obtenido los resultados por medio del análisis  
de documentos originales, concernientes a los memorándum expedidos a los  
trabajadores por parte de su empleador y códigos legales vigentes constantes  
en el Registro Oficial del Ecuador.  
3. RESULTADOS  
De conformidad a las técnicas e instrumentos de investigación utilizados en el  
presente trabajo, los resultados son los siguientes.  
1.  
Incumplimiento del debido proceso a causa de la violación del  
derecho a la defensa en los procesos de sanciones con multas internas de  
trabajo.  
El punto fundamental de la presente investigación, es la violación del debido  
proceso, siendo que estas son garantías que comprenden un sin número de  
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postulados recogidos en los tratados internacionales respecto de las condiciones  
mínimas que debe tener una persona para que cualquier proceso en el que se  
ventilan sus derechos o sus obligaciones pueda considerarse justo, y para el  
caso en examen, específicamente debe centrarse en la garantía que versa sobre  
el Derecho a la defensa, y en ese sentido para poder entender el alcance de lo  
global y lo especifico, fue menester acudir al más alto tribunal de justicia del  
Ecuador, esto es la Corte Constitucional del Ecuador, y de entre su producción,  
se ha podido rescatar sus acepciones respecto de estos temas, siendo que  
mediante sentencia No. 002-14-SEP-CC, de fecha Quito, 09 de enero del 2014,  
caso 0121-11-EP, ha definido al Debido Proceso, así:  
El debido proceso, consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la  
República, constituye un derecho de protección elemental, siendo el conjunto de  
derechos y garantías, así como las condiciones de carácter sustantivo y  
procesal, que deben cumplirse en procura de que quienes son sometidos a  
procesos en los cuales se determinen derechos y obligaciones, gocen de las  
garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los órganos judiciales  
y administrativos un proceso exento de arbitrariedades.  
En la misma sentencia ibídem, la Corte Constitucional ha centrado también su  
atención en discernir de entre las garantías del debido proceso, lo que es el  
Derecho a la Defensa, explicando que:  
El derecho a la defensa constituye la garantía de las partes procesales para  
acceder al sistema judicial, administrativo o de cualquier índole en el que se  
determinen derechos y obligaciones, con el propósito de ser escuchado, hacer  
valer sus razones, preparar y presentar su prueba, intervenir en igualdad de  
condiciones con la contra parte, así como recurrir del fallo, si lo considera  
necesario.  
Es decir, al referirse la Corte Constitucional que este derecho a la defensa es  
aplicable a procesos judiciales, administrativos o “de cualquier índole”, es  
evidente que también debe ser respetado por el empleador en proceso  
sancionatorio hacia el trabajador, aunque fuere de índole interno de la empresa.  
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. El abogado o asesor jurídico de la empresa, no puede ser apoyo del  
trabajador a efectos de defenderse en un proceso de sanciones con multas  
internas de trabajo.  
El abogado es un profesional conocedor del derecho, a quien se puede acudir a  
efectos de ser asesorado cuando se estima que se nos está violando un derecho  
o se necesita ejercer una defensa respecto de lo que se nos acuse, en este caso,  
respecto de las sanciones o multas que puede imponer un empleador a su  
trabajador, el abogado de la empresa, no puede dar siquiera un mero consejo al  
trabajador respecto de como rebatir las acusaciones vertidas contra él, en tanto  
que, de dar dicho consejo, dicho profesional podría inclusive, estar incurriendo  
en un delito, puesto que el Código Orgánico Integral Penal (Registro Oficial  
Suplemento 180 del 10-Feb-2014), en su artículo 269, prevé:  
Prevaricato de las o los abogados.- La o el abogado, defensor o procurador que  
en juicio revele los secretos de su persona defendida a la parte contraria o que  
después de haber defendido a una parte y enterándose de sus medios de  
defensa, la abandone y defienda a la otra, será sancionado con pena privativa  
de libertad de uno a tres años.  
Así mismo, a dicho profesional del Derecho el empleador le cancela una  
remuneración o pago de consulta, para aconsejarlo jurídicamente a él, situación  
que evidentemente desmotiva de cualquier forma que el abogado de la empresa  
pudiese interceder ante el empleador en favor del adversario que esta ocasión  
sería un trabajador, lo cual además resultaría anti ético, siendo evidente que  
aunque es un profesional de la rama social, no es el llamado en esta  
circunstancia a ayudar al trabajador frente al empleador.  
3.  
Consecuencias que se derivan de las sanciones laborales en los  
trabajadores.  
Es menester delimitar que, en el ámbito laboral respecto de la paga que recibe  
un trabajador privado, existen dos conceptos diferenciados, que son el sueldo y  
la remuneración, el primero es la base mínima de la paga mensual pactada,  
mientras que la remuneración comprende la base mínima de la paga mensual  
pactada más cualquier otro ingreso económico que pudiera tener el trabajador,  
como pago por horas extraordinarias, pagos por comisiones, etcétera, en un  
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Violación del derecho a la defensa en multas internas.  
ejemplo sencillo, podría ser que la paga mínima del trabajador fuera  
cuatrocientos dólares que sumado a otros ingresos resulte un total de  
setecientos dólares. Esta explicación de manera técnica, viene expuesta en el  
artículo 95 del Código del Trabajo (Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic.-  
2005) que prescribe:  
(…) se entiende como remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero,  
en servicios o en especies, inclusive lo que percibiere por trabajos  
extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en  
beneficios, el aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
cuando lo asume el empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter  
normal en la industria o servicio. (…)  
Explicación que es necesaria en tanto que la multa prevista al trabajador por  
parte del empleador comprende hasta un 10% de su remuneración más no de  
su sueldo según lo estipula el mismo Código del Trabajo (Registro Oficial  
Suplemento 167 de 16-dic.-2005), que en su artículo 44 literal b, establece:  
“Prohibiciones al empleador.- Prohíbese al empleador: a) Imponer multas que no  
se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, legalmente aprobado;  
b) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de  
multas; (…)”.  
Siendo que los trabajadores consultantes han sabido explicar que si ellos han  
laborado en días de descanso para obtener remuneración por horas  
extraordinarias, es debido a que el sueldo base que perciben no les alcanza para  
cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias, y cualquier reducción del  
mismo les coloca en una situación económica difícil, al ver reducido el 10% de la  
totalidad de sus ingresos, lo cual les priva de pago de deudas, adquisición de  
menos alimentos, etcétera, esto teniendo en cuenta que según el INEC (Instituto  
Nacional de Estadísticas y Censos), citado por diario El Universo (2021), el costo  
de la canasta básica familiar a mayo de 2021, fue de 711.68 Dólares de los  
Estados Unidos de América, frente a un salario de 400 Dólares de los Estados  
Unidos de América vigente al año 2021.  
De igual forma, me supieron exponer que debido a no poder refutar la sanción  
con multa impuesta por el empleador, esto genera un mal antecedente en su  
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registro laboral de la empresa lo cual inclusive puede dar pie a la terminación de  
la relación laboral, siendo que para un trabajador, lo más importante es la  
conservación de su puesto de trabajo, situación que los mantiene atemorizados,  
es decir, afecta su psiquis, y por ende afecta su rendimiento en el trabajo y las  
relaciones interpersonales con el empleador.  
4.  
Trabajador social como garante del derecho a la defensa.  
Conforme lo delimitado por la Federación Internacional de Trabajo Social, la  
profesión del trabajo social es la llamada al cambio social, y a la solución de  
problemas en las relaciones humanas; relaciones humanas que innegablemente  
se suscitan dentro de una relación de trabajo empleador-trabajador, y que debido  
a las situaciones de sanciones siempre ocasionarán un malestar de ambas  
partes.  
Es tal la importancia del Trabajador Social, que un cuerpo normativo como lo es  
el Código del Trabajo (Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic.-2005) ha  
contemplado a este profesional dentro de las relaciones laborales, es así que en  
su artículo 42, numeral 24, se ha previsto que: “(…) las atribuciones y deberes  
de tales trabajadores sociales serán los inherentes a su función. (…)”, no  
obstante no ha definido cuáles son sus funciones en concreto, por lo cual para  
disertar esta interrogantes, se ha acudido a los expertos en la materia, siendo  
que para Ballestero, A, Viscarret, J.J. y Úriz, M. J. (2013), el trabajador social  
tienen por lo mínimo, diez funciones, que a su decir son las de: 1. Prevenir; 2.  
Brindar atención directa; 3. Planificar; 4. Realizar docencia; 5. Promover la  
promoción e inserción social; 6. Supervisar; 7. Realizar evaluaciones; 8. Rol  
gerencial; 9. Investigar; y 10. Coordinar.  
Siendo que, para este trabajo en específico, se ha abstraído la función de  
“Brindar atención directa”, que según lo describen al tenor literal Ballestero, A,  
Viscarret, J.J. y Úriz, M. J. (2013), consiste en:  
Actuar con los individuos o los grupos, tanto si están en riesgo como si ya tienen  
un problema en concreto cuya característica es social. La meta de la atención  
directa es potenciar las capacidades individuales para que sean las mismas  
personas quienes afronten y den respuesta a los conflictos sociales cotidianos.  
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Vol. 4, Núm. 7 (ene - jun 2023). ISSN: 2953-660X  
Violación del derecho a la defensa en multas internas.  
Siendo que, el problema suscitado por la aplicación de multas internas de trabajo  
como se elucidó, se convierte en un problema social que afecta al trabajador en  
su economía, psiquis y relación laboral como tal, bien puede el Trabajador Social  
en base a su función de “Brindar atención directa”, crear un espacio de diálogo  
dentro de la empresa, en la que a través de su intervención mediadora, se  
permita al trabajador ser escuchado por el empleador y que por su intermedio  
presente sus excusas o pruebas de descargo de ser el caso, que permitan en la  
medida de la eficacia de dichas pruebas, reducir o eliminar la sanción impuesta  
al trabajador, con lo cual, al tener este último la oportunidad de defenderse  
mediante la presentación de sus pruebas de descargo, se le estaría asegurando  
su elemental derecho a la defensa al permitírsele ser oído en igualdad de  
condiciones.  
4. DISCUSIÓN  
Una vez delimitados los hallazgos en base a la experiencia de los trabajadores  
inmiscuidos en la problemática de las sanciones, revisión documental de textos  
jurídicos, y la lectura de los mismos memorandos mediante los cuales se  
sancionó a estas personas y que fueron proporcionados de manera voluntaria,  
podemos constatar que en efecto, dentro del proceso de la aplicación de las  
sanciones internas de trabajo existe violación de las garantías básicas del debido  
proceso, consagradas en el artículo 76 de la Constitución de la República del  
Ecuador, esencialmente el del derecho a la defensa, lo cual se ha convertido en  
un problema para los trabajadores bajo relación de dependencia al no permitirle  
al sancionado contradecir aquella acusación, e inclusive multa, por lo tanto  
podemos expresar en líneas generales que, la omisión de esta garantía en la  
aplicación de sanciones con multas internas de trabajo es algo que ha pasado  
inadvertido por los llamados a crear normas, o si lo han denotado, se ha  
considerado algo muy superfluo que no merece mayor regulación al ser que la  
sanción máxima no supera más allá del 10% de la remuneración, y sería muy  
engorroso para el trabajador y el empleador someter esta circunstancia ante las  
autoridades laborales, no obstante de esta apreciación, hay que tener en cuenta  
que el derecho a la defensa no está categorizado por rangos monetarios o  
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importancia del asunto, sino que es imperiosamente necesario en todo tipo de  
procesos en los que se decide sobre derechos y obligaciones.  
Por lo general toda empresa posee un abogado o asesor jurídico sea de tiempo  
completo o un prestador de servicios ocasional, quien si bien ostenta una  
profesión en el ámbito social, en este caso está inclinado a favorecer a su  
contratante, es decir el empleador, y evidentemente no puede o no debe  
aconsejar al trabajador respecto de estos temas, dado a que inclusive dicha  
situación es penada por la ley, siendo que además de estas limitaciones éticas  
y legales, no existe en el marco jurídico normativa alguna que prevea un  
procedimiento en el que el trabajador pudiese refutar las acusaciones del  
empleador en el ámbito interno de trabajo y aplicación de multas, lo cual  
imposibilita al trabajador a exigir su derechos a la defensa en estos  
procedimientos aun con la asistencia de un abogado particular o de oficio.  
Se es consciente de que, por ser el sector privado el mayor empleador del país,  
existirían un sinnúmero de este tipo de conflictos y sanciones internas de trabajo  
a diario, y de ser sometido esto al conocimiento de autoridades administrativas  
de trabajo, no se daría abasto, y es por eso que, quien mejor para mediar en  
esta situación en cada empresa privada, que un profesional experto en las  
relaciones humanas incluso las que han entrado o caído en conflicto como lo  
genera una sanción, profesional que ha sido reconocido inclusive en el Código  
del Trabajo, como lo es el trabajador social, que a través de su función de  
intervención directa, puede permitir al trabajador exponer sus pruebas de  
descargo frente al empleador, no obstante al ser este un trabajador más del  
empleador, no podrá realizar este cometido sin una regulación al respecto que  
le permita abordar este tema con su empleador, y poder crear este espacio de  
diálogo.  
5. CONCLUSIONES  
Tras el análisis, se puede deducir las siguientes conclusiones originadas del  
presente trabajo investigativo:  
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Vol. 4, Núm. 7 (ene - jun 2023). ISSN: 2953-660X  
Violación del derecho a la defensa en multas internas.  
Si bien la Constitución de la República del Ecuador ha previsto que en todo tipo  
de procesos en los que se decida sobre obligaciones y derechos, se debe  
asegurar el derecho a la defensa, se ha podido demostrar que esta no se está  
cumpliendo en la práctica a nivel interno de las empresas respecto de los  
procesos sancionatorios.  
Pese a que toda normativa debe estar sujeta a los preceptos de la Constitución  
de la República del Ecuador, se denota que el Código del Trabajo por lo menos  
en este ámbito de las sanciones con multas internas de trabajo, no ha asegurado  
el cumplimiento de las garantías básicas del debido proceso para el trabajador.  
Pese a que esta situación suscitada respecto de las sanciones con multas  
internas de trabajo, es un tema de carácter social, que afecta a la parte más débil  
de la relación laboral, las autoridades de control no han advertido esta situación,  
o de haberse advertido no les ha interesado regularla permitiendo que se sigan  
suscitando injusticias en este ámbito.  
Someter este tipo de controversias ante autoridades administrativas o judiciales  
laborales resultaría en un trámite cuyo resultado no se compadecería de los  
gastos de tramitación, en tanto que las sanciones únicamente representan un  
máximo del 10% de la remuneración de un trabajador.  
Actualmente no existe un procedimiento establecido en alguna normativa, a  
través del cual el trabajador pueda rebatir las acusaciones e imposiciones de  
sanciones y multas decididas por el empleador, lo cual dificulta que inclusive un  
abogado en el libre ejercicio de la profesión pueda ayudarles a defender sus  
derechos, principalmente el de la defensa.  
El abogado o asesor legal del empleador está imposibilitado de interceder a favor  
del trabajador o asesorarle de las medidas que podría adoptar frente a las  
imposiciones de multas internas de trabajo en las que no se permite el derecho  
a la defensa.  
Pese a que el Código del Trabajo ha previsto la intervención del Trabajador  
Social en las relaciones laborales, no le ha asignado tarea en específico,  
consecuentemente, las funciones de este empleado administrativo serán las que  
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le asigne el empleador, entre las cuales no se halla la de interceder a favor de  
los trabajadores rebatiendo las afirmaciones del empleador.  
En Ecuador las remuneraciones son bajas relativamente, dado a que no se  
compadecen del costo de la canasta básica familiar, por ende, toda disminución  
de la remuneración del trabajador que normalmente no alcanza a cubrir dicho  
costo, es perjudicial a su economía, y esta situación crea una frustración  
adicional frente a la imposibilidad de poder siquiera defenderse de las  
aseveraciones del empleador con las cuales impone la sanción y multa.  
Hacerse acreedor de una sanción y multa interna de trabajo deja por sentado el  
incumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo, por ende, la posibilidad de la  
terminación de la relación de trabajo, lo cual crea una especie de daño psíquico  
del trabajador puesto que se da por sentado que ha incumplido el Reglamento  
Interno de Trabajo, sin haberle brindado el derecho a contradecir esas  
afirmaciones.  
Los problemas económicos y psíquicos que causan la aplicación de multas,  
evidentemente desmejoran la calidad de vida de los trabajadores y causa fricción  
en las relaciones laborales, por lo tanto, es en efecto un problema que debe ser  
abordado por el Trabajador Social que es el llamado a solucionar este tipo de  
incidencias.  
La intervención del Trabajador Social en los procesos de sanciones internas de  
trabajo, si bien no puede ser de carácter jurídico por no ser la naturaleza de sus  
funciones, puede crear a través de la intervención directa un espacio de diálogo  
en el cual el empleador o un delegado de este, pueda escuchar los argumentos  
del trabajador acusado y evaluar las posibles pruebas de descargo que pudiera  
tener el trabajador, y de ser el caso una vez analizado esto, desestimar la  
sanción y multa, o en base a las circunstancias atenuar la gravedad del asunto  
y por ende, disminuir la sanción pecuniaria impuesta.  
LIMITACIONES  
En el transcurso de la investigación existió la limitación, de que, así como se  
escuchó a dos trabajadores que habían sido sancionados por su empleador sin  
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Violación del derecho a la defensa en multas internas.  
darles el derecho a la defensa, se estimó necesario conocer la visión del  
empleador de ambos trabajadores respecto de este tema y si es que  
consideraban en alguna medida que era necesario o justo escuchar los  
argumentos y pruebas de aquellos trabajadores, no obstante, el empleador negó  
la apertura y así mismo negó rotundamente el acceso a los comentarios del  
abogado de la empresa y de la Trabajadora Social, lo cual no ha permitido  
conocer la perspectiva del empleador respecto de este tema. Igualmente se  
intentó consultar de este tema de las sanciones internas de trabajo con otras  
empresas sin relación con los trabajadores referentes a esta investigación, sin  
embargo, también se obtuvo una respuesta negativa. Falta de sociabilización del  
tema, que aúna a la invisibilidad social de esta problemática.  </